Revés para la intención del poder Ejecutivo de Guatemala de conseguir impunidad

Los casos de corrupción siguen en el centro de la escena política en Guatemala. Dos semanas atrás fue desarticulada una compleja red de empleados aduaneros y funcionarios gubernamentales, entre los cuales se destaca la presencia del secretario de la vicepresidencia, vinculado a hechos de contrabando y corrupción.

Esta extensa estructura fue desmembrada por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), una entidad que es financiada por Naciones Unidas y cuyo objetivo es combatir la corrupción en el país centroamericano.

El caso no solo provocó un fuerte cimbronazo en la arena política guatemalteca por haber estado involucrada la vicepresidente Roxana Baldetti, sino también por el futuro del organismo internacional.

Ante esta inquietante y escandalosa realidad política, el presidente Otto Pérez Molina, quien en un primer momento se oponía rotundamente a la continuidad de la CICIG, quedó contra las cuerdas a la hora de decidir sobre su futuro.

La licencia del organismo vence el próximo mes de septiembre, y el jefe de Estado es quien tiene la facultad de aprobar su extensión o no. En un primer momento su negativa parecía irreversible. Pero ante los últimos sucesos, sumados a las presiones internacionales, dio marcha atrás y el pasado viernes garantizó dos años más de la entidad financiada por Naciones Unidas.

"El gobierno pretendía no renovar para evitar ser investigado", aseguró, bajo anonimato, una fuente local consultada por Infobae. "Ahora la CICIG va a tener la oportunidad de seguir investigando a Otto Pérez cuando ya no sea presidente", añadió.

El país centroamericano tendrá elecciones el próximo 6 de septiembre de 2015. Ya fuera del poder, y con dos años más de la CICIG, periodistas locales consultados por este medio coincidieron en que el presidente podría quedar muy expuesto.

Sin embargo, hay quienes especulan que el jefe de Estado podría haber llegado a un acuerdo con Estados Unidos a cambio de inmunidad para no ser investigado, al igual que Mauricio López Bonilla, su ministro de Gobernación, y otros funcionarios cercanos al Poder Ejecutivo.

El portal local Plaza Pública indicó en su edición del viernes que, según fuentes consultadas, la "protección" o "blindaje" para el presidente y sus allegados "comenzó a negociarse de manera directa con el gobierno de Estados Unidos", el principal interesado en la extensión de la Comisión.

El encargado de dirigir las negociaciones en Guatemala fue López Bonilla, uno de los supuestos beneficiados por este acuerdo, mientras que diplomáticos guatemaltecos se encargaron de gestionar la "impunidad" en Washington.

Una fuente del Ejecutiva, que no reveló su identidad, aseguró a ese medio que el arreglo consiste en que Pérez Molina, Baldetti y López Bonilla "no sean tocados, alcanzados ni investigados". No obstante, en el caso de la vicepresidenta sería muy difícil que no sea la única "sacrificada", ya que tiene encima avanzados procesos de investigación no sólo por la CICIG, sino también por Estados Unidos, agregó ese contacto a Plaza Pública. Algunos de esos casos vinculan a la funcionaria con el narcotráfico y lavado de dinero.

El gobierno de Barack Obama se pronunció a favor de la continuidad de la Comisión e instó al gobierno guatemalteco a seguir por ese camino.

"La CICIG debe ser extendida, y obviamente es una decisión soberana que ustedes deben tomar", expresó el vicepresidente norteamericano, Joe Biden, durante una visita al país centroamericano.

Estados Unidos ofreció una importante suma de dinero para destinar a distintos campos, como por ejemplo en seguridad. Ante esta inmejorable oportunidad de atraer capitales que son muy necesarios para el país, Pérez Molina se vio expuesto ante una nueva presión.

"El año pasado el presidente estaba más con la idea de no seguir con la CICIG. Pero en el último tiempo pasaron muchas cosas. Obama por ejemplo habló de promover el desarrollo en el país, destinar dinero para seguridad y desarrollo", explicó una de las fuentes.

"Con la situación de la defraudación se acrecentó la opinión favorable hacia la CICIG", apuntó otra fuente que también pidió reservar su identidad.

A pesar de las especulaciones que giran en torno a la decisión del presidente Pérez Molina, el gobernante Partido Patriota quedó muy vulnerable y expuesto. A causa del escándalo de defraudación la vicepresidenta, quien además es investigada desde hace años por su patrimonio, quedó en el ojo de la tormento. Alejandro Sinibaldi, el funcionario que se presentaba como potencial candidato a la presidencia por el oficialismo, en tanto, apuntó contra Baldetti y renunció a la militancia del partido.

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"Hasta la cúpula de los empresarios solicitaron la extensión del mandato de la CICIG", añadió una de las fuentes.

Otro medio de presión que también influyó en la decisión final de Pérez Molina fue la respuesta de la gente. A través de la red social Twitter, con el hashtag "#CICIGsi", un grupo de usuarios se unió a la causa por la continuidad de la Comisión, e incluso muchos solicitaron la renuncia tanto de la vicepresidenta como del presidente.

"¡Que renuncien Pérez Molina y Baldetti!", eran algunas de las leyendas que se podía leer en las cientos de fotografías que compartieron los internautas.

Aunque el Ejecutivo aprobó la continuidad de la Comisión, el descontento persiste en los guatemaltecos. Este sábado, cerca de 10.000 personas se movilizaron en la capital para pedir las renuncias de Pérez Molina y Baldetti. "Ya no queremos que los ladrones nos sigan gobernando", se pudo leer en algunas de las pancartas de protesta.

Las fuentes consultadas por este medio coincidieron en la importancia de la extensión de la CICIG. "El Gobierno no quería que se quedara la CICIG, pues tiene buena parte del control en cortes y fiscalías. Ese dominio lo rompe la comisión", indicó una de las fuentes.

"Todavía no podemos hacerlo solos. Necesitamos de apoyo internacional para combatir la corrupción", coincidieron.