Cuando los soldaditos formoseños frenaron a Montoneros

Parecía un domingo cualquiera, aquel 5 de octubre de 1975, con dos temas deportivos que concentraban la atención de los argentinos: el Gran Premio de Fórmula 1 de Estados Unidos y la quinta fecha del Campeonato Nacional de fútbol el austríaco; los dos empezaban a la misma hora, 4 de la tarde. En la fórmula uno, Niki Lauda ya se había coronado campeón, pero el santafesino Carlos Reutemann podía lograr el subcampeonato por primera vez. En el fútbol local, River Plate era uno de los favoritos. El equipo del técnico Ángel Labruna recibía en el estadio Monumental a Cipolletti, de Río Negro.

Sin embargo, el título principal de los diarios del lunes no fue el Gran Premio ni la fecha del fútbol sino el ataque a un cuartel de Formosa, en la periferia del país, que provocó una conmoción nacional gracias, en parte, a los oportunos cables de la agencia estatal de noticias Telam, que el día anterior había inaugurado su corresponsalía en la capital formoseña.

Es que hubo, en total, 28 muertos. Fue el debut del Ejército Montonero, con sus uniformes color azul y sus grados, el instrumento que la guerrilla peronista había creado para dar "un salto militar" y prepararse para enfrentar el golpe de Estado del que tanto se hablaba.

Hasta aquel momento, hace 40 años, los ataques a cuarteles eran la especialidad de otro grupo guerrillero poderoso, el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), de formación trotskista y guevarista.

El espectacular operativo incluyó el secuestro en pleno vuelo de un avión de Aerolíneas Argentinas

Los montoneros llamaron a este ataque "Operación Primicia" y fue espectacular porque incluyó el secuestro en pleno vuelo del avión más moderno de Aerolíneas Argentinas, que fue desviado de Corrientes a Formosa, mientras otro pelotón guerrillero tomaba el aeropuerto internacional "El Pucú". En simultáneo, una columna de vehículos entraba al Regimiento de Infantería de Monte Número 29 ubicado en los suburbios de la ciudad.

En total, participaron unos setenta guerrilleros. Montoneros quería demostrar que tenía la capacidad de tomar incluso un cuartel del Ejército muy alejado de Buenos Aires. Un golpe para desmoralizar a los militares.

Pensaban que los jóvenes conscriptos de guardia no ofrecerían resistencia

Pensaban que los soldados que estaban de guardia en la tórrida siesta formoseña no ofrecerían resistencia; al final, eran todos jóvenes pobres de 21 años, tan peronistas como sus padres, y ellos, Montoneros, defendían los verdaderos intereses del pueblo.

Pero, ocurrió que los "colimbas" —el servicio militar era obligatorio y duraba un año— no se rindieron y rechazaron a los atacantes luego de un combate que duró treinta minutos y provocó veinticuatro muertos, doce atacantes y doce defensores del cuartel: diez soldados conscriptos; un subteniente, también de 21 años, y un sargento primero, de 32 años.

En el copamiento del aeropuerto, los montoneros mataron a un policía.

Los guerrilleros que sobrevivieron huyeron en el avión de Aerolíneas —un Boeing 737-200, comprado en unos ocho millones de dólares— que aterrizó en un campo en Rafaela, en la provincia de Santa Fe, en una pista preparada por un pelotón de montoneros santafesinos.

Luego, cuando todo había pasado, patrullas militares salieron del cuartel y mataron a tres vecinos que no habían tenido nada que ver con el ataque.

Los tres decretos

Todas las fuerzas políticas condenaron el ataque de Montoneros, que apuntaba al corazón del gobierno constitucional de la presidenta Isabel Perón: al "monopolio de la violencia física legítima" que caracteriza a todo Estado moderno, según el economista y sociólogo alemán Max Weber.

El ataque apuntaba al corazón del gobierno constitucional de Isabel Perón

Isabelita estaba de licencia médica en Ascochinga, Córdoba, y su cargo era ocupado en forma interina por el titular del Senado, Ítalo Luder. Aquel lunes, Luder se reunió con el ministro de Defensa, Angel Robledo, en la Casa Rosada, y decidieron impulsar tres decretos que satisfacían los reclamos de los jefes militares en la lucha contra la guerrilla.

El presidente interino convocó al mediodía a todo el gabinete y a los tres jefes militares; el general Jorge Videla había viajado a Formosa y en su lugar concurrió el jefe de su Estado Mayor, el general Roberto Viola. Luder indicó a Tomás Vottero, ministro de Defensa, que leyera los tres decretos.

—Se ponen a consideración las firmas de estos decretos para terminar con la subversión, señaló luego Luder.

Los decretos delegaban en las Fuerzas Armadas la lucha contra las guerrillas

Nadie dijo nada y los decretos quedaron aprobados por todo el gabinete. En resumen, esos decretos delegaban en las Fuerzas Armadas la lucha contra las guerrillas, prácticamente sin control porque el gobierno de Isabelita estaba muy deteriorado por una tormenta de violencia política, inflación, desabastecimiento y denuncias de corrupción.

Uno de esos decretos, el número 2771, disponía que el ministerio del Interior firmara convenios con los gobernadores para que la policía y el servicio penitenciario de cada provincia quedaran bajo el control operativo de los militares. Esos acuerdos fueron rubricados al día siguiente. El secretario Técnico de la Presidencia, Julio González, me contó que el gobernador de La Rioja, Carlos Menem, "tomó presuroso la palabra y dijo: ´Yo quiero tener la satisfacción de ser el primero en firmar el acta´; y lo hizo".

El martes 7 de octubre, el embajador estadounidense Robert Hill informó a su gobierno en el cable reservado 6713 que, "luego de casi dieciocho meses de respaldos y rellenos no concluyentes, el gobierno finalmente estableció un enfoque unificado para manejar el problema subversivo". Tres días después, en otro cable reservado, el número 6814, Hill analizó el decreto 2772 y concluyó: "Las Fuerzas Armadas tienen ahora la autoridad que han buscado durante mucho tiempo para asumir la lucha contra los terroristas, la cual hasta este momento ha sido en gran medida manejada (o mal manejada) por la Policía Federal".

El ex vicepresidente y ex gobernador Carlos Ruckauf era ministro de Trabajo: "Luder dijo que había que ampliar el área de influencia de las Fuerzas Armadas a todo el país y que iban a enviarse esos decretos de inmediato al Congreso, y que se iban a mandar, además, dos proyectos de ley que explicaban la forma de aplicar los decretos y el mecanismo de control que iba a haber por parte del poder político sobre las fuerzas militares, que obviamente nunca se ejecutó: los tipos hacían lo que querían e inclusive detenían a compañeros nuestros y no sabíamos qué pasaba".

Ruckauf se refería a que los militares ya actuaban en la provincia de Tucumán para reprimir el foco guerrillero del ERP, instalado en marzo de 1974, durante la presidencia de Juan Perón.

Los tres decretos fueron ratificados por el Congreso el 29 de octubre.

El ataque activó también una serie de urgentes reuniones entre los jefes militares y Luder, quien rechazó desplazar a la viuda de Perón. Tanto Videla como el brigadier Héctor Fautario —que siempre se opuso al golpe— me contaron que esa frustrada negociación derivó en que Videla y el jefe de la Marina, Emilio Massera, fijaran el 24 de marzo de 1976 como la fecha del golpe de Estado que ya se venía organizando.

Los parientes de los guerrilleros muertos fueron indemnizados como víctimas del terrorismo de Estado

Los años pasaron y los parientes de los guerrilleros muertos fueron indemnizados como si hubieran sido Víctimas del Terrorismo de Estado con el equivalente a cien veces el sueldo más alto de la administración pública nacional.

Por su lado, los padres de los colimbas muertos cobran una pensión muy baja, que en 2010, cuando fue publicada la primera edición de mi libro Operación Primicia, era de 842 pesos por mes.

Aquel año, la indemnización para las Víctimas del Terrorismo de Estado ascendía a 620.919 pesos.

Un cálculo simple indicaba que la madre de Sosa, por ejemplo, debía cobrar esa pensión de 842 pesos todos los meses durante 61 años y medio de su vida para llegar a la suma ya percibida por los parientes de cada uno de los guerrilleros. Y sin que hubiera inflación.

Los soldados que sobrevivieron siguen tan pobres como antes

El juez federal Claudio Bonadio investiga ahora si hubo delito en el pago de las indemnizaciones a los parientes de los guerrilleros muertos por lo cual ya allanó dos veces la sede de la secretaría de Derechos Humanos.

Además, los guerrilleros muertos son recordados como héroes y mártires en sus pueblos y ciudades, y figuran en el Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado ubicado en la Costanera porteña.

Tres años atrás, el diputado formoseño Ricardo Buryaile, del radicalismo, presentó un proyecto de ley para equiparar los subsidios a los parientes de uno y otro bando, pero luego de muchas idas y vueltas el proyecto no fue aprobado por la oposición de los diputados kirchneristas.

Los soldados que sobrevivieron —siguen hoy tan pobres como antes— han solicitado el cobro de un subsidio, que fue negado por el Ejército y el gobierno nacional.

Todo muy previsible, considerando que el Ejército hasta se niega a entregarles una medalla conmemorativa de los 40 años de aquel combate.

Editor ejecutivo de la revista Fortuna y autor del libro Operación Primicia