La sucesora de Rousseff durante el gobierno de Lula afronta un escándalo de corrupción

La abogada Erenice Guerra, quien en 2010 relevó en el Ministerio de Casa Civil (Presidencia) a la actual presidente brasileña, Dilma Rousseff, y meses después dejó el cargo por sospechas de irregularidades, estaría vinculada al reciente escándalo de corrupción en el fisco, informó este domingo la prensa local.

Según la revista Veja, Guerra, quien fue jefa de ministros entre abril y septiembre de 2010 -durante el último año de Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva-, formaría parte de la red que negociaba anulación de multas aplicadas a grandes empresas por la Receita Federal, el ente recaudador de impuestos.

De acuerdo con la publicación semanal, Guerra ofrecía servicios como consultora para sobornar a miembros del Consejo Administrativo de Recursos Fiscales (CARF), organismo del Ministerio de Hacienda encargado de juzgar los pedidos de apelación por aplicación de multas.

La red causó un perjuicio al fisco de unos 19.000 millones de reales (unos 6.000 millones de dólares) y según un reportaje de la semana pasada del diario O Estado de San Pablo grandes multinacionales -como bancos, montadoras automotrices, entre otras- habrían pagado los sobornos para evadir impuestos y multas.

O Estado asoció también el nombre del ex secretario de la Receita Federal Otacilio Dantas -quien presidió el CARF desde 2011 hasta enero de 2015- como uno de los líderes del esquema.

Guerra, apuntó Veja, tenía nexos con el también abogado José Ricardo da Silva, quien fue miembro del CARF hasta febrero de 2014 y según las investigaciones lideraba la red.

La ex ministra, agregó la información, celebró en 2013 un contrato con la filial brasileña de la multinacional china de telecomunicaciones Huawei, con el objeto de prestar "servicios profesionales relativos a la defensa de la contratante en el ámbito de la administración tributaria federal".

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Huawei, según señaló la revista, tiene una deuda con el fisco brasileño de 705,5 millones de reales (unos 222,2 millones de dólares) y Guerra recibiría el 1,5 % del valor que la compañía dejara de pagar.

El escándalo en el fisco se suma al caso Petrobras, en el que la petrolera estatal, constructoras y políticos son investigados por la sobrevaloración de contratos, y al de la Caixa Económica Federal, el segundo banco público del país y donde se habrían desviado unos 100 millones de reales (unos 31,5 millones de dólares).