La Fiscalía de Brasil informó, el jueves, que abrió una investigación penal contra al ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva (2003-2010) por supuesto tráfico de influencia para beneficiar a la constructora involucrada en el escándalo de corrupción de Petrobras. "Está bajo investigación por un posible tráfico de influencia junto a dirigentes de otros países a favor de la empresa", dijo una funcionaria de prensa del Ministerio Público Federal (MPF) en Brasilia.
La investigación fue abierta formalmente el 8 de julio, después de un procedimiento preliminar sobre las actividades del ex mandatario, que por lo pronto no será llamado a declarar, añadió la vocera.
"Estamos tranquilos. El Instituto Lula tiene certeza de la transparencia y legalidad de las actividades del ex presidente Lula", indicó José Crispiniano, vocero de una fundación creada por el ex mandatario tras dejar el Gobierno. "Ya dimos todas las informaciones a la fiscal Mirella de Carvalho Aguiar este fin de semana y nos extraña que en tan poco tiempo haya analizado todo el material", añadió.
Lula habría utilizado su influencia internacional para que la empresa –una de las mayores firmas de construcción e ingeniería de América Latina– ganara contratos en países de la región y de África entre 2011 y 2014.
Un reportaje de la revista Época, publicado en mayo, indicó que varios de esos millonarios contratos eran financiados por el banco brasileño de fomento BNDES (estatal), donde Lula habría interferido para facilitar el acceso a los créditos. Estas prácticas podrían constituir delitos de tráfico de influencias dentro de Brasil y tráfico de influencias en transacción comercial internacional, y es eso lo que investiga la Fiscalía.
La firma habría financiado viajes del ex mandatario a países como Venezuela, República Dominicana, Cuba y Ghana, donde la constructora tenía interés en cerrar negocios, señaló Época en su momento.
El escándalo de la petrolera brasileña lanzó esquirlas tan dañinas que ni los intereses de la política pudieron ocultar. El fraude en Petrobras se estructuró en torno a un "club" de empresas que amañó licitaciones para adjudicarse obras contratadas por la estatal entre 2004 y 2014. Según confesaron algunos investigados, los sobornos pagados para obtener las concesiones fueron destinados a financiar partidos políticos y a engrosar fortunas personales de los involucrados.
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El mayor caso de corrupción en la historia del gigante sudamericano motivó numerosas causas y la apertura de investigaciones a 13 senadores, 22 diputados y dos gobernadores en funciones, sospechosos de haber participado en la trama de pago de sobornos a cambio de contratos en la estatal. Entre los acusados de corrupción y lavado de dinero está el ahora ex tesorero del gubernamental Partido de los Trabajadores (PT, izquierda) Joao Vaccari, que está arrestado desde abril.
El estallido de la crisis de Petrobras expuso a las principales empresas de infraestructura de Brasil por su actuación en las obras que licitaba la petrolera, principal inversora del país. Sus problemas arrastran, a su vez, a cientos de proveedores de menor escala.
La nueva fase de la investigación, denominada Operación Lava Jato ('lavadero de autos'), reveló una gigantesca red de sobornos ligados a la política que le costó más de 2.000 millones de dólares a Petrobras y tiene en jaque a todo el sector político y que incluso podría hacer caer al gobierno de Dilma Rousseff.
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