República Dominicana es el país de América en el que más personas aprueban o justifican la aplicación de justicia por mano propia. Según el Barómetro de las Américas 2014 de LAPOP , que hizo encuestas en 25 países del continente, tiene un nivel de aprobación de 42,8 puntos sobre 100.
La media de la región es de 32,1. Considerando que 0 implica un rechazo absoluto, y 100 un apoyo total, la mayor parte de los consultados la desaprueba. Pero no deja de ser preocupante que en todos los países sean muchos los que están dispuestos a avalar una conducta que en sus formas más extremas puede llegar al linchamiento.
El segundo país con mayor nivel de apoyo a la justicia por mano propia es Paraguay, con 42,3. Siguen Perú (40,6), Honduras (39,6), El Salvador (38,2) Ecuador (37,7), Bolivia (37,2), Estados Unidos (36,3), Jamaica (36,3) y Haití (35).
En otros lugares, la gran mayoría de la población rechaza esta práctica. Trinidad y Tobago es el que ostenta el nivel más bajo de aprobación, 19,2 puntos. Después vienen Brasil (23,5), Guyana (25,1), Panamá (25,1), Chile (25,4), Uruguay (25,9), Venezuela (26,7), Argentina (27,7), Colombia (29) y Costa Rica (30,1).
La abdicación del Estado
Las razones que explican el apoyo a la justicia por mano propia suelen ser dos, que se combinan y se potencian mutuamente: el aumento de la inseguridad y la corrupción e ineficiencia de la policía y de la justicia para hacerle frente. Ambas cosas evidencian una profunda falla del Estado, que en gran parte de la región es incapaz de cumplir con algunas de sus funciones principales.
"La gente que percibe más inseguridad, y que se encuentra en contextos en los que actúan pandillas, pero que además fueron victimizados por agentes de justicia que les solicitaron algún tipo de soborno, son los que tienden a aprobar más la justicia por mano propia. Hay un fuerte componente de ruptura de la confianza en el Estado", dice a Infobae el politólogo mexicano Daniel Zizumbo Colunga, investigador del SSRC (Consorcio para la Investigación en Ciencias Sociales), con sede en Estados Unidos.
También inciden experiencias personales, como haber sufrido en carne propia un delito. "Ser víctima -continúa Zizumbo Colunga- significa algo muy diferentes si desconfías del Estado que si te encuentras en un contexto en el que los delitos no son algo común, y las autoridades patrullan y tienes confianza en ellas".
Lo que sienten muchas personas cuando padecen un crimen en estas condiciones es que el Estado cometió una doble falta. Primero en la prevención, porque si hay delito es porque no se está controlando bien. Pero lo segundo, que agrava lo anterior, es ver que la reacción ante esa falla inicial es mala, ya sea porque no se investiga, no se atrapa a los responsables o, si se los atrapa, no se les aplica las sanciones que deberían.
"Tiene que ver con la ineficiencia de los sistemas de impartición de justicia. En México, por ejemplo, se hicieron estudios que arrojaron una impunidad de 98 por ciento. Es decir que de todos los delitos cometidos sólo llegaba a tribunales el 2 por ciento. El resto quedaban impunes, ya sea por falta de elementos probatorios o por irregularidades en las detenciones policiales", explica Antonio Fuentes Díaz, sociólogo del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de Puebla, consultado por Infobae.
"Muchas de las personas que han sido entrevistadas después de