Cómo vive la comunidad Qom que hace cinco meses está en la 9 de Julio

"¿Abuela, qué estamos haciendo acá?", pregunta una nena aborigen que hace cinco meses vive en la carpa instalada por las comunidades Qom "Potae Napocna Navogoh", Pilagá, Wichí y Nivaclé en la intersección de las avenidas de Mayo y 9 de Julio. Con cinco años, no entiende por qué debe pasar frío, bañarse en una fuente, dormir en colchones rotos y apilados en medio de bolsas con donaciones, ollas con restos de comida y perros callejeros que corretean en busca de alguna sobra. Se la ve triste, aburrida, contemplando como un juego los bocinazos y el paso acelerado de los porteños.

Amanda Sijat (50) es la mujer de Félix Díaz, cacique y líder de los Qom de Formosa. Con los ojos llorosos, reconoce sentirse apenada por los cinco menores (de entre 2 y 4 años) y el bebé de tres meses que hace más de 140 días viven hacinados en una carpita donada y lindera a la que se alojan los mayores, en medio del caos porteño. Dos ya debieron ser asistidos en hospitales públicos de la Ciudad por las bajas temperaturas y, por resguardo, se encuentran aislados de los adultos.

La realidad –en el adentro y afuera- es opuesta a la que viven quienes caminan ignorando el acampe o quienes lo contemplan como si se tratara de una atracción turística. "No hay gas, ni agua ni luz, solo resistencia. Territorio robado, será recuperado", sostiene Amanda, mientras iza una Wiphala, la bandera multicolor que los representa y que se mezcla con el mural de fondo de Eva Perón que viste al Ministerio de Desarrollo Social.

Los aborígenes de Formosa -donde hay unas 110 comunidades en total- piden ser recibidos por la Presidente para "debatir y encontrar soluciones" a la pérdida de 7 mil hectáreas de tierra que "le fueron sacadas" por las autoridades provinciales de Formosa. Exigen además que la Corte Suprema haga cumplir las leyes nacionales y los tratados internacionales que los protegen, como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. No obstante, los funcionarios nacionales son renuentes a reunirse con ellos porque dicen que la puja depende de otra jurisdicción.

"Solo nos juntamos con el secretario de Derechos Humanos y le planteamos que interceda para facilitar el diálogo que queremos tener con la Presidente. Este tema no es menor, es muy grave por las dificultades que tenemos en las relaciones institucionales como salud pública, justicia. Nos han cerrado todas las puertas entonces es difícil sostener la lucha porque tiene que ver con la vida misma. El origen del conflicto es el territorio que nos fue quitado", explicó el líder de la comunidad Qom tras sostener que no dejarán de acampar hasta tanto no sean recibidos por la jefa de Estado.

Félix está preocupado por el cansancio de los casi 50 aborígenes que lo siguieron a Buenos Aires y quiere una mesa de diálogo para que todos se vuelvan a Formosa conformes. Cuenta que se siente "desplazado, ignorado y desvalorizado" por un Gobierno que los esperanzó con "promesas de autonomía, autogobierno y autodeterminación" durante la presidencia de Néstor Kirchner (en referencia a la Ley de Emergencia Territorial) y que -acusan- se olvidó luego de los pueblos aborígenes. "El conflicto aborigen no está en la agenda política", lamenta.

"El gobierno de Formosa beneficia a los punteros políticos. Desde 1940 se ha reconocido nuestra zona como reserva indígena y fue ratificado en los años 52, 63 y 77. Siempre se mantuvo la superficie de 5 mil hectáreas. Lo primero que hizo Gildo Insfrán al asumir como gobernador fue reducir la categoría del Instituto de Comunidad Aborigen y perdimos autoridad de resolver problemas territoriales, sociales y jurídicos, además de ingresos presupuestarios para manejar cuestiones de salud, educación, asistencia agrícola y otras necesidades de los pueblos indígenas. Ahí empezó a flaquear la dirigencia indígena y se crearon las asociaciones civiles que fueron el origen de los conflictos territoriales", explicó el cacique que conduce la lucha y que considera que el Gobierno nacional solo los utiliza en sus discursos.

"No hay una sinceridad de una política seria donde respeten los verdaderos derechos humanos de diferentes personas porque entendemos que este país tiene diversas culturas que viven acá y lo único que se consigue es que tengan DNI para ser útiles en las elecciones. Los problemas los resuelven con las migajas que el Estado les da a los ciudadanos para que se mantengan quietos y que no se opongan al modelo nacional y de cada municipio. Es lamentable lo que está pasando. Estamos sufriendo contaminación ambiental, están destruyendo los montes, contaminando las aguas donde ahora el Gobierno de Formosa desecha basura cloacal, la tala de los bosques que produce sequía e inconvenientes para la alimentación. Estamos muy preocupados por la seguridad jurídica de nuestras tierras", agrega.

Félix cuenta que solo conservan 3.300 hectáreas de 10 mil, ya que el resto fueron cedidas a parques nacionales y multinacionales: "El Gobierno buscó la manera de dividir a la gente. En el año 1979 fuimos despojados cuando el Gobierno de la Provincia le cede a Parques Nacionales parte de nuestro territorio indígena. Perdimos 50 hectáreas de tierra y la situación por la que pasamos fue muy crítica. Nadie sabía cómo dirigir la comisión directiva porque el cacique no sabe leer ni escribir. En algunos papeles aparece la firma de los caciques que ceden parte de sus territorios sin saberlo".

Su mujer, Amanda, se agarra la cabeza e intercede en la charla para agregar que ellos viven de la tierra. Piensa en sus ancestros y qué dirían ante el arrebato: "Esto antes no pasaba", subraya. Para ella no hay como las artesanías y el monte que "sana a las personas" y es su medio de vida. Allí pescan, plantan mandioca, batata, maíz y crían gallinas. Ahí quedaron sus hijos solos, en la casa de palma que alguna vez construyeron. Extraña el monte porque "quita las tristezas y sana a las personas".

"Antes en el campo existía la libertad de agarrar lo que necesitábamos. Ahora, somos vigilados por la policía de Formosa. No queremos que el Gobierno nos quite las cosas que nos pertenecen. Como originarios, nosotros también tenemos el derecho de conservar nuestras tierras. El gobernador siempre apoya a los paraguayos que entran y se quieren apropiar de nuestros territorios. Nosotros cuidamos el bosque. Nunca cortamos árboles, usamos leña. Los árboles tienen corazón y también quieren vivir", señala.

El enojo es evidente, como un grito indígena. Sienten desprotección e indiferencia, pero prometen continuar con la lucha. Su indignación –precisa Amanda- gira en torno a la "falta de interés de la Presidenta y el gobierno provincial de Formosa por los pueblos originarios". "El Gobierno siempre hace y dice que está todo bien, pero es una mentira. Hay una imagen que muestran para tapar las cosas que pasan en nuestras comunidades. Sentimos que Argentina hace lo que quiere para despojar a la gente originaria. La Presidenta es madre como yo y debería entender lo que reclamamos. Me da pena ver que cuando necesitan el voto, siempre están al lado nuestro. Ahora, cuando nosotros los necesitamos, nunca aparecen. Nos odian, nos discriminan, pero en elecciones ellos buscan a los pobres porque el pobre siempre pone el voto. Me da tristeza porque si tienen corazón bueno nos tienen que ayudar para que no suframos como lo estamos haciendo ahora",

Néstor Gómez (33) es de la comunidad de Riacho de Oro y también resiste en la 9 de Julio desde febrero. Como tantos otros de sus compañeros indígenas, se vio forzado a dejar a su familia en Formosa. Sus ojos delatan bronca: "Es un dolor muy grande que nos saquen las tierras. Para el gobernador de Formosa fue más fácil anular la ley 426 de Derecho Nacional e Internacional sobre comunidades indígenas con el decreto 324. Cuántas veces viene un empresario y nos dice que la tierra es de él. Nosotros, sorprendidos. En los enfrentamientos por resistir, no sabes si morís", relata.

Y concluye: "Creo que al gobierno nacional no le importan nada los pueblos originarios. Por eso todavía es que estamos acá en la avenida. Como originario, me siento discriminado totalmente. Cuando fuimos a entregar un petitorio con Félix, Adolfo Pérez Esquivel y Nora Cortiñas a Casa Rosada, no nos dejaron entrar y lo agarraron a través de una reja. Mi deseo es que nos atienda la Presidenta para poder plantearle la situación que estamos viviendo. Funcionarios de Formosa jamás ensuciaron sus zapatos para ver cómo se vive en las comunidades. Hay muchos casos de Mal de Chagas y pulmonía en los pueblos originarios. Lo que se puede se cura con medicinas naturales. Necesitamos que nos devuelvan nuestra tierra porque vivimos de ella. Me da bronca que la Presidenta asuma que todo es una maravilla en sus discursos cuando la realidad es otra. Siento que no tenemos voz, que no somos escuchados".

Por último, Félix denuncia que el gobierno de Formosa les cerró las puertas y hasta los reprime para quitarles la tierra: "El 23 de noviembre de 2010, quemaron nuestras casas, mataron a balazos a dos hermanos indígenas (Roberto López y Sixto Gómez) y nos quemaron documentos importantes de reserva nacional indígena que eran fundamentales para poder mostrar la verdad. Nos crearon causas penales y civiles para acorralarnos y esconder los problemas. Seguimos mendigando justicia, derechos humanos, que nos reconozcan en serio. No puede ser que un gobierno democrático nos aísle con la indiferencia".

Tras esa represión en 2010, acamparon en la 9 de Julio para reclamar lo mismo: tener una audiencia con la Presidente. En ese entonces, fueron recibidos por el ministro del Interior, Florencio Randazzo; y el presidente del máximo tribunal, Ricardo Lorenzetti. Allí, el ministro de Gobierno de Formosa, Jorge González, minimizó los reclamos y denuncias de las comunidades aborígenes y aseguró que el gobernador Insfrán realizó "innumerables inversiones en materia de infraestructura para mejorar la calidad de vida de las más de 90 comunidades originarias" que habitan en la provincia. El miércoles pasado, efectivos de la Policía Federal se acercaron al acampe, pero la presencia de la prensa empañó las intenciones de desalojo.

Amparo indígena a la Corte

La procuradora fiscal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Irma Adriana García Netto, dictaminó que corresponde a ese tribunal la competencia originaria para intervenir ante un amparo colectivo presentado por la comunidad Qom "Potae Napocna Navogoh", en el que requirió, entre otras cuestiones, el reconocimiento de la posesión de tierras tradicionales ubicadas en el departamento de Pilcomayo, en la provincia de Formosa, que les niega Gildo Insfrán. La demanda alcanza al Estado Nacional, al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), a la Administración de Parques Nacionales (APN), a la Universidad Nacional de Formosa y al gobierno de la provincia. Asimismo, a través del patrocinio de su defensor oficial, había solicitado medidas transitorias para proteger los derechos sobre las tierras "hasta tanto se realice el reconocimiento peticionado", y la confección del título y escrituración correspondientes.

El expediente llegó a esa instancia luego de que la Cámara Federal de Resistencia revocara lo resuelto por un conjuez federal de Formosa -quien había declarado su incompetencia en favor de la justicia provincial-, y entendió que el máximo tribunal debe conocer en el pleito. García Netto señaló que "surgen intereses contrapuestos" entre la Nación y la provincia norteña: "el primero reconoció territorio a la comunidad actora, denominando la zona como 'Colonia Aborigen La Primavera' [decretos 80.513/40 y 3297/52] y creó el Parque Nacional Río Pilcomayo [leyes 14.073 y 17.915]. Por el otro, la Provincia de Formosa, adjudicándose la titularidad de parte de estas tierras, los cedió a la familia C. y al Instituto Universitario de Formosa por medio de las resoluciones 1107/07 y 33/10". Como el INAI y la APN están habilitados para litigar ante el fuero federal y la provincia para hacerlo ante la Corte Suprema, "la única forma de conciliar ambos privilegios es sustanciando el pleito en esta última".

En otro tramo del dictamen, la procuradora fiscal explicó que "el proceso constituye una 'causa indígena' de carácter federal, pues la comunidad actora denuncia la violación del derecho de propiedad" y el estado también "se adjudica la titularidad de parte de los territorios, afectándose los arts. 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 75, inc. 17, de la Constitución Nacional". La carta magna establece en ese inciso que corresponde al Congreso reconocer "la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano". Finalmente, subrayó que los mandatos de los artículos 1, 2 y 28 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos "se hallan indisolublemente interrelacionados y exigen a los Estados federales adoptar medidas positivas de cooperación y coordinación con sus provincias, para hacer cumplir los derechos consagrados en ese tratado".