Policía "reocupará" favela de Río de Janeiro por la muerte a tiros de un niño

Las fuerzas de seguridad retomarán su posición en Alemao, hasta 2010 controlada por narcotraficantes

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"Vamos a entrar más fuerte, a hacer una reocupación. Vamos a fortalecer, colocando más policías", le dijo Luiz Fernando Pezao, gobernador del estado de Río de Janeiro, al programa Fantástico del canal de TV local Globo.

Eduardo de Jesus Ferreira, de 10 años, perdió su vida tras recibir un balazo durante un tiroteo entre la Policía y traficantes de droga, según informó la fuerza de seguridad. Sin embargo, la familia del niño responsabiliza al cuerpo policial y los oficiales que hicieron parte de esta operación están siendo investigados.

LEA MÁS: Cientos de brasileños marcharon "por la paz" en una favela de Río

El Complexo do Alemao, de 70.000 habitantes, fue ocupado en noviembre de 2010 en una operación sin precedentes, que incluyó efectivos policiales y militares.

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"Miedo y horror"

Cinco años después, el narcotráfico, que siempre se mantuvo pero de forma discreta, ha venido recobrando fuerza. En los últimos tres meses, los vecinos de Alemao conviven con tiroteos prácticamente a diario.

"El miedo y el horror son constantes aquí (...) Todos los días hay fuego cruzado porque vivimos en territorio de gatos y perros, y estamos atrapados en el medio", dijo Zaquel Nunes, un habitante de la favela.

Sin precisar la fecha de la nueva ocupación, el gobernador de Río de Janeiro indicó que en esta oportunidad no será necesario el apoyo de las Fuerzas Armadas.

El proceso de "pacificación" de favelas -algunas también controladas por milicias parapoliciales- comenzó en 2008 para mejorar la seguridad de esta ciudad, que fue escenario de algunos partidos del Mundial de fútbol en 2014 y será sede de los Juegos Olímpicos en 2016.

Hasta la fecha ya fueron instaladas 38 Unidades de Policía Pacificadora (UPP) en 264 favelas, afectando una población de un millón y medio de personas.

Pero muchas de estas nuevas estaciones de policía funcionan en condiciones precarias. La mencionada señal de televisión Globo mostró imágenes de la UPP de Alemao por ejemplo, con colchones en pésimo estado, baños fuera de servicio y ventanas rotas que jamás fueron reparadas.

Unos 1.000 policías denunciaron en la fiscalía este panorama, aunque el Gobierno ya se comprometió a mejorarla, según Globo.

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Cortejo fúnebre en Copacabana

El domingo, miembros de la ONG brasileña "Río de Paz" marcharon por la playa de Copacabana y enterraron simbólicamente en la arena un féretro blanco, en una muestra de solidaridad con la familia de Eduardo.

Unos 20 activistas vestidos de negro llevaban pancartas con los nombres de los 18 niños víctimas de balas perdidas durante enfrentamientos entre policías y narcotraficantes en las favelas entre 2007 y 2015, según cifras de organizaciones no gubernamentales.

El fundador de la ONG, Antonio Carlos Costa, dijo que el propósito de la manifestación fue "despertar" a la población de Río para que luche contra la principal causa de estas muertes violentas: el abismo entre ricos y pobres.

"¿Qué respuesta dará la ciudad de Río de Janeiro, que será sede de los Juegos Olímpicos de 2016, a la muerte de un niño pobre, víctima de balas perdidas? ¿Cómo podemos esperar la pacificación de una ciudad tan desigual?", se interrogó Costa.

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Cuatro personas, entre ellas el pequeño Eduardo, murieron por disparos, y otras tres resultaron heridas en Río entre el miércoles y el jueves.

La muerte del niño provocó una manifestación el viernes en el complejo de favelas de Alemao, pero fue reprimida con gases lacrimógenos por la Policía. Mientras que otra manifestación tuvo lugar el sábado, esta vez en calma.

La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, expresó en un comunicado su "solidaridad" con los padres de Eduardo, y pidió que "se aclaren las circunstancias de esta muerte y que los responsables sean juzgados y castigados".

Los padres del niño viajaron el domingo a su región natal, Piauí (en el noreste brasileño), en donde enterrarán a su hijo. Los gastos del entierro fueron pagados por el gobierno del estado de Río de Janeiro.


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