Gobiernos transparentes: el ranking de América Latina

Según el último informe de Latinobarómetro, el 60% de los ciudadanos de la región cree que no hay transparencia en las instituciones públicas de sus países, y sólo el 36% piensa que sí

Reuters

Uruguay es el país de América Latina en el que más gente piensa que el Gobierno es transparente. Así lo cree el 61% de los consultados en el Informe 1995 - 2015 de Latinobarómetro.

En segundo lugar está Ecuador, con 59%, y tercero se ubica República Dominicana, con 56 por ciento. Luego vienen Bolivia (47%), Chile (44%) y Nicaragua (43%). En el resto, menos del 40% de las personas confía en la transparencia de las instituciones públicas.

Este ranking no dice nada sobre el grado concreto de apertura y honestidad de los gobernantes, algo que no siempre es fácil de medir. Pero la confianza ciudadana, por más que pueda estar influenciada por otras variables, no deja de ser un indicador importante.

En Brasil sólo el 16% considera que hay transparencia en el Gobierno

Si en un extremo está Uruguay, en el otro está Brasil. Sólo el 16% de sus habitantes considera que hay transparencia en el Gobierno. Esa mirada tan negativa no se puede disociar de la crisis política que atraviesa la presidencia de Dilma Rousseff, que quedó muy golpeada luego de que se desatara el escándalo de corrupción en Petrobras.

Los países que le siguen son Colombia, Perú y Guatemala, los tres con 24 por ciento. Los otros que están por debajo de 30% son México (26%), El Salvador (27%) y Costa Rica (27%).

Uruguay, el país en el que la corrupción "no existe"

Está claro que no hay gobiernos 100% limpios, y que en todas partes hay funcionarios que usan los recursos públicos en su provecho. Pero lo curioso de Uruguay es que estos fenómenos se dan de manera tan acotada y aislada, que la corrupción no es un problema para los ciudadanos.

A diferencia de lo que pasa en la mayoría de sus vecinos, es casi imposible encontrar libros o trabajos académicos que aborden el tema. Tampoco es una cuestión que ocupe un lugar relevante en los medios de comunicación.

"La corrupción no está para nada en la agenda pública en Uruguay"

"No está para nada en la agenda pública ni en la preocupación de las personas. No ha habido en nuestro país grandes escándalos, como sucede en otros países. Cayeron y fueron procesados dos ministros y un director del Banco de la República, pero no por corrupción, sino por abuso de funciones. Eso es lo que fomenta esa percepción", explicó José Pedro Montero, presidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública de Uruguay (JUTEP), consultado por Infobae.

"Nuestro mandato se termina en mayo del año que viene y estoy elaborando un libro sobre corrupción, porque es algo que no existe. No se enseña en la universidad y nunca se lo ha tenido en cuenta", agregó.

Si bien es cierto que siempre se caracterizó por ser un país de instituciones sólidas, y de un consistente apego a la norma, en los últimos años se avanzó mucho en mejorar la transparencia gubernamental.

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"La ley de acceso a la información pública del 2008 -dijo Montero- permitió que cualquier persona pueda ver el documento que solicite, a menos que haya sido declarado confidencial en el mismo momento de su redacción. Cuando se estableció atacó la cultura de secretismo presente en las oficinas públicas y en los organismos nacionales, reticentes a dar información, porque saber es poder. Por eso costó, pero hoy ya está instalada y funciona muy bien".

"Por otro lado -continuó- Uruguay adhirió en 2011 al Estado Abierto. A través de la tecnología, se fue adaptando a las instituciones para que las personas pudieran enterarse de todo lo que hacen. Por ejemplo, en el sitio web de la Junta están los nombres de todos los que la integramos, y se detalla cuánto cobramos, desde el presidente hasta el personal administrativo. Eso ocurre en toda la administración pública".

"el sistema debiera ser más riguroso"

Lógicamente, no todo es perfecto y hay aspectos en los que puede mejorar, y mucho, en materia de transparencia. Por caso, la JUTEP tiene limitaciones que son problemáticas. A pesar de ser el organismo encargado de recibir las declaraciones juradas de todos los funcionarios gubernamentales, no tiene poder para investigarlas a fondo y, en caso de hallar inconsistencias, tomar medidas. Eso lo vuelve un ente de contralor sin mucha capacidad real de controlar.

También falta firmeza para castigar conductas anti éticas e ilegales en el sector privado. "Hay empresas que fueron favorecidas por funcionarios en licitaciones que hoy siguen trabajando para el Estado, y no ha pasado nada. En esas cosas el sistema debiera ser más riguroso", dijo Montero.

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"Se han registrado varias denuncias de corrupción en los municipios, los estados y en la Unión, y los servicios públicos no satisfacen plenamente las necesidades de la comunidad. Como esos problemas ocurren desde hace ya muchos años, los ciudadanos adoptaron una postura de desconfianza hacia la gestión pública", dijo a Infobae Vanuza da Silva Figueiredo, especialista en contabilidad pública y auditoría gubernamental, y profesora de la Universidad Federal Fluminense.

"los ciudadanos adoptaron una postura de desconfianza hacia la gestión pública"

"Independientemente de los políticos que asuman el poder, no existen grandes perspectivas de mejoras. Algunos ciudadanos creen que el Gobierno no difundirá datos que detallen su gestión, y ven que las transparencia es parcial", agregó.

Al igual que en Uruguay, en Brasil también se sancionaron leyes contra la corrupción y favor de la apertura de la gestión. Aunque su aplicación no fue tan exitosa.

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"Se están adoptando medidas para proporcionar información a los ciudadanos, pero son apenas los primeros pasos. En distintas investigaciones realizadas se verificó un bajo nivel de transparencia en los municipios brasileños. Algunas informaciones no son de fácil acceso ni entendimiento, porque utilizan un lenguaje que la mayoría de las veces es complejo y desactualizado", explicó Figueiredo.

"Las leyes y los castigos que fueron establecidos no intimidan a los políticos malintencionados -continuó. Constantemente hay denuncias de nepotismo, fraudes en licitaciones y desvíos de dinero en instituciones pública".

"Las leyes no intimidan a los políticos malintencionados"

Muchos de estos vicios aparecieron en una escala astronómica en la trama de corrupción de Petrobras, donde todos los estamentos de la administración pública se vieron implicados en la red de desvío de fondos.

Por eso, Brasil está todavía muy lejos de lo conseguido por países como Uruguay. "No es sólo que los ciudadanos uruguayos consideran que es un país transparente. Los organismos internacionales presentan datos que lo demuestran. Las leyes punitivas y los fuertes castigos a la corrupción lo diferencian de Brasil", concluyó Figueiredo.