La Cámara Nacional Electoral volvió a lanzar el viernes una advertencia por la propagada anticipada y solicitó a los jueces sancionar las prácticas ilícitas. Lo hizo a través de un comunicado, a propósito de un fallo en el que señaló que no ha sido notificada de que se haya ordenado levantar alguno de los avisos, pese a las disposiciones que emitió en ese sentido en el último tiempo.
En la sentencia, dictada por unanimidad de sus miembros, se observó que "la publicidad fuera de plazo no solo implica un factor de desigualdad entre quienes participarán de la elección, sino que también conlleva un alto grado de opacidad respecto de la identidad de las fuentes de financiamiento en la medida en que no se declare, para conocimiento público, quiénes aportan los recursos económicos -en dinero o en especie- con los que se financia la promoción de dichos postulantes ni qué cantidades se destinan a ese objeto".
Por esos motivos, instó a los jueces federales con competencia electoral de todo el país a "hacer cesar o inutilizar con la colocación de una faja que indique 'Publicidad en infracción. Justicia Nacional Electoral' la publicación de anuncios fuera de plazo dirigidos a captar la voluntad política del electorado para las próximas elecciones primarias de candidaturas nacionales".
En el mismo orden, dispuso el inicio de causas penales para determinar las responsabilidades y sanciones que correspondan a quienes realizan los anuncios en infracción.
En declaraciones radiales, el fiscal Jorge Di Lello advirtió el viernes que pueden aplicarse "multas o inhabilitaciones" a los candidatos presidenciales que figuran en carteles con publicidades de campaña electoral, al recordar que la ley prevé la realización de proselitismo 30 días antes de las compulsas.
"Las sanciones que están en la ley, que son para las agencias que ponen los carteles, para los responsables económicos y financieros y para los candidatos", alertó.
En su fallo, la Cámara remarcó que el modo en el que están legisladas las limitaciones a las campañas -cuya constitucionalidad no fue discutida en el caso- tiene deficiencias que inciden en la efectividad de las normas, por lo cual le solicitó al Congreso Nacional que revise el régimen vigente "para dotarlo de medios adecuados y procedimientos efectivos".
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