Otra vez el juez neoyorquino Thomas Griesa está detrás de un juicio que involucra a la Argentina y los holdouts. En esta oportunidad, el magistrado dispuso hasta agosto como tiempo límite para que la nacionalizada YPF rechace una demanda por incumplimientos legales durante la expropiación.
Quien está detrás de la acción judicial es Burford Capital Limited, un megabufete internacional con activos por más de u$s500 millones que se dedica a la industria del litigio corporativo. Lo que hizo este grupo especulativo fue comprar el juicio que tenían las firmas Petersen Energía Inversora y Petersen Energía contra la petrolera, y que habían sido creadas en 2008 para adquirir el 25% de las acciones de YPF.
Después de la estatización, ambas empresas de la familia Esquenazi fueron a la bancarrota y perdieron el control de los activos de la compañía hidrocarburífera. Más tarde, la justicia española habilitó la chance de que los administradores de la quiebra, que ya no eran los Esquenazi, vendieran el litigio y ahí fue que la causa cambió de manos.
El escrito presentado por Burford argumenta que el gobierno argentino, al momento de lanzar la expropiación de la mayoría accionaria en abril de 2012, no realizó una oferta pública de adquisición sobre las acciones a un precio predeterminado para retomar el control de la firma, tal como lo establecían "los estatutos de YPF". Todavía se desconoce cuánto es el monto de la demanda, pero se descarta que es millonaria.
Este miércoles, el juez Thomas Griesa estableció que la petrolera tiene hasta el 17 de agosto para poner a disposición "su respuesta o moción para rechazar la demanda" que presentó Burford a principios de abril, publicó La Nación.
El bufete "buitre" tiene a su favor que el propio ministro de Economía, Axel Kicillof, reconoció las irregularidades cometidas durante el proceso de estatización. "Créanme que si uno quería comprar acciones para entrar a la compañía y pasaba el 15 por ciento, pisaba la trampa del oso y tenía que comprar el ciento por ciento a un valor equivalente a 19.000 millones de dólares. ¡Porque los tarados son los que piensan que el Estado tiene que ser estúpido y comprar todo según la ley de la propia YPF, respetando su estatuto!", admitió. Ese discurso fue incorporado a la presentación de Burford.
Según el texto de Griesa, si la empresa que conduce Miguel Galuccio rechaza la demanda, el litigante tendrá un plazo de hasta 45 días pero no menos de 30 para plantear cualquier recurso. Luego la firma argentina tendrá otros 25 días para elevar sus quejas.
De acuerdo al matutino, se espera que YPF conteste que no tuvo nada que ver con la estatización del 51% de las acciones de Repsol, porque eso fue una decisión del Poder Ejecutivo en la que no tuvo injerencia la petrolera.