Un informe divulgado por el a href="https://cpj.org/es/" rel="noopener noreferrer" Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés)/a, titulado "Urresti aspira a la presidencia aun siendo acusado de asesinar a reportero", analiza las circunstancias del emblemático caso y las implicaciones que tiene el actual juicio para el combate contra la impunidad en los asesinatos de periodistas.
Bustíos era reportero del influyente semanario iCaretas/i, y cubría violaciones de los derechos humanos cometidas por ambos bandos durante la campaña contrainsurgencia del Gobierno contra el grupo guerrillero Sendero Luminoso.
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Al periodista lo mataron el 24 de noviembre de 1988, en una emboscada en las afueras de Huanta. El asesinato causó conmoción en Perú y en el extranjero, porque los testigos afirmaron que Bustíos y otro trabajador de prensa que resultó herido en el ataque fueron blancos deliberados de los disparos de una patrulla del Ejército.
En febrero de 2015 Urresti fue acusado formalmente de asesinato, se espera que el juicio dure entre seis y ocho meses, y de ser condenado podría ser sentenciado a una pena de hasta 25 años de cárcel.
Sin embargo Urresti, ex ministro del Interior y general del Ejército, sostiene su inocencia y atribuye el proceso judicial a una campaña que intenta aplastar sus ambiciones presidenciales. "No tengo nada que ocultar", le aseguró a John Otis, corresponsal del CPJ para la región andina y autor del informe, en una entrevista realizada en abril pasado.
Junto con Human Rights Watch y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL, por sus siglas en inglés), el CPJ presentó el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En 1997 la comisión declaró al Estado peruano responsable del asesinato de Bustíos.
Desde el cese del conflicto, persiste un clima de
en Perú. Y a partir de que el CPJ comenzó a llevar estadísticas en
periodistas han muerto en ese país,