El juez federal Sebastián Casanello entendió la mecánica rápidamente: en la Villa 31, para llegar a los verdaderos capos de esta situación, solo hay que empezar por los ocupantes. Todo está más organizado de lo que parece. En diciembre de 2013, un grupo de vecinos ingresó a un galpón en la zona de Retiro para tomarlo y vivir allí. El loteo fue sistemático; se trazaron líneas sobre la tierra, tal como lo haría un agrimensor. Siguió una conexión ilegal de luz y las primeras viviendas. Cortar la luz fue una primera reacción de la Policía para llevarlos a la calle.
Los ocupantes reaccionaron en protesta; bloquearon las vías del tren Mitre con las mujeres y los chicos. La ocupación duró apenas un mes. Y Casanello comenzó a preguntar, en una causa hoy en pleno desarrollo. Llegó a un presunto ocupante que se convirtió en testigo y que le detalló la toma del galpón por dentro, el reparto de parcelas y sus mecanismos. Al testigo, Casanello le dispuso custodia, un policía de la Comisaría N°46 -con jurisdicción en la zona- de consigna en la puerta de su casilla. No fue una opción tan segura, al parecer.
El viernes pasado, por orden de Casanello, la división Asuntos Internos de la Policía Federal allanó la 46 bajo la sospecha de que un cabo primero, el mismo que debía cuidar al testigo, lo habría amenazado con insultos y piedrazos. Se incautaron tres celulares de su pertenencia, su legajo personal y el registro de consignas. Sergio Berni mismo ordenó su pase a disponibilidad "por averiguación de ilícitos cometidos entre los días 12 y 19 del corriente mes", según una alta fuente en la fuerza. Pero las supuestas amenazas del policía, una posible connivencia, eran apenas otro brazo en el sistema.
En los últimos años, la Villa 31 se expandió geográfica y matemáticamente. Un cálculo del Gobierno porteño en 2013 publicado por La Nación estimaba más de 35 mil personas en la zona. Un departamento de 20 metros cuadrados en el playón este podía valer 150 mil pesos. En el 67% de las viviendas vive más de una familia. El mapa con nuevos sectores va mutando a la par de los desalojos: el de la Villa Nylon a fines del año pasado, a la vera de la autopista Illia pegado a la mano que va a zona Norte, obligó a los vecinos a reubicarse dentro de la misma 31 tras un acuerdo con el GCBA y a cuatro años de la toma del predio. Hay otros aspectos: la villa crece a pesar de una histórica prohibición judicial de ingresar materiales. Fuentes oficiales repiten que hay dos corralones ilegales dentro de la villa, que ni siquiera compiten entre sí dada la voracidad y el tamaño del mercado y donde un ladrillo hueco sale más caro que en Palermo. Esto no es nuevo: el Gobierno clausuró en 2008 una hormigonera y un galpón de materiales que al poco tiempo volvieron a funcionar. El sistema de ocupación no es una situación anárquica, en cierto punto. Hay reglas negras que controlan esta expansión. Y para la Justicia, hay algunos nombres.
El 17 de este mes, la Sala I de la Cámara Criminal y Correccional Federal a cargo de los jueces Eduardo Freiler, Jorge Ballestero y Eduardo Farah confirmó el procesamiento sin prisión preventiva por el delito de usurpación del predio conocido como "manzana 28 bis" a Juan Luis Agüero -suboficial de la Prefectura Naval desde hace más de veinte años-, Cristian Coronel, Yanina Coronel, Marcelo Gutiérrez y Patricia Yampa, todos ellos vecinos de la Villa 31. Fue el juez Casanello mismo quien había dictado procesarlos hace casi un año. En la tensa historia de ocupaciones y desalojos que tuvo la Villa 31 en la última década, éste es un caso testigo. A través de testimonios, el mecanismo mafioso se vuelve evidente.
En los últimos años, la Villa 31 se expandió geográfica y matemáticamente. Un cálculo del Gobierno porteño en 2013 estimaba más de 35 mil personas en la zona.
En la madrugada del 2 de agosto del 2010 comenzó la ocupación de la intersección de la autopista Illia con la avenida Ramón Castillo, justo sobre las vías del Belgrano Cargas. Este era un punto neurálgico, el acceso ferroviario al puerto para los trenes con granos. Quince casillas fueron construidas en poco tiempo, bloqueando así la entrada. Para la Administración General de Puertos y para la firma operadora del Belgrano Cargas esto era un problema grave: una obra de 45 millones de pesos de inversión se había licitado en ese sector. Un relevamiento posterior del Ministerio de Desarrollo Social detalló treinta grupos familiares, con 107 personas en total.
Fue otro vecino de la Villa 31 el que denunció por teléfono a los supuestos organizadores de la toma: tres de los cinco procesados por Casanello aparecen en esa primera lista. Luego, ante la Justicia, ese mismo denunciante aseguró, según la transcripción, que varios de los procesados lo amenazaban a él y a su familia "por sus denuncias en la Federal": "Me dicen a mí que nos van a matar, que nos van a sacar de la casa, que nos van a linchar", consta en la causa. El denunciante aseguró que "en la Villa 31 existe una organización dedicada a la ocupación de predios vacíos, sin importar si los mismos pertenecen al Estado o a particulares, con el objeto de construir viviendas precarias en algunos casos y de ladrillo en otros, con el fin de alquilar o vender las mismas". Otros tratan de expandirse: el mismo denunciante marcó que una de las procesadas ya tenía una casilla de dos plantas en una manzana aledaña en la villa. Otro referente histórico de la villa hasta declaró que muchos de los ocupantes había acampado en un predio cercano semanas antes y que habían conseguido del Gobierno porteño un predio de diez mil pesos para después dejarlo.
Un denunciante aseguró que en la Villa 31 existe una organización dedicada a la ocupación de predios vacíos, sin importar si pertenecen al Estado o a particulares
No fue fácil el desalojo posterior. La AGP, según fuentes cercanas a la causa y testimonios de vecinos, inició una negociación mano a mano con los ocupantes. La Policía enfrentó piedrazos en el predio. Pero en sus fallos, la Justicia hizo una salvedad clave. Los jueces Freiler y Ballestero razonaron: "No puede resultar idéntica la situación de quienes lo hicieron por extrema necesidad o escasez de recursos de la de aquellos que, aprovechándose de esa desesperación, intentaron sacar un rédito económico".
Lo que dicen Freiler y Ballestero es un eco de la división taxativa que hizo Casanello en la causa: bajo esta línea, dictó el sobreseimiento de doce ocupantes. Así, dentro de este vacío institucional, se crea una situación de dominio.
Hay formas crueles: algunos vecinos declararon que fueron los mismos vendedores de las tierras usurpadas los que después los echaron por la fuerza. Una de las mujeres sobreseídas declaró que compró una parcela en la 28 bis por 8500 pesos, ante testigos y con un boleto de compraventa. La misma mujer que le vendió el terreno luego quiso recuperarlos bajo la excusa de que le había vendido "muy barato". Así, esta mujer, madre de dos hijos menores, vivió amenazada y en pánico de que la desalojen o le vuelvan a usurpar su casa. Nunca dejó su vivienda sola. Otro de los sobreseídos denunció que uno de los procesados fue y lo amenazó con un arma de fuego al enterarse de que estaba negociando su salida del predio con la AGP.