La Unión Vecinal de Tamberías, en la localidad sanjuanina de Jáchal, presentó la semana pasada una denuncia penal, a raíz de un nuevo estudio realizado tras el derrame de cianuro en la mina Veladero, que detectó la presencia de ese metal pesado en el agua potable y en el agua para riego. El análisis fue encargado y costeado por una jubilada que tiene miedo de mudarse a la zona.
Los estudios fueron realizados por el laboratorio privado Raña SRL, con sede en Neuquén, en base a tres muestras tomadas en Tamberías un mes después del derrame: agua de riego, agua de la canilla y agua mineral. Naturalmente, esta última es la única que los científicos concluyeron que es apta para el consumo humano.
La muestra de agua de riego fue considerada "químicamente no potable" ya que superó los límites que el artículo 982 del Código Alimentario establece para el arsénico, los cloruros y la dureza.
Algo similar ocurrió con el agua de la canilla, cuyos valores de cloruros y sulfatos, su dureza y los sólidos disueltos totales superaron el máximo recomendado por el Código Alimenticio para el consumo humano.
No obstante, no es posible determinar la incidencia del derrame en los análisis. El argumento histórico de Barrick Gold es que el agua de la zona siempre fue de mala calidad.
Las muestras fueron realizadas por Mónica Barbagallo, una jubilada que vive en Neuquén, donde conoció a Carlos Ibarbe, un jachalero que compró unas hectáreas en Tamberías con el objetivo de plantar cebollas y le ofreció irse a vivir con él. En el medio, el derrame de por lo menos un millón de litros de solución cianurada al río Potrerillos por parte de la minera canadiense Barrick Gold entorpeció sus planes. Ese 13 de septiembre cambió sus vidas.
Barbagallo no se conformó con los análisis oficiales del gobierno de San Juan, Barrick Gold y la Universidad de San Juan, tres fuentes vinculadas directamente a la megaminería que negaban la contaminación, y mandó a examinar sus propias muestras, con un gran esfuerzo económico mediante.
A raíz de los resultados, la semana pasada la Unión Vecinal de Tamberías, que está a cargo de la distribución del agua potable en esa localidad, presentó a través de sus abogados una denuncia penal ante el juez Pablo Oritja, de Jáchal, el mismo magistrado que tiene a cargo los dos expedientes principales sobre el derrame de cianuro.u/u
Asimismo, según averiguó Infobae, en la Unión Vecinal analizan la presentación de un recurso de amparo para que Obras Sanitarias de San Juna (OSSE) garantice el reparto de agua potable en la localidad del interior de Jáchal, en la que viven unas mil personas.
A la par, Barbagallo mandó a analizar otras tres muestras en un laboratorio privado de la localidad rionegrina de Villa Regina: más agua, una remolacha plantada en Tamberías y sangre de Carlos Iturbe, quien sufrió varias amenazas, al igual que varios ambientalistas que se oponen a la presencia de Barrick Gold.
"Lo que queremos lograr es que pongan una planta purificadora de agua con ósmosis inversa, que es la única que saca los metales pesados, ya que la gente no puede seguir tomando veneno", explicó la mujer a Infobae.
Hay otras tres investigaciones realizadas hasta ahora que también contradicen la información oficial: la de la UTN de Mendoza –sobre la presencia de cianuro en un dique–, la de la Universidad Nacional de Cuyo –que halló varios metales pesados en los ríos de la zona–, y la que presentaron la semana pasada el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS). Este último concluyó, en su reporte preliminar, que los valores de cianuro en el rio Potrerillos no son aptos para la vida acuática, pero que el agua en la zona es apta para el consumo humano.
A su vez, mientras públicamente Barrick Gold negó la contaminación, los informes que tuvo que presentar en la Justicia confirman que sus propias mediciones detectaron valores de cianuro en los ríos Potrerillos y Las Taguas muy por encima de los recomendados por el Código Alimenticio.
El último estudio en camino es el que hizo el ambientalista Fernando Berdugo –también amenazado de muerte–, quien mandó a analizar unas muestras de sedimento a un laboratorio de España. Según supo Infobae, ya en los primeros análisis hallaron compuestos vinculados al cianuro. Pero sus resultados finales todavía no están listos.