Los incidentes en la localidad tucumana de Concepción reavivaron el debate sobre la cantidad de empleados que tiene el Estado y el primero en hacerse eco fue el candidato presidencial de Cambiemos, Mauricio Macri, quien asumió el compromiso de revisar esos contratos en caso de salir triunfador en el ballotage del 22 de noviembre.
"Vamos a revisar esos contratos. Si hay un eje que marca la diferencia en Cambiemos es que el Estado tiene que estar al servicio de la gente. No puede ser un aguantadero de la política ni de La Cámpora. Eso destruye la posibilidad de crecer", dijo el candidato.
"Lo que falta en la Argentina es trabajo y generándolo en el sector privado es la manera", explicó Macri desde una fábrica en Avellaneda. "La apuesta es que aquellos que no tengan un trabajo que lo consigan y los que ya lo tienen,que puedan volver a ahorrar", expresó.
Según dijo, durante la campaña electoral, los trabajadores le piden que baje la inflación y que haya más seguridad. "Se va a eliminar el impuesto a las Ganancias para los trabajadores. La Argentina merece volver a crecer, por eso la alegría que encontré recorriendo el norte argentino. Venimos a cuidar a los argentinos", prometió.
El recientemente electo intendente de la localidad de Concepción, Roberto Sánchez, permanece desde anoche "sitiado" en la sede comunal, junto a algunos colaboradores, por una protesta de trabajadores municipales cesanteados que quemaban gomas en las afueras del edificio.
Sánchez, quien asumió el sábado su puesto y pertenece al partido Cambiemos, responsabilizó del episodio a "una barra brava mandada por el ex intendente (Osvaldo) Morelli, dirigida por él" e integrada por personas que "trabajan políticamente para el Frente para la Victoria".
Según explicó, al asumir se encontró con una sorpresa armada por su antecesor en el cargo, el kirchnerista Osvaldo Morelli: "Había un total de 650 empleados, pero antes de irse incorporó por decreto a 430 personas y dejó una planta permanente de 1080 trabajadores", dijo.
Como no tiene forma de sostener semejante aparato estatal en una localidad de 50.000 habitantes, Roberto Sánchez (de origen radical) decidió cesantear al enorme grupo de incorporados que incluye punteros kirchneristas. "Estamos privados de nuestra libertad", dijo esta mañana el jefe municipal, quien ratificó su decisión de cesantear a los nuevos empleados si el gobierno provincial no brinda ayuda económica. "No tenemos ni el espacio físico ni el presupuesto" para mantener a esos trabajadores, sostuvo.