Tras la divulgación de un informe de la Universidad Nacional de Cuyo que confirma la presencia de metales pesados por encima del límite permitido en los ríos cercanos a la mina Veladero, el Gobierno de San Juan acusó a la casa de estudios de "atacar" a su provincia y pidió que se "ratifiquen o rectifiquen" los datos arrojados.
"Nunca he visto un agravio o un ataque o una intención de dañar a la provincia de San Juan y al pueblo de San Juan como este", aseguró el gobernador José Luis Gioja, que habló de información "distorsionada" y "falsa". "El informe lo publicó la Universidad Nacional de Cuyo con sede en Mendoza. Es la tercera vez que desde esa provincia hacen amagues de ataques contra la provincia de San Juan. Primero fue un diputado nacional, después fue alguien del mercado de frutas y hortalizas, y ahora en el espacio digital de la Universidad Nacional de Cuyo", disparó.
El informe en cuestión fue publicado el domingo en la web de UNCuyo y fue realizado tras el derrame de solución cianurada en la mina Veladero sobre el río Potrerillos. Las mediciones arrojaron que en el río La Palca hay 1,4 mg/l de manganeso, lo que representa un 1.400% más de lo permitido y lejos del 0,25 mg/l de promedio histórico. Lo mismo ocurre con el mercurio: mientras el promedio suele ser de 4 mg/l y el máximo autorizado es de 5mg/l, los especialistas encontraron 70 mg/l. A su vez, en el pueblo de Mogna hallaron niveles de boro, arsénico, cloruros y sulfatos muy por encima de los máximos establecidos en la Ley de Residuos Peligrosos. Además, se detectó la presencia de la bacteria Escherichia coli, por lo que se puso en dudo la forma en que Veladero trata sus efluentes cloacales.
El mandatario sanjuanino buscó politizar el tema. Dijo que el instituto universitario que hizo público el informe es dirigido por María Ester Barbeito, que fue candidata a diputada nacional por el ARI en 2013. Ayer, el secretario de Ambiente de San Juan, Raúl Tello, aseguró que es "un problema de carácter político, donde sectores macristas mendocinos intentan restarle votos al oficialismo, presionando a la gente a través de un boicot a productos locales".
El informe fue solicitado por el intendente de Jáchal, Jorge Barifusa (Frente para la Victoria), tras el derrame. Se lo pidió a la UNCuyo ya que los vecinos no confían en los informes que hubo hasta ahora: a Barrick Gold la acusan de ser juez y parte, al Gobierno de San Juan y la Universidad de San Juan, de defender los intereses mineros, y a la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), de ser una suerte de consultora privada que cobra millones de dólares del propio Ejecutivo provincial. Por eso apeló a la casa de estudios de Mendoza, que fue la única que midió la presencia de metales.
Frente a este panorama, Gioja informó hoy en una conferencia de prensa que instruyó el fiscal de Estado de la provincia, Guillermo de Sanctis, para que envíe una carta notarial al rector de la UNCuyo, Daniel Pizzi, y que solicite que "ratifique o rectifique el contenido" del reporte titulado "El derrame de la Barrick envenenó el agua de Jáchal".
Uno de los primeros en contestarle fue el vecino jachalense Saúl Zeballos, quien llevó el tema a la Justicia a través de un recurso de amparo. Dijo a TN: "Gioja dice que el informe que asegura que la minera contaminó es falso, pero desde el día del derrame le pedimos que nos dé información precisa de lo ocurrido y todavía lo estamos esperando. Queremos que nos diga cuáles son los resultados del monitoreo que Barrick realiza permanente de agua, suelo y aire. Además, falta información de lo que ocurrió allá arriba".
Proyecto
Los senadores nacionales Magdalena Odarda y Fernando Pino Solanas presentaron un proyecto de ley para declarar la emergencia hídrica, ambiental y sanitaria en la cuenca del río Jáchal. Los legisladores de la oposición informaron hoy que pedirán que esta iniciativa sea tratada sobre tablas en la sesión de mañana en el Senado.
"La mega minería con uso de cianuro y mercurio constituye una actividad que provoca destrucción irreversible del ambiente", advirtieron en un comunicado.
El estado de emergencia propuesto por los senadores prevé un plazo de duración de tres años y tiene como objetivo "adoptar medidas para garantizar la provisión urgente de agua potable a la población de la zona afectada y evaluar la contaminación de la cuenca" hídrica sanjuanina.
Asimismo, reclama que se dispongan de medidas destinadas a la solución de la situación que llevó a la emergencia y a evaluar el impacto social y económico por contaminación de agua y tierra.