Bolilla negra: el candidato a juez que gana todos los concursos pero al que el gobierno nunca nombra

El jurado que corrige los exámenes –anónimos- de los candidatos a cubrir vacantes en los juzgados es elegido por sorteo y tal vez sea por esa transparencia que Ignacio Rodríguez Varela, 42 años, y 23 de carrera judicial, llega siempre al podio en los resultados.

Pero cuando se revelan los nombres y hay que confeccionar las ternas que el ejecutivo elevará al Senado, empiezan los problemas. Rodríguez Varela es sistemáticamente excluido de las designaciones, como lo ilustra el cuadro que sigue, publicado en el blog del abogado Alberto Bovino.

"A veces, contó él mismo a Infobae, eran concursos múltiples, para cubrir diez cargos. Yo quedo primero, en la primera terna no me eligen, entonces paso a la segunda terna para otro cargo, y así llegué a 14 ternas sucesivas, porque siempre designan la que viene atrás, y termino ternado con gente que sacó mucho menos puntaje que yo. En un concurso para la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal, por ejemplo, obtengo la mejor nota. La diferencia de puntaje entre los primeros y los que resultaron elegidos era de 9 a 5, entre yo y el que estaba séptimo, por ejemplo".

Los concursos para jueces son procesos que pueden demorar un par de años: el examen es la primera etapa y existen varias instancias en las que puede haber impugnaciones. Pero la discriminación contra Rodríguez Varela es sotto voce.

"Jamás fui impugnado, ni siquiera por los Consejeros del gobierno [en el Consejo de la Magistratura], a pesar de que en un concurso hay tres instancias posibles de impugnación. Nunca, nunca me impugnaron".

Era un impugnado de hecho... "Así, es, dice, me sacaron bolilla negra, era una proscripción disfrazada de sistema. En una República se supone que no hay arbitrios. Pero esto es una discriminación en el margen discrecional que tiene el Presidente".

"Es imposible de justificar que Néstor y Cristina Kirchner hayan preferido 34 veces a alguno de los que me seguían en orden de mérito"

Posiblemente, otros también hayan sido discriminados por motivos ideológicos. Pero Rodríguez Varela tomó la decisión de dar la pelea: "Si yo, después de las dos primeras experiencias, me quedaba en el molde, la proscripción hubiera pasado inadvertida, pero seguí presentándome a todo, juzgados y fiscalías, y así quedó en evidencia. Es imposible justificar que Néstor y Cristina Kirchner hayan preferido treinta y cuatro, trein-ta-y-cua-tro, veces a alguno de los que me seguían en orden de mérito".

En paralelo, presentó amparos. El primero de ellos llegó a la Corte Suprema, que en 2010 lo desestimó sin pronunciarse sobre la cuestión de fondo: desde el año pasado el caso está a estudio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

¿Cuál cree él que es el motivo del empecinamiento oficial en su contra?

"Sólo tengo indicios, dice, creo que es algo mixto". Por un lado está la portación de apellido. El padre de Ignacio, Alberto Rodríguez Varela, fue ministro de Justicia entre los años 1979 y 1981, durante el Proceso.

"Lo que me decían –cuenta- era que estaban juramentados en que no tenían que nombrar a nadie que tuviera algo que ver con el Proceso. Yo no tuve que ver con el Proceso, obviamente, y ese filtro no lo aplicaron de entrada porque fue Néstor Kirchner quien me nombró secretario (en la Fiscalía de la que era titular José María Campagnoli)".

Ese nombramiento se vincula con el otro motivo posible de proscripción. Rodríguez Varela había trabajado en el equipo de Norberto Quantin y José María Campagnoli. En el año 2004, Quantin tuvo un paso fugaz por la función pública de la mano de Gustavo Béliz, entonces ministro de Justicia. Ambos, Béliz y Quantin renunciaron luego de quedar enfrentados al sector de la SIDE que lideraba el "espía" Jaime Stiuso. "En ese entonces, Stiuso era hombre de confianza del presidente, y Quantin dijo que la seguridad nunca le interesó a Néstor Kirchner", recordó Rodríguez Varela.

"La mayoría de los jueces nombrados por mi padre durante el Proceso fueron confirmados en democracia"

En cuanto al paso de su padre por la cartera de Justicia, dice: "Él nunca tuvo mayores sobresaltos de gestión: (Raúl) Zaffaroni era juez en ese entonces, habrá jurado por el Estatuto del Proceso. Mi padre organizó los juzgados de sentencia y en uno de ellos fue nombrado Zaffaroni. Pero además, una enorme mayoría de los jueces designados durante la gestión de mi padre fueron confirmados en democracia; entre ellos varios de los integrantes de la Cámara que juzgó a la Junta Militar".

Cuando su recurso llegó a la vocalía de Zaffaroni en la Corte Suprema, Rodríguez Varela intentó hablar con él. "No me recibió, me hizo recibir por uno de sus secretarios y me di cuenta, por las preguntas que éste me hacía, que estaba muy a favor de no nombrarme, consideraba que era una atribución presidencial poner una bolilla negra a alguien".

"Hubiera sido menos hipócrita un edicto de proscripción. Mi planteo era que el Presidente puede elegir pero no puede decidir no elegir nunca a Ignacio Rodríguez Varela. Sin embargo hay quien sostiene que sí puede hacerlo".

En el primer concurso al que se presentó, Rodríguez Varela quedó segundo entre 140 candidatos. Pero un día, un juez ya nombrado le dijo: "No te van a nombrar por una cuestión ideológica".

Entonces pidió audiencia con Rodolfo Mattarollo (fallecido el año pasado) que en ese momento era subsecretario de Derechos Humanos del kirchnerismo. Prometió averiguar qué pasaba. "Al otro día, me llamó por teléfono: 'No te van a nombrar nunca –me dijo-; yo estoy tan sorprendido como vos".

"Righi me transmitió que había tratado de hablar con Carlos Zannini y que había encontrado una cerrazón total"

Luego concursó para fiscal de instrucción. "Y pasó lo mismo, gané de punta a punta, integré dos ternas en el primer lugar y tuvieron que convocar a una tercera para nombrar al 6º en orden de mérito. Entonces lo fui a ver a Esteban Righi [que ocupaba el cargo de Procurador general que hoy tiene Alejandra Gils Carbó]. Me dijo lo mismo que Mattarollo. Que él no tenía nada que ver, pero me transmitió que había tratado de hablar con Carlos Zannini (secretario Legal y Técnico y candidato a vicepresidente en la fórmula oficial) y que había encontrado una cerrazón total".

Marcela Losardo, secretaria de Justicia entre 2005 y 2010, le dijo al candidato proscripto: "No te puedo decir qué pasa, es una cuestión que se cocina allá arriba".

"No lo pueden decir abiertamente, acusa Rodríguez Varela. Pero lo peor es que muchos creen que está bien que los presidentes resuelvan no nombrar nunca a alguien, que saquen bolilla negra, pero no firman eso, no lo ponen por escrito".

"Campagnoli se presentó como amicus curiae en mi caso ante la Corte y Aníbal Fernández le dijo directamente que yo tenía un problema de portación de apellido y que estaba diez metros bajo tierra...", agrega.

Pero no le faltaron apoyos en el mundo judicial, incluso por parte de personas afines a la política oficial. Por ejemplo, dos fiscales del juicio de la ESMA, Pablo Ouviña y Mirna Goransky elevaron en su momento una nota formal al procurador Righi, pidiendo que explicaran cuál era la razón por la cual Ignacio Rodríguez Varela no era nombrado.

El citado Alberto Bovino, un abogado muy activo en el tema derechos, titular de una cátedra en Derecho en la UBA, acompañó siempre las presentaciones de Rodríguez Varela ante la justicia.

"Julio Maier, a quien Zaffaroni propuso para la Corte, confirmó las calificaciones de Rodríguez Varela en el examen"

Pero también lo defendió Julio Maier, un claro exponente de las posiciones más garantistas del oficialismo, el jurista que Zaffaroni propuso para sucederlo en la Corte. Esto se dio en el marco de la más escandalosa de todas las proscripciones de que fue objeto este abogado.

Fue el concurso 140 para designar jueces federales, puestos evidentemente críticos para el poder político. Ignacio Rodríguez Varela obtuvo la segunda calificación en el examen entre 32 aspirantes, superando a candidatos que ya se desempeñaban como jueces, fiscales y secretarios del fuero federal.

Al ver el orden de mérito resultante, el concurso permaneció demorado. Era el año 2006. En el año 2007 fue enviado a revisión por un jurado de notables que confirmó las correcciones, y por ende, el orden de mérito.

"Es un pésimo mensaje y una práctica facciosa"

Frente a esto, los representantes del oficialismo en el Consejo de la Magistratura, Diana Conti y Carlos Kunkel, pidieron la anulación del concurso. "Julio Maier fue el encargado de volver a corregir los exámenes y confirmó mi puntaje, recuerda Rodríguez Varela. Además, opinó que si se anulaba el concurso, con esa manipulación política se iba a un completo desprestigio del sistema de designación de jueces. Pero Kunkel y Conti no tenían empacho en decir que los que estábamos en el orden de mérito no éramos 'políticamente' aptos".

"Lo más penoso –reflexiona a la distancia- es el mal ejemplo: cada juzgado y fiscalía es una escuela, para bien o para mal. La universidad enseña las leyes pero la práctica forense se hace allí. Si la gente percibe que trabajar bien no es la vía para ascender, y a la vez que quienes se acercan al calorcito del oficialismo sí consiguen cosas.... Es un pésimo mensaje y una práctica facciosa. En los modos, es muy parecido a una invasión; el que conquista no confía en nadie. Es la máxima expresión de la política agonal. Y es una épica boba, porque ¿quién gana con esto?".

Luego de la suspensión del fiscal Campagnoli, sus colaboradores, entre ellos Rodríguez Varela, fueron desalojados y reubicados en un entrepiso de la calle Tucumán. Tras la restitución de Campagnoli, fueron distribuidos en diferentes oficinas.

Hoy Rodríguez Varela es adscripto a una fiscalía del Tribunal Oral. Además, de eso, desde hace 21 años es profesor de Derecho Penal y Procesal Penal en la Universidad Católica Argentina.

Como ha concursado también para fiscal, Rodriguez Varela también ha presentado amparos contra el mecanismo de designación de fiscales por parte de la procuradora Gils Carbó.

"Gils Carbó no erra nunca: salen nombrados cien por cien muchachos de Justicia Legítima"

En el caso del nombramiento de los jueces, bien o mal, todo el proceso es supervisado por el Consejo de la Magistratura, pero en el caso de los fiscales, desde que está Gils Carbó no lo supervisa nadie, sostiene.

"Salen nombrados cien por cien muchachos de Justicia Legítima. Es así en 94 de los 110 concursos que convocó la Procuradora, y en el resto, son allegados; no le erra nunca. Por eso presenté otros amparos contra el sistema de designación que estableció Gils Carbó que no garantiza imparcialidad y que es un retroceso porque se eligen a dedo a los integrantes de los jurados que arman las ternas".

Esta gente, en particular desde la existencia de Justicia Legítima, anuncia casi abiertamente lo que está haciendo: quieren "limpiar" Tribunales, eliminar las "familias incorrectas". "Es un planteo casi eugenésico –denuncia-; si lo digo yo, voy preso".