El ministro brasileño de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior, Armando Monteiro, atribuyó el retraso en las negociaciones para el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur a la "expectativa" por las elecciones en la Argentina, celebradas el 22 de noviembre.
Ambos bloques acordaron intercambiar sus ofertas antes de final del año, pero todavía no han definido una fecha para ello, una demora que Monteiro, en una entrevista con corresponsales extranjeros en San Pablo, atribuyó a "la expectativa por el resultado electoral argentino", del que salió vencedor Mauricio Macri.
Según el ministro, "el resultado y las manifestaciones del presidente electo (a favor del pacto) garantizan que habrá un claro compromiso" por parte del Mercosur, formado por la Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela, aunque este último país no participa en las negociaciones con la UE.
Monteiro descartó además que un posible juicio político contra la mandataria brasileña, Dilma Rousseff, pueda dilatar las negociaciones, porque "la posición de Brasil sobre la apertura comercial es dominante en todos los círculos".
Sin embargo, admitió que la fecha para el intercambio de propuestas puede aplazarse hasta inicios de 2016.
El intercambio de propuestas puede aplazarse hasta inicios de 2016
Para agilizar el proceso, el titular de Comercio Exterior insistió en la necesidad de que el Congreso brasileño apresure el trámite sobre el posible juicio con miras a la destitución de la presidente, que comenzó este martes pero que fue paralizado por el Tribunal Supremo hasta el próximo miércoles.
"Necesitamos un ambiente político con un horizonte nítido" para superar la crisis económica, opinó Monteiro, quien también urgió al Parlamento a aprobar el polémico ajuste fiscal propuesto por el Ejecutivo de Rousseff este año para tratar de corregir las debilitadas cuentas públicas.
El vendaval político ha desplazado la discusión en torno a este paquete de medidas, que incluyen una subida de los impuestos y una reducción de los gastos, y que han sido considerado por las agencias de calificación de riesgo como una condición sine qua non para evitar nuevas rebajas de la nota de riesgo de país.
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