Saif al Islam, el hijo más conocido de Muammar Khadafi y ocho colaboradores del difunto dictador libio fueron condenados a muerte este martes por un tribunal de Trípoli por la sangrienta represión de la revuelta que puso fin al régimen en 2011.
El tribunal condenó a muerte entre otros al último primer ministro del dictador, Bagdadi al Mahmudi, y a su ex jefe de los servicios de inteligencia, Abdala Senusi.
Los dos ex dirigentes estaban presentes en la sala. Saif al Islam, en cambio, no asistió al juicio en la capital libia, porque está preso en la ciudad de Zintan (suroeste), en manos de una milicia opuesta a las autoridades de Trípoli. Por ello, durante el proceso compareció por videoconferencia.
Los condenados fueron procesados por su papel en la sangrienta represión de la revuelta que, ayudada por una intervención de la OTAN, terminó con más de 40 años de régimen de Khadafi en 2011 y con su propia vida.
En total, 37 personas estaban acusadas de delitos como asesinato y complicidad en la incitación a la violación durante la represión de 2011.
También estaban procesados por secuestro, saboteo, malversación de fondos públicos y contratación de mercenarios africanos.
El juicio, iniciado en abril de 2014, fue criticado por organizaciones de defensa de los derechos humanos, que afirman que los acusados tuvieron un acceso limitado a abogados y a documentos clave.
También se vio marcado en el caso de Saif al Islam por una disputa no resuelta con la Corte Penal Internacional de La Haya, que reivindica su jurisdicción en el caso.
En la sala, en el centro de Trípoli y bajo fuertes medidas de seguridad, estaban presentes 29 acusados. Nueve fueron condenados a muerte ante el pelotón de ejecución, y ocho a cadena perpetua.
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Por su parte, cuatro fueron absueltos, y en el caso de un acusado se abandonaron los cargos y se le enviará a un hospital psiquiátrico. El resto de los 37 acusados fueron condenados a penas de entre uno y 12 años de cárcel.
Según el fiscal general, las penas de prisión son aplicables de inmediato, y sólo los condenados a muerte pueden apelar la decisión ante la Corte Suprema.
El Consejo de Seguridad de la ONU confió el conflicto libio a la Corte Penal Internacional (CPI) en febrero de 2011, al desencadenarse la represión del régimen khadafista contra un levantamiento popular alentado por la Primavera Árabe, que acababa de tumbar a los presidentes de Túnez y Egipto.
Los fiscales de la Corte consideran que Saif al Islam formaba parte del "círculo más estrecho" de su padre, y que "concibió y dirigió un plan para disuadir y poner fin por todos los medios a las manifestaciones civiles contra el régimen de Khadafi".
La Corte con sede en La Haya acusa al hijo del dictador libio, a menudo presentado como posible sucesor de su padre, de crímenes de guerra y contra la humanidad.
Desde su captura en noviembre de 2011, un mes después de la muerte de Muammar Khadafi, la CPI ha solicitado su extradición, de momento en vano.
La CPI, competente para juzgar genocidios y crímenes de guerra y contra la humanidad cometidos a partir de 2002, también reclama a Senusi, que primero se refugió en Mauritania y luego fue extraditado a Libia.