La jueza María Servini de Cubría autorizó a los espacios políticos a trasladar fiscales de un distrito a otro para controlar la elección. La presentación la había hecho el frente Cambiemos, integrado por el a href="URL_AGRUPADOR_162/pro-a1823" rel="noopener noreferrer" PRO/a, la UCR y la Coalición Cívica, con el objetivo de mudar fiscales de la Ciudad a la provincia de Buenos Aires. La medida beneficia sobre todo al PRO, que no tiene la estructura propia suficiente para garantizarse una elección en orden en ese distrito.
El argumento que utiliza la jueza con competencia electoral es el pedido por Cambiemos: que, al ser elecciones presidenciales, el territorio nacional sea considerado un distrito único.
"Declarar que a los fines de la fiscalización de las elecciones primarias abiertas simultáneas y obligatorias del 9 de agosto, las generales del 25 de octubre y su eventual segunda vuelta el 22 de noviembre de 2015, y siendo que para la elección de presidente y vicepresidente de la Nacio?n y parlamentarios del Mercosur distrito nacional, el territorio nacional constituye un distrito único, los fiscales o fiscales generales de los partidos o alianzas nacionales podrán ser electores de un distrito distinto al que pretenden actuar", explica el fallo.
No es nueva la importancia que tiene la provincia de Buenos Aires a nivel electoral, sobre todo porque allí vota el 37% del padrón. Esto, sumado al histórico control del peronismo sobre el territorio, hace que los principales partidos de la oposición pongan su mayor énfasis en fiscalizar la elección allí.
El espacio Cambiemos es el más preocupado pero especialmente el partido de Mauricio Macri, quien a menos de dos semanas de las PASO es quien corre con mayores chances de llegar a un ballottage con Scioli, líder en las encuestas.
La semana pasada, los apoderados de la alianza Cambiemos habían llevado a la Justicia su temor por el conteo de votos en la Provincia ya que la regla original prevé que los fiscales deben pertenecer a la provincia que deben controlar. En su presentación, Macri, Carrió y Sanz expresaron: "No parece coherente que el Estado destine recursos públicos para la impresión de boletas y que luego no permita que haya un representante de la agrupación política que las acerque al lugar de votación y controle su existencia durante todo el comicio".
La zona que más le preocupa al PRO es el segundo y tercer cordón del Conurbano, donde su presencia es casi nula y preocupa no solo el conteo de votos el día de la elección sino controlar que no se roben boletas. En un principio, desde el partido amarillo se confiaron en que tendrían la ayuda de los radicales, pero ya tomaron nota de que están poco dispuestos a cuidar sus votos, sobre todo porque hubo algunos cortocircuitos luego de la Convención de Gualeguaychú.
En enero de 2014 el Cippec publicó un trabajo realizado por Julia Pomares y María Page sobre la fiscalización electoral en los 24 distritos del Conurbano, donde demostraron que sólo el Frente para la Victoria (FpV) y el Frente Renovador (FR) tenían fiscales en casi la totalidad de los establecimientos de votación y las mesas, en tanto los demás partidos estuvieron muy por debajo de un porcentaje que garantice el respeto al voto.