Trata de personas y explotación sexual: así operan las mafias en Capital Federal

Reflejan bronca los gestos en las caras de las mujeres que desfilan bajo control de proxenetas en los prostíbulos. El ambiente donde desarrollan su juventud es asqueroso: cocaína, paco, olores nauseabundos, adictos, vagabundos, transeúntes que las explotan sexualmente y delincuentes violentos. En el bajo mundo porteño, por las entrañas de Once y Congreso, los integrantes de las mafias trabajan a cara descubierta en domicilios que fueron investigados reiteradas veces, e incluso allanados.

En diálogo con este medio, consultado sobre la zona de Once, un investigador calificado de Comodoro Py definió como "terrible y caótica" la esencia de la coyuntura en dos puntos relacionados a la inseguridad: tráfico sexual y expansión de bandas narco.

Lo ratificaron, también, miembros de la asociación civil La Alameda: "El escenario es de mafiosidad". Por otro lado, un fiscal confirmó estar recibiendo información sobre enfrentamientos entre bandas de ciudadanos dominicanos. Las más recientes, sobre el asfalto de Constitución. Aquí, cabe destacar que la presencia de personas centroamericanas también es claramente perceptible en los antros de explotación alrededor de la plaza Miserere y la estación cabecera del Ferrocarril Sarmiento.

Sin embargo, las peores condiciones para las mujeres prostituidas no están en la principal ciudad del país. Marcelo Colombo, titular de la Procuraduría contra la Trata y la Explotación, dijo esta semana: "En las provincias, las whiskerías están apartadas de las localidades y la condición de vulnerabilidad es aún mayor. Una mujer que es extranjera, explotada en la ruta, si en algún momento puede llegar a escapar o salir, no sabe ni siquiera dónde está".

Germán Díaz, abogado e investigador de la Fundación María de los Ángeles, creada por Susana Trimarco, explicó: "La trata de personas existe por la complicidad de corruptos en la Justicia, las fuerzas de seguridad y algunos sectores políticos. La connivencia mafiosa facilita el accionar de las organizaciones".

En esta nota, tres casos concretos que sirven como esquema para comprender el simple pero corrupto entramado que permite a grupos de delincuentes producir ganancias a través de la explotación sexual de mujeres, muchas de ellas nacidas en pobreza o marginalidad.

El primer caso: una vivienda ubicada sobre la misma cuadra de la Asociación Escuela Cangallo, un colegio fundado en 1898. Está en la calle Teniente General Juan Domingo Perón, altura 2123. Hasta la última intervención judicial, la casa de puerta marrón era manejada por Sandra Carina Rodríguez, acusada de comerciar y generar ganancias monetarias con los cuerpos de tres mujeres, según el juez Ariel Lijo explica en un procesamiento el 5 de junio de 2014. Al cierre de esta crónica, mientras la mujer espera su juicio, el prostíbulo sigue funcionando.

Rodríguez regenteaba el tugurio y tenía registrados 50 teléfonos a su nombre. El lugar fue clausurado el 26 de octubre de 2013. Infobae corroboró la presencia de más de cinco mujeres, en distintos días y horarios, cuando el sitio debería estar cerrado. La continuidad en esa casona podría significar que la mujer enjuiciada era apenas un peón de la banda. Actualmente, las tarifas para utilizar como objeto a las personas allí explotadas superan los $100 pesos.

El juez aportó un dato clave al revelar que posee denuncias sobre protección de la Comisaría 5° para los presuntos tratantes. Lijo escribió en el documento que las víctimas hablaron sobre la connivencia, pero admite que no se pudo identificar a los agentes federales involucrados.

Una de las mujeres prostituidas venía de Brasil, otra de Paraguay y la restante había nacido en el país. Consultadas por los investigadores, se negaron a dar datos sobre cómo llegaron hasta allí. A través de su narración, dieron cuenta de que permanecieron en otros prostíbulos, y los datos sugieren que la organización captaba jóvenes con falsos avisos laborales. Agentes policiales concurrían a la propiedad para mantener relaciones sexuales, según los testimonios de las jóvenes.

Sobre los relatos de las víctimas, funcionarios judiciales dicen en un escrito de este caso: "Suelen ocultar datos o información significativa de las personas que regentean los prostíbulos o de quienes obtienen rédito económico de su explotación. En muchas oportunidades, esto sucede también como consecuencia del aleccionamiento o amenazas por parte de los dueños y encargados". Básicamente: pese a ser liberadas, temen ser asesinadas.

En este sentido, un dato clave es que el Gobierno aún no reglamentó todos los artículos de la ley contra la trata, sancionada en 2012. "Eso puede generar problemas para la asistencia de la víctima, y es grave", dijo el procurador especializado Marcelo Colombo.

Una conclusión de datos aportados por las mujeres explotadas en el domicilio de Perón 2123, también plasmada en el procesamiento, dice: "La total connivencia policial era una circunstancia clara y cotidiana para las mujeres explotadas. Se les mostraba que agentes policiales, muchas veces correspondientes a las comisarías con jurisdicción en la zona del privado, conocían sobre las actividades que allí tenían lugar, recibían dinero a cambio de protección, mantenían a los explotadores 'avisados' sobre investigaciones judiciales o allanamientos, retenían un dominio territorial en la zona, y tenían una relación frecuente con sus explotadores".

