La defensa de la jueza 31 de Control de Caracas, los abogados José Amalio Graterol y Thelma Fernández comparecieron ante el Juzgado 17° de Caracas, donde constataron que fue anexada al expediente de Afiuni una solicitud de la Fiscalía 37° del Ministerio Público. Esa trata de justificar el comportamiento de la fiscal general Luisa Ortega Díaz durante el examen ante expertos en Derechos Humanos de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, en junio de 2015.
En el documento que presentó la fiscal, la jueza Afiuni no habría sufrido de violaciones ni torturas durante su estadía en el INOF. Aseguró que estaba firmando de su puño y letra, y donde negaría lo publicado en el libro Afiuni, la presa del Comandante.
Graterol señaló, en primer lugar, que la actuación del juez Manuel Bognanno al mantener oculta la solicitud del Ministerio Público durante más de 48 horas y que fue divulgada a los medios, y que no estaría anexada a ningún otro documento, constituye una causal de destitución, de acuerdo con el Código de Ética del Juez venezolano.
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Ambos abogados consideran que la solicitud del Ministerio Público es absolutamente "impertinente", y en consecuencia solicitaron al Tribunal de la causa la desentimación del documento, debido a que no guarda ninguna relación con el proceso penal que se sigue contra María de Lourdes Afiuni.
"Esto lo único que evidencia es el estado de desesperación que tiene la Fiscalía General de justificar la infamia levantada en la ONU contra la jueza Afiuni, al extremo que, dentro de esta solicitud, se encuentra inmersa una clara extorsión al condicionar la posibilidad de que la jueza Afiuni sea autorizada a viajar fuera del país y ejercerza su defensa en instancias internacionales, si se presta a dar muestra manuscrita de su firma para luego ser sometida a experticias grafotécnicas. Prueba que sería practicada por funcionarios que están bajo la subordinación de la misma Fiscal General de la República", dijo el abogado.
Asimismo, informó Graterol que acudieron hasta la sede del Ministerio Publico en donde se consignó en el despacho de la Fiscal General una solicitud exigiéndole la entrega del documento presentado por ella en la ONU supuestamente suscrito por Afiuni, del cual destacó Graterol, "ya tenemos conocimiento de su contenido".
"Es un intento de justificar lo injustificable, puesto que de manera irresponsable, la Fiscal General de la Nación afirmo ante la ONU tener en sus manos un documento que sencillamente no existe y por lo tanto mintió deliberadamente"
Por su parte la abogado Thelma Fernández expreso:
"No obstante, que este nuevo escrito presentado por el Ministerio Fiscal no guarda relación con la causa penal, hemos dejado constancia por escrito, que el acta presentada en la solicitud fiscal no se trata de la misma presentada por la Fiscal General en la ONU, además el acta a la cual hace referencia esta Fiscalía, fechada el 09-07-2010, fue encontrada, luego de una afanosa búsqueda, en fecha 06-07-2010, es decir, siete (7) días después de que la fiscal dijo haberla consignado en la ONU; por otro lado, al tener esa acta fechada el 09-07-2010, es evidente que fue levantada dos (2) años antes a la publicación del libro Afiuni la presa del Comandante, del cual hace referencia la Fiscal General en la ONU, aunado a ello, hemos tenido conocimiento de que el escrito presentado por la Fiscal General en Ginebra data del mes de noviembre de 2010, es decir, que tampoco coincide con la publicación del libro en cuestión y finalmente el contenido esta acta consignada por la Fiscalía 37°, en ninguna de sus partes señala que la jueza Afiuni no fue víctima de violación, ni de tortura."
El Ministerio Público avaló que la jueza Afiuni pueda ir a cualquier instancia internacional a exponer su caso, donde se pretende desmentir las declaraciones que ha dado durante los últimos meses la Fiscal General de Venezuela.
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