La Fiscalía de Colombia anunció este miércoles la suspensión de las imputaciones contra miembros de la cúpula de las FARC por "graves violaciones a los derechos humanos", tras el acuerdo de justicia alcanzado en Cuba con esa guerrilla en el marco del proceso de paz.
"En virtud de este acuerdo en materia de justicia transicional, he impartido instrucciones muy precisas para que se suspendan todas las imputaciones que estaban programadas contra la cúpula de las FARC (...) por graves violaciones a los derechos humanos", dijo el fiscal general Eduardo Montealegre en rueda de prensa.
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Montealegre dijo que la Fiscalía tenía programado en este segundo semestre hacer más de 50 imputaciones contra miembros del Secretariado y el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, comunistas), principal y más antiguo grupo rebelde del país, en diálogos de paz con el Gobierno desde hace casi tres años.
Pero agregó que ante la firma este miércoles en La Habana de un acuerdo sobre justicia, punto neurálgico del proceso de paz para poner fin a más de medio siglo de conflagración interna, el ente acusador debe adecuarse a este "hecho histórico" para Colombia.
"La Fiscalía debe adaptar de manera inmediata el modelo de investigación que está adelantando a lo que será la justicia transicional cuando se firme el acuerdo (final) en La Habana. El modelo de investigación que se ha acordado hoy es totalmente diferente al modelo transicional de sistema acusatorio. Es un modelo propio para la justicia transicional", indicó.
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y el jefe de las FARC, Timoleón Jiménez (Timochenko), sellaron este miércoles en La Habana un pacto de justicia que crea una "jurisdicción especial para la paz", y se comprometieron a firmar en un plazo máximo de seis meses un acuerdo definitivo de paz.
El pacto sobre justicia contempla la creación de un tribunal especial y juicios y penas de privación de libertad para responsables de crímenes de lesa humanidad, toma de rehenes, ejecuciones extrajudiciales y violencia sexual, pero amnistía para delitos políticos.
El gobierno colombiano y las FARC buscan desde noviembre de 2012 en Cuba acabar con un conflicto en el que han participado guerrillas, paramilitares, agentes del Estado y narcotraficantes, y que ha dejado al menos 220.000 muertos y unos seis millones de desplazados, según cifras oficiales.