La Justicia cerró las puertas a la insólita pretensión del ex juez laboral Julián Quevedo, de Entre Ríos, quien intentó censurar a los buscadores Google y Yahoo, al DiarioJunio, al periodista Carlos Gastaldi y una serie de blogs, con el objetivo de que no reproduzcan dos solicitadas en las que su nombre aparece exigiendo la liberación de militares y policías detenidos por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura.
A través de su abogado Roberto Beheran, el ex juez presentó un recurso de habeas data, pese a que, tal como remarcó el CELS –que se presentó en la causa– la ley de protección de datos personales "no se aplica a los medios de prensa", algo que está expresamente aclarado en el artículo 1 de la norma. En su escrito, el letrado llegó a recordar que "los antiguos consideraban a la maledicencia (calumnia) un delito tan grave que merecía la pena de muerte".
La mecha la encendió un artículo publicado en DiarioJunio, en el que se señalaba que el nombre de Julián Genaro Quevedo aparece en una solicitada de 2002 titulada "Apoyo de las FFAA, Seguridad y Policiales" y otra de 2003 a favor de la liberación del represor Ricardo Cavallo.
Aunque el ex magistrado argumentó que no había pruebas para probar que él las había firmado, Gastaldi sostuvo había motivos suficientes para pensarlo, ya que su suegro, el general Raúl Ortiz, fue uno de los militares perjudicados con la inconstitucionalidad de las leyes de punto final y obediencia debida.
"Nuestra información fue oportuna. La publicamos en carácter de primicia y cuando aún no se sabía que lo acababan de nombrar juez. Se nos castigó por poner en evidencia algo que circulaba en la web hacía 10 años", explicó Gastaldi a Infobae. "Quevedo pudo haber pedido un habeas data antes de haber sido nombrado juez y no lo hizo. Lo hizo una vez que lo nombraron interinamente porque de lo contrario su futuro como tal no tenía destino ya que la constitución de Entre Ríos prohibiría su nombramiento", añadió.
En una decisión que despertó el repudio de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN), varios periodistas, el CELS y las dos cámaras de la Legislatura provincial, la jueza federal Beatriz Aranguren ordenó la censura y les dio a Google y a Yahoo 10 días para "eliminar y/o bloquear toda posibilidad de que por medio de sus buscadores pueda accederse al contenido de los blogs que poseen información falaz respecto al accionante".
Sin embargo, tras la apelación de Google, DiarioJunio y Gastaldi, la decisión fue revertida por la Cámara de Apelaciones de Paraná, en un fallo que finalmente fue confirmado ya que tampoco le fue concedido el recurso extraordinario que presentó el abogado de Quevedo.
"Se dejó pasar mucho tiempo, pero al fin la justicia impidió que se consumara el ataque a la libertad de expresión por la que tantos periodistas dieron su vida", evaluó el abogado de DiarioJunio y de Gastaldi, Rubén Pagliotto, presidente del Colegio de Abogados de Paraná. "Es inaceptable que un señor que no soporta los archivos eche mano a la justicia para arremeter contra los periodistas", sostuvo.
Quevedo fue nombrado en 2011 como juez laboral subrogante, pero su carrera duró poco. En octubre del año siguiente, el mismo Tribunal Superior de Justicia de Entre Ríos que lo designó, lo removió, aunque no por su apoyo a las violaciones de derechos humanos, sino por la lentitud con la que se movían los expedientes a su cargo.