El jueves por la tarde, en la sede nacional del PRO, Balcarce 412, unos 40 dirigentes se reunieron para lanzar oficialmente las tareas de fiscalización en todo el país. Allí, Paula Bertol, la directora de la Escuela de Gobierno, presentó el "Instructivo para Fiscales de Mesa. Elecciones 2015" –un folleto color que en diez páginas intenta explicar cómo cuidar "lo que la gente eligió ese día" – y una "Guía para el día de la elección", resumen del anterior, en blanco y negro, para tener a mano el 9 de agosto.
En el encuentro estuvo lo más granado del PRO, desde el jefe de campaña, Marcos Peña, hasta la líder de Unión por Todos, Patricia Bullrich, pasando por el secretario de Transporte y el ministro de Educación, los eficientes Guillermo "Guillo" Dietrich y Esteban Bullrich y el vicepresidente del Banco Ciudad, Juan Curutchet, por nombrar algunos.
Los convocó una preocupación que hasta las elecciones en Santa Fe no tenían: organizar la capacitación de fiscales propios en todo el país, sobre todo en el conurbano de Buenos Aires, donde vota el 23 por ciento del electorado.
Creer o reventar, el partido del candidato opositor que mejor mide en las encuestas no creyó que era necesario tener una estructura nacional con la que garantizar que cada voto que obtengan sea contabilizado. Y no porque nadie los haya alertado. Hace por lo menos un año que desde distintos ámbitos, políticos y empresariales, les vienen acercando ideas en ese sentido. Pero un poco por eso de que "las estructuras políticas no cuentan" en estos tiempos y también porque confiaban en que los partidos aliados y el sindicalismo harían ese trabajo, se dejaron estar.
El fallido operativo santafesino les hizo caer en la cuenta de que a los voluntarios que se anotaron por internet hay que chequearlos y que el tiempo que insume esa tarea es mayor que una capacitación en el lugar de votación. Además, aprendieron que los sindicalistas son muy buenos para defender a los trabajadores del gremio pero absolutamente inexpertos para fiscalizar elecciones. De paso, tomaron nota que los radicales están realmente enojados con el PRO, molestos porque se los destrató apenas terminado el esfuerzo de la Convención de Gualeguaychú, y no piensan hacer nada para defender candidatos que sienten ajenos.
Una pena que en el PRO no se hayan tomado su tiempo para leer el trabajo que en enero de 2014 publicó el Cippec, realizado por Julia Pomares y María Page, sobre la fiscalización electoral en los 24 distritos del conurbano, donde demostraron que sólo el Frente para la Victoria (FpV) y el Frente Renovador (FR) tenían fiscales en casi la totalidad de los establecimientos de votación y las mesas, en tanto los demás partidos estuvieron muy por debajo de un porcentaje que garantice el respeto al voto. El frente que lideró Francisco de Narváez cubrió el 26 por ciento de las mesas, la coalición que lideró la UCR apenas el 13 por ciento, el que comandó Gerónimo "Momo" Venegas el 9 por ciento y el Frente de Izquierda, apenas el 1.
En un sistema político de tipo clientelar, como es el que domina en el Conurbano, combinado con un sistema electoral que facilita el fraude, con boletas que tienen unos 80 centímetros de largo, siete categorías en disputa, y elecciones primarias, con varios candidatos en una misma coalición, la ausencia de una estructura de fiscales equivale a la imposibilidad de proteger la expresión democrática.
Que justamente sean el FpV y el FR los partidos que cubrieron la casi totalidad de mesas de votación es otra explicación de por qué el peronismo gobierna la provincia de Buenos Aires desde 1987 en forma ininterrumpida.
En este sentido, no deja de ser curioso que en el PRO estén convencidos de que "si el 65 por ciento de los bonaerenses cree que Daniel Scioli es un buen gobernador, entonces es un buen gobernador", como parece que dijo Jaime Durán Barba en una reunión de intelectuales, lo que supone un profundo pragmatismo, al mismo tiempo crean que el electorado romperá con la costumbre de votar al que gobierna y conocen, eligiendo a quien no le ofrece nada distinto y ni siquiera es cercano.
Molestos por el destrato del PRO, los radicales no piensan hacer nada para defender candidatos que sienten ajenos
Porque conocido y cercano, en los barrios pobres que se inundan cada dos por tres y no hay cloacas, es el puntero, al que ven todos los días porque vive en su mismo barrio y padece las mismas condiciones de inseguridad e injusticia, el que le resuelve algún problema urgente, aunque sea a cambio del voto cadena.
Como sea, tal vez porque la transición a ese nuevo mundo sin estructuras políticas todavía no llegó a toda la Argentina, el PRO se apeó de algunas de sus certezas, y se puso a diseñar una aplicación para la fiscalización, donde se ingresará el nombre, documento, número de escuela y mesa del fiscal, que luego fotografiará el acta. Así se lograría un doble objetivo, controlar el escrutinio y realizar una especie de boca de urna.
El programa digital no está terminado, y tal vez sea buenísimo, pero los fiscales de carne y hueso se siguen necesitando, porque alguien tiene que cargar la información. Así que armaron un plan urgente de capacitación, que desplegará la semana próxima responsables por todo el país, gente del PRO que -¡horror!- viene de la política, como Marcelo D'Aletto (actual subsecretario de Gobierno), Santiago Hardie, gerente general de la Fundación Pensar, o el legislador Héctor Huici.
En la misma noche del jueves, centenares de adherentes del PRO recibieron en su celular un mensaje de WhatsApp convocándolos a trabajar de fiscales en la provincia de Buenos Aires. "Estamos viviendo días históricos", "no podemos regalar ni un solo voto" y "te necesitamos a vos, a tus amigos, y a los amigos de tus amigos", decía. Como en un ruego, el mensaje concluyó con un "por favor sumate, por vos, por tus hijos, tus vecinos, y por cada argentino que espera un cambio".
Es evidente que en el PRO cayeron en la cuenta de que algo así como la realidad existe más allá de los focus group, y se pusieron a reclutar, tarde, gente propia. También se decidieron a capacitarla, porque es obvio que no cualquiera sabe cómo eludir las trampas de un experto compañero peronista en la mesa de votación, ni tiene vocación de agarrarse a las trompadas para defender una boleta en los lugares más complicados del Conurbano.
En efecto, hacer política en la provincia de Buenos Aires no es sencillo. Ni barato. A modo de viático, un fiscal cobrará un promedio de 400 pesos por el día. Si se tiene en cuenta que son 34.500 mesas, lo que obliga a pagar un mínimo de 50.000 personas, es decir un fiscal por mesa, un fiscal general por establecimiento, personal para el traslado y para la entrega de viandas, más fiscales de reemplazo, estamos hablando de 20 millones de pesos. A eso hay que sumarle los gastos de logística, combis y combustible, más la comida, otros 10 millones de pesos. Las boletas para distribuir antes y durante el día de votación, otros 50 millones de pesos. Un piso de 80 millones de pesos sólo para garantizar la estructura de fiscales y boletas el día de la elección, sin contabilizar capacitación ni tecnología.
La política se transformó en una herramienta estructuralmente injusta, inaccesible para las fuerzas que no tienen territorio. De todos modos, el PRO no tiene problemas de plata. Sus limitaciones pasan por una lectura tan fotográfica de la sociedad, que les impide poner en marcha la máquina de soñar que los argentinos siguen teniendo intacta, a la espera de que alguien sepa despertarla.