La organización no gubernamental Human Rights Foundation (HRF) responsabilizó al régimen cubano por las muertes de los líderes opositores Oswaldo Payá y Harold Cepero, al cumplirse tres años de su deceso.
Para la ONG la dictadura de Raúl Castro tuvo "responsabilidad directa" en el hecho. El informe jurídico fue divulgado ayer en Washington señala que la información revelada tras el suceso y "que no fue considerada en absoluto por el tribunal que condenó a Ángel Carromero", "sugiere" la implicación directa del régimen cubano.
El informe dejado de lado por la "justicia" cubana incluia declaraciones de testigos, pruebas físicas y periciales. El documento fue elaborado por Javier El-Hage y Roberto González. El mismo indica "la evidencia excluida de manera deliberada apunta a que los hechos ocurridos el 22 de julio de 2012 no fueron un accidente, sino el resultado de un incidente automovilístico provocado deliberadamente por agentes del Estado".
Según el documento -de 87 páginas-, el incidente tenía "la intención de asesinar a Oswaldo Payá y a los pasajeros que viajaban junto a él". El texto considera a Payá "el activista por la democracia en Cuba más importante de los últimos 25 años". Para HRF el régimen cubano violó los derechos de las familias de Payá y Cepero a participar de la investigación.
El condenado, Carromero, era quien conducía el automóvil que impactó con el vehículo en el que se trasladaban los opositores. HRF también dedica unas líneas a los derechos que Cuba le negó para su defensa en juicio. Las autoridades de la isla le negaron el acceso a un defensor judicial, poder comunicarse libre y confidencialmente con su defensor, y la posibilidad de contar con una defensa jurídica independiente y eficiente. Tampoco se le permitió una apelación eficaz.
"Se puede afirmar categóricamente que en Cuba no existe separación e independencia entre los poderes del Estado", por la subordinación del ámbito judicial a la dirigencia del Partido Comunista de Cuba, dice HRF. "También se puede afirmar categóricamente que en Cuba las autoridades violan de manera sistemática los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos. En este sentido, ningún ciudadano puede ejercer libremente sus derechos si tal ejercicio es considerado por las autoridades como contrario a 'la decisión del pueblo cubano de construir el socialismo y el comunismo'", añade el documento.
El gobierno de Castro "es responsable internacionalmente por la violación de los artículos 5, 8, 9, 10 y 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y los artículos 18, 25 y 26 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, desarrollados e interpretados por un amplio número de instrumentos internacionales que, en conjunto, constituyen un sistema jurídicamente vinculante de promoción y protección de los derechos humanos".
Mientras el documento era difundido en Washington, Castro continuaba con su agenda, tranquilamente. Ayer recibió al precandidato a presidente por el oficialismo argentino, Daniel Scioli, quien elogió por Twitter al mandatario cubano.