La terminal de la línea 60 de colectivos, en el barrio porteño de Constitución, está cercada por vallas y policías. De un lado de la calle Guanahani, en la intersección con Ituzaingó, a metros del "puente de hierro" que cruza el ferrocarril Roca, un grupo de choferes acompañados por esposas e hijos se turna noche y día para mantener vivo un acampe que funciona a la vez como corte. A fuerza de mates, fogatas y ollas populares se ayudan a paliar el frío. Es una suerte de piquete familiar prácticamente silencioso, en una zona apenas transitada. Del otro lado de la valla está la cabecera de la línea, un galpón enorme en el que los micros "duermen" una siesta que ya lleva un mes, por un conflicto gremial que parece no tener solución.
Hoy, la disputa llegó a un punto de máxima tensión cuando efectivos de la Gendarmería intentaron evitar el corte total de la autopista Panamericana y ruta 197, en la localidad bonaerense de General Pacheco. Allí, hubo graves incidentes durante el choque entre los efectivos de seguridad y los manifestantes. El resultado: cinco detenidos y 18 heridos, entre ellos un reportero gráfico de Infobae, Adrián Escándar, quien debió ser atendido en una sala de emergencias afectado por el gas pimienta que utilizaron las fuerzas.
El conflicto tiene su primer capítulo con el despido "injustificado" de un chofer. Luego, como represalia por no haber cobrado boleto a modo de protesta, quedaron en la calle 52 choferes más. Pero la génesis del conflicto, según los trabajadores, no tiene que ver ni con el primer despido ni con los otros 52. Hay un trasfondo político, un cuestionamiento de la parte gremial que nadie puede -o quiere- responder: a dónde van a parar los casi 2 millones de pesos que el Estado le otorga a la empresa Micro Ómnibus Norte S.A. (Monsa).
"Acá hay un robo del subsidio público. La empresa tiene 340 colectivos, cobra 100 mil pesos por micro por mes, saca a la calle 244 colectivos de los 340 y deja 96 parados. Por eso los pasajeros de provincia muchas veces tienen que esperar el colectivo 40 minutos. Cuando nosotros denunciamos eso, la empresa responde con despidos", dice el delegado de la línea 60, Néstor Marcolín, en diálogo con Infobae.
Según la versión de los dueños de Monsa, el 2 de febrero el chofer cesanteado al inicio del conflicto manejaba a una velocidad no permitida por Tomkinson y Acceso Norte cuando chocó contra una camioneta y luego contra un árbol. En el accidente, cuatro personas resultaron heridas, entre ellas una mujer embarazada. A raíz de ese episodio el chofer tuvo una licencia de cinco meses bajo el régimen de la ART. En todo ese período, el cuerpo de delegados planteó que, al regresar, el chofer debía retornar a conducir normalmente. Pero el presidente de la firma, Marcelo Pasciuto, decidió impedir su reincorporación bajo el argumento de que ese empleado ya había tenido 13 accidentes -aunque de menor gravedad- en tres años, por lo que fue despedido. Ese hecho reavivó el conflicto y el Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria, que ordenaba la reincorporación del chofer y el levantamiento de las medidas de fuerza gremiales. Pasciuto volvió a tomar a su ex conductor, pero con la condición de que no volviera a manejar una unidad. El 25 de junio, ante las nuevas medidas de protesta que consistieron en no cobrar boleto a los pasajeros, la empresa Monsa envió los otros 52 telegramas.
Para Marcolín, el chofer no tuvo responsabilidad en el accidente, sino que fue el conductor de la camioneta el que lo chocó en una de sus ruedas delanteras. "La verdad es que fue un caso de persecución gremial. Y ahora, para esconder el real problema, que es la malversación del subsidio público, nos tiran 53 trabajadores a la calle", denunció.
Apagan el fuego con nafta
El sábado se cumplió un mes del inicio del conflicto y el temor que subyace entre los trabajadores y sus familias es si podrán hacer frente a las dificultades económicas que se aproximan, porque, estiman, la empresa no abonará los sueldos de los choferes que participan de las medidas.
"Si esto sigue así el problema va a ser grande. Porque no le van a pagar a 1200 trabajadores que estamos acá. Es decir, 1200 familias quedarán sin sustento", declaró Marcolín a este medio. Y añadió: "Cada paso que dan apagan el fuego con nafta".
Para los choferes de la 60, tanto el accionar de la Justicia como la actitud de la empresa agravan la situación. El pasado lunes 13 de julio, la jueza María Romilda Servini de Cubría ordenó el desalojo de la cabecera de Constitución y dispuso cercar y custodiar el predio por efectivos de la Policía Federal, impidiendo el ingreso y la salida de toda persona. Así fue como quedaron insólitamente atrapados unos 22 choferes de la línea, sin agua, alimentos, ni medicamentos.
Además, la jueza prohibió la circulación de todas las unidades hasta tanto se cumpla una pericia técnica para verificar las condiciones de los coches, medida que comenzó a hacerse efectiva el pasado jueves. "Esto es un paso de desgaste más, porque en verificar estos coches van a tardar un montón de días", estimó el dirigente gremial.
El rol del Gobierno y la "complicidad" de la UTA
"Nos quieren asfixiar económicamente. Es parte de la política del Gobierno, que no quiere convocar a los trabajadores y al cuerpo de delegados a discutir este tema. Esto no se resuelve mirando para otro lado, o con los argumentos del señor Aníbal Fernández, que dice que es un problema de management, de ver quién maneja la empresa", cuestionó Marcolín.
"Me llama la atención el Gobierno, que pone tanta plata en subsidios y beneficia a patronales monopólicas como DOTA, que tiene 55 líneas y que acaba de comprar la 168, la 57 y la San Vicente. No sé cómo le siguen vendiendo líneas a una empresa que hace lock out patronal y que tiene parada nada menos que a la 60", se quejó.
Los delegados denuncian además que la Unión Tranviarios Automotor opera en beneficio del grupo D.O.T.A, que maneja directa o indirectamente 31 líneas de las 136 que hay en total, entre ellas la 60. El 11 de julio, el sindicato que lidera Roberto Fernández anunció que se había alcanzado un principio de acuerdo, pero el cuerpo de delegados lo negó. Los 53 despedidos seguían en la misma situación.
"Este conflicto se resuelve fácil, lo que pasa es que no lo quieren resolver. Quieren que nos caigamos porque a los trabajadores de la línea 60 nos ven como una verdadera oposición dentro del sindicato", sostuvo Marcolín. Y por último, dejó en claro: "Los trabajadores no nos entregamos y vamos a resistir. Porque además tenemos razón con respecto a los subsidios y también sobre los 53 despidos".
Corte, verificación técnica y choferes "sin registro"
El pasado jueves 22 a las 8 de la mañana, los choferes de Monsa realizaron un corte parcial en la autopista Panamericana, en el cruce con la ruta 197, a la altura de la localidad de General Pacheco. En esa oportunidad la Gendarmería desplegó un fuerte operativo para evitar que el bloqueo sea total, y luego de dos horas los trabajadores decidieron levantar la protesta.
Ese mismo día, a las once, en Guanahani e Ituzaingó, barrio de Constitución. Hace frío y el cielo amenaza con un gris húmedo de tormenta. En el acampe del "puente de hierro" apenas se oyen las voces de unos 15 choferes que conversan alrededor del fuego. Más allá, otro grupo dialoga entre mate y mate. En una de las carpas, un pibe duerme profundamente. Solo rompen la escena un vecino que pasea a su perro y este cronista, que se acerca a saludar.
Para pasar del otro lado del vallado policial hay que caminar unas 3 cuadras por Herrera, hasta encontrar la primera calle, Aristóbulo del Valle, y girar a la derecha. Luego hay que hacer unos doscientos metros más y retroceder por Guanahani. Las indicaciones de los choferes no fallan.
Por esa calle de empedrado que linda con las vías del tren llegaban, custodiados por motos de la policía, los primeros cinco colectivos que llevaron a los talleres de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) para la inspección. Según explicaron los delegados, los choferes que mandó la empresa para la inspección "ni siquiera tenían registro". Por eso son conducidos por algunos de los trabajadores que habían quedado encerrados en la cabecera. Y por eso los aplausos de todos los compañeros. Ángel "Guasón" Barrios está al volante de la unidad 6108. Frena el coche y se asoma a la ventanilla para dialogar con los medios.
- "¿Qué destraba el conflicto este?", pregunta un movilero de la televisión.
- "Es sencillo -responde el colectivero-, que los 53 despedidos estén adentro, que los días caídos se paguen, que le paguen a los delegados, que vuelvan las condiciones laborales de antes y listo. Acá se quiere atacar nuestro modo de trabajar, con prácticas antisindicales, con patotas, barras de Nueva Chicago amedrentando compañeros y despidos injustificados".
Y continuó: "Nosotros queremos que se respete el convenio colectivo de trabajo. Y queremos discutir a dónde va el subsidio: 105 mil pesos por mes por coche. Esta empresa en tres meses compró la línea 57, la 168 y la San Vicente. ¿Con qué plata? Con la plata del subsidio que le roba a toda la gente. Queremos la intervención del Estado, del Ministerio de Trabajo, de la UTA. Acá todos se lavan las manos".
Se oyen más aplausos. Detrás del colectivo que maneja Barrios llega el quinto micro, por el que todos preguntaban. Antes de arrancar, el "Guasón" agrega algo más. "Queremos dejar claro esto: somos todos laburantes".