Las expropiaciones de Maduro afectarán la distribución de 12.000 toneladas de alimentos

En las últimas horas, el régimen de Nicolás Maduro aplicó una "vieja fórmula" al comenzar una serie de expropiaciones. En este caso, las afectadas fueron Polar, Nestlé y Pepsi, dado que sus depósitos fueron ocupados por las Fuerzas Armadas Bolivarianas bajo la excusa de que allí se van a construir viviendas.

La toma del Ministerio de Vivienda y Hábitat de los centros de distribución de Alimentos Polar y Pepsi-Cola Venezuela en La Yaguara paralizó el despacho de alimentos y bebidas al área metropolitana de Caracas y los estados Vargas y Miranda, informó la empresa en un comunicado.

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"Éste es nuestro principal centro de despacho hacia 19 municipios, desde donde salen 12.000 toneladas de alimentos y 6 millones de litros de bebidas mensualmente a más 9.900 clientes", afirmó el director de Alimentos Polar, Manuel Felipe Larrazábal, en declaraciones recogidas por El Nacional.

"Por qué hay que afectar instalaciones industriales activas", dijo Manuel Larrazábal, director de Polar

Y agregó: "Pedimos que se reconsidere esta medida en vista de que estos son centros de trabajo muy activos, en los que se presta servicio logístico para abastecer a la capital y los estados vecinos. No cuestionamos que se quieran construir viviendas, que son tan necesarias, pero nos preguntamos por qué hay que afectar instalaciones industriales activas".

La toma de los almacenes movilizó inmediatamente a los trabajadores de los centros de distribución y comenzaron a organizarse para defender sus empleos. "Trabajo, sí; expropiación, no", gritaban en las puertas de los galpones.

La palabra de Pepsi

La embotelladora de Pepsi Cola en Venezuela deberá desalojar en un plazo de 60 días una planta en el oeste de Caracas que da empleo a más de 500 personas, debido a un decreto gubernamental que ordena la construcción de viviendas en esos terrenos.

"Ayer (miércoles 29) llegó una juez de un tribunal dictando la medida de desalojo, levantó un acta y estableció una medida de 60 días para desalojar el galpón", explicó a EFE el secretario general del sindicato de Pepsi Cola en la región metropolitana, Bladimir Camargo.

La medida, según Camargo, es el resultado de un decreto presidencial publicado en la Gaceta Oficial en 2012 por el entonces presidente Hugo Chávez (1999-2013), que ordenó el uso de los terrenos para la construcción de viviendas del programa social Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV).

"El proyecto no fue solamente para la zona en la que estamos nosotros, sino que involucra a ocho o diez galpones más, entre ellos, Coca Cola, que anoche les notificaron y ellos desalojaron, Cargill, el Banco Provincial, lo que abarca más o menos unas 140 hectáreas de terreno", añadió.

Según Camargo, la medida fue notificada al propietario del terreno y a la empresa en 2012, una vez que fue tomada la decisión. El dirigente sindical informó de que ha solicitado la "colaboración de parte del Estado para que le dé una prorroga al ente del trabajo para que pueda reubicarse", y así garantizar los puestos de trabajo de los 560 trabajadores que forman parte de esta planta.

El rechazo de la oposición

Voceros de la oposición venezolana rechazaron la medida que han calificado de "expropiación", entre ellos el ex candidato presidencial Henrique Capriles y la ex diputada María Corina Machado.

"Yo quiero rechazar absolutamente cualquier intento del gobierno a la expropiación, a la confiscación, a seguir deteriorando la empresa privada", dijo Capriles en un acto público poco después de que se conociera la medida.

En esa misma línea, la ex diputada aseguró que "meterse con #Polar es meterse con Venezuela; sus trabajadores encarnan nuestra profunda aspiración de superación". "Expropiar es robar", añadió Machado en otro mensaje.

Pepsi Cola opera en el país petrolero de la mano de Empresas Polar, la principal empresa de alimentos de Venezuela, fabricante de productos centrales en la dieta de los venezolanos.

Un hecho similar ocurrió en 2009 con un depósito de la empresa Coca Cola Femsa luego de que Chávez diera un plazo de "dos semanas" para que la embotelladora abandonara unos terrenos en el oeste de Caracas donde estacionaba los camiones encargados de la distribución de sus productos a más de 9.000 clientes de la capital.