Ambas diputadas recibieron de un agente de inteligencia un largo listado de diputados, senadores, jueces, conjueces, candidatos, periodistas y personas del espectáculo, entre otros, que eran espiados y decidieron judicializar la causa.
En su denuncia, Laura Alonso cuenta cómo se desarrolló: "El día 19 de Octubre de 2015 recibí un llamado telefónico de una persona, quien procedió a identificarse como miembro de los servicios de inteligencia, sin revelarme su identidad por el peligro cierto que dar a conocer esta información implicaba para él y para su familia, pero que dada la gravedad institucional de la información a entregar y su acceso a la misma, ameritaba enviarla a mi público despacho".
También detalla de dónde se extrae la información de las personas espiadas: "La persona que se contactó me refirió que el listado que había recibido en dicho sobre, daba cuenta que se estuvieron y se están realizando una interceptación de líneas telefónicas y almacenamiento de datos provenientes Whatsapp, mails, mensajes de texto, en los teléfonos celulares y computadoras".
Y hace principal hincapié en que los involucrados son críticos del gobierno nacional: "El patrón común de todos los espiados es que mantienen posiciones críticas o independientes al gobierno nacional y se basan en cuestiones de afinidad y pertenencia política o por sus opiniones".