El segundo caso: un departamento ubicado a una cuadra del Congreso Nacional, sobre la calle Montevideo altura 55. Fue investigado más de 10 veces y, aun así, los clientes llaman y asisten. En octubre de 2013, se rescataron 14 víctimas, según un fallo de Lijo. Este medio confirmó en más de una oportunidad que el lugar aún abre, mientras las personas procesadas y acusadas de regentear ese, y otros antros, se encaminan a un juicio. Desde que comenzaron a operar, contaban con un especialista encargado de reinstalar las líneas telefónicas después de los allanamientos.

La investigación revela que operaban con un encargado de seguridad y al menos diez "volanteros", que también ofician como centinelas. Para generar una falsa pantalla legal, allí, como sucedió en otros prostíbulos, inscribían a las mujeres en la Asociación de Mujeres Meretrices (AMMAR), un gremio de 'trabajadoras sexuales' que integra tanto la CTA de Hugo Yasky como la de Pablo Micheli.

A uno de los cabecillas de la organización, llamado Maximiliano Castrillón, se lo acusa de explotar a más de diez mujeres en diversos domicilios, junto a otras dos personas. Argumentó ser un simple repartidor de volantes que trabajaba para alguien. Un dato a destacar es que la propiedad de Montevideo 55 antes era manejada por otra banda que espera juicio, la de Carlos Daniel Morales Comini, según documentos del Centro de Información Judicial. Entre las dos organizaciones había frecuentes contactos por el lazo familiar de algunos integrantes.

La casa de Tucumán 2058 fue una de las viviendas allanadas que no volvió a funcionar, y que dejaban a Castrillón una ganancia de al menos $5000, por día. Actualmente, las ventanas están cerradas con maderas y vecinos consultados dijeron que no hay movimiento.

Sobre la vivienda de Montevideo que aún funciona, agentes judiciales describen falta de higiene y condiciones de habitabilidad. El dato más importante: este búnker de prostitución fue un blanco en al menos 15 investigaciones penales. Los precios de la explotación van de $150 pesos en adelante por cada cliente.

"El modo de captación aun no queda claro", señalan los investigadores sobre la metodología utilizada para retener mujeres. En el testimonio de las víctimas rescatadas aparece, de nuevo, AMMAR. Se secuestraron credenciales del gremio, que, según los testigos, facilitaba los exámenes médicos colectivos.

Sobre los niveles de violencia, la resolución del procesamiento es clara: "La integridad física y la vida de las mujeres eran amenazadas por sus explotadores, que las consideraban de su propiedad" y "les requerían que hicieran diligencias que excedían el intercambio sexual con clientes". Además, el magistrado agrega: "Un elemento central del sometimiento en que se encontraban las víctimas era que las actividades se desarrollaban con total connivencia policial".

El tercer y último caso: un hotel a dos cuadras de Plaza Miserere y la estación Once del Ferrocarril Sarmiento. Sobre la calle General Urquiza altura 178. Hace menos de un año, en la puerta, cuatro sicarios balearon desde un auto de alta gama a una pareja que vivía en el lugar.

Actualmente, Infobae comprobó que allí funciona un reducto donde hay oferta sexual. Tras ventanas deterioradas y una puerta de metal que apenas permite ver en dirección al interior del inmueble, están las mujeres extranjeras y argentinas.

Este hotel fue investigado por el fiscal Federico Delgado y el Departamento de Narcotráfico de la Prefectura Naval a partir de una denuncia que hizo Lucas Schaerer, candidato a legislador porteño por Bien Común. En el reporte tras las tareas de inteligencia, los agentes federales señalaron que "se alquilarían habitaciones, desconociéndose quiénes son sus dueños".

Además, agregan: "Las personas que allí habitan no son amigables. Presuntamente podría funcionar un 'privado' en el interior del inmueble. Durante la permanencia se observó egresar del inmueble un individuo que pegó propaganda de oferta sexual en la vía pública".

La investigación aún está en curso y, sobre este sitio, hay un punto para destacar: cuando alguien llama por teléfono al lugar, ofrecen "paraguayas, dominicanas y salteñas". Adentro, el panorama es decadente. Una vieja pensión, en la cual no hay que adentrarse demasiado para ver las primeras dos mujeres semi desnudas, bajo un foco rojo, junto a pequeñas habitaciones. Cada cuarto, de pocos metros cuadrados, está dividido con cortinas. Allí, al menos dos personas tienen relaciones sexuales al mismo tiempo. En la puerta, un hombre de seguridad permite el acceso sólo si se dice el nombre que las mujeres dan por teléfono. Según anuncian en el prostíbulo, son seis chicas.

Cerca del hotel mencionado anteriormente, en la plaza Miserere, hay al menos 10 mujeres centroamericanas que ofrecen servicios sexuales. Su presencia también fue advertida por los investigadores, pero aún no se ha podido probar que trabajen con una banda organizada. La situación es al menos extraña. La policía está en el lugar y, mientras los niños vuelven de la escuela, ellas intentan atraer hombres. Mantienen las relaciones sexuales en hoteles cercanos, con precios preparados especialmente, donde no se piden documentos ni son registradas las personas que ingresan.

Sentada en un banco a metros de la estación Once, una de estas mujeres, nacida en República Dominicana, confirmó que allí trabajan más de una decena de chicas. En cuanto a la seguridad en la zona, señaló: "La policía nos cuida". Este es el audio: