Bolivia perdió 120.000 kilómetros cuadrados de territorio y 400 kilómetros de costa tras ser derrotado por Chile en la guerra del Pacífico (1879-1884). El Tratado de Paz de 1904 fijó las fronteras, que se mantienen hasta la actualidad, y estableció que los bolivianos pueden acceder a los puertos chilenos para comerciar con el resto del mundo sin pagar impuestos.
Nunca conforme con ese pacto, La Paz reclamó una salida al mar ante múltiples foros internacionales a lo largo del último siglo. En 2013, el gobierno de Evo Morales dio un paso más: se presentó ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), en La Haya, y pidió que "obligue a Chile a negociar de buena fe un acuerdo pronto y efectivo". Este 24 de septiembre, y a pesar de que Santiago insistió hasta último momento en que no tenía por qué interceder, la CIJ se declaró competente para evaluar el caso.
"Muchos conflictos son legado de disputas coloniales o de delimitaciones no resueltas durante la conformación de los estados. Los más inmediatos suelen resolverse en la región, por la intervención de otros países. Pero las disputas que implican argumentaciones jurídicas complejas son llevadas a La Haya", dijo a Infobae el politólogo Andrés Serbin, presidente ejecutivo de la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales (CRIES).
El Territorio del Esequibo mide 159.500 kilómetros cuadrados y representa dos terceras partes de la superficie total de Guyana. Hasta 1966 perteneció al Imperio Británico, aunque Venezuela, que limita al oeste, lo reclamó siempre como propio. Ese año se firmó el Acuerdo de Ginebra, en el que Reino Unido le cedió la administración a Guyana, que se formaba como país independiente, pero reconoció el reclamo venezolano. Nunca se avanzó en las negociaciones para rediscutir la soberanía sobre la región.
Durante el gobierno de Hugo Chávez la disputa pasó a un segundo plano por su buen vínculo con Georgetown, pero todo cambió con su muerte y el ascenso de Nicolás Maduro. El descubrimiento de un yacimiento de petróleo en la zona por parte de la estadounidense Exxon Mobil fue la excusa perfecta para reinstalar el conflicto, que escaló hasta el extremo de que ambos países retiren a sus embajadores.
El caso más grave de estos años fue el enfrentamiento entre Colombia y Nicaragua por la delimitación marítima. Tras muchas décadas de protestas y negociaciones infructuosas, Managua se presentó el 6 de diciembre de 2001 ante la CIJ. El fallo llegó 11 años después, el 19 de noviembre de 2012, y no agradó para nada a Colombia. La Corte corrió 531 kilómetros hacia el este la línea que demarca su superficie marítima, ampliando así la de Nicaragua.
Como consecuencia, el gobierno de Juan Manuel Santos decidió abandonar el Pacto de Bogotá, firmado el 30 de abril de 1948 entre los países americanos para otorgar jurisdicción a la CIJ en la resolución de conflictos, volviendo obligatorio el cumplimiento de sus sentencias.
Este ejemplo muestra la escasa capacidad de la CIJ para hacer cumplir sus sentencias. "A pesar de que Nicaragua tiene la administración marítima, Colombia sigue teniendo una presencia armada más importante. Así que la tensión se mantiene", dijo Ivan Briscoe, investigador de la Unidad de Conflictos del Instituto Clingendael de Estudios Internacionales, con sede en La Haya, Holanda, consultado por Infobae.
Populismo territorial
"En realidad hay pocas fronteras en disputa. Tensiones como las que hay entre Nicaragua y Costa Rica por el Río San Juan, o entre Honduras y El Salvador por la Isla Conejo, no son importantes. No se comparan, por ejemplo, con el conflicto que mantuvieron Ecuador y Perú, que terminó con un enfrentamiento armado (en 1995). Son temas residuales explotados por razones nacionalistas, en países que tienen otros asuntos mucho más apremiantes, y donde los políticos populistas buscan reforzarse", explicó Briscoe.
"El caso más claro es el de Honduras y El Salvador. Un símbolo poco necesario para la existencia y el bienestar de los países puede movilizar el sentido patriótico. Pero son temas redundantes, obsoletos y poco importantes", agregó.
Esto se aplica claramente al ejemplo de la disputa de Venezuela con Guyana, que había caído en el olvido y que, súbitamente, en un contexto de crisis política por la falta de legitimidad de su administración, Maduro decidió reflotar. El objetivo es claro: tratar de correr el foco de atención de los graves problemas económicos, y que todos los ciudadanos se unan con el Gobierno detrás de una causa nacional.
Cuando la principal motivación para sostener un reclamo contra un vecino es la necesidad de contrarrestar una crisis interna, las consecuencias son imprevisibles. "Los conflictos territoriales que pueden escalar en una región declarada como zona de paz son los que tienden a responder a factores políticos internos, como en el caso de Venezuela", sostuvo Serbin.
En cambio, reclamos como el boliviano parecen tener otra entidad. No es una cuestión menor carecer de una salida al mar y no es casual que, salvo algunas excepciones, los países sin costas tiendan a ser muy pobres.
"No veo que la CIJ pueda tomar una decisión dramática, como ceder parte del territorio chileno a Bolivia -dijo Briscoe. Pero puede pedir que haya una resolución pacífica entre las partes, en la que se defina un corredor de acceso al mar que sea reconocido por el gobierno chileno y que sirva a los intereses de Bolivia".
"Lo más importante para que funcione -continuó- es que tenga legitimidad. Las decisiones de La Haya son inapelables, pero en los hechos, si Chile considera al fallo una ofensa y lo rechaza, no hay mucho que pueda hacer la Corte".
Nuevos conflictos fronterizos
Que las contiendas entre los países latinoamericanos por el territorio sean más simbólicas que reales, no significa que las fronteras hayan dejado de ser un problema serio en la región. Al contrario, probablemente ahora sean más importantes que en el pasado, sólo que de otra forma.
"En los territorios que son adyacentes, que tienen diferentes sistemas de leyes o de subsidios a determinados productos, hay un gran interés por el contrabando. Lo vemos en la frontera entre Colombia y Venezuela, donde la base de toda la actividad económica es la venta ilegal en Colombia de bienes que se consiguen a precios subsidiados en Venezuela", dijo Briscoe.
"Esto se agrava porque están controladas por grupos armados, que muchas veces cuentan con complicidades estatales. Esta autonomía fáctica de las zonas fronterizas está en el seno de muchos de los problemas que vemos en América Latina:
y desvío de recursos públicos", concluyó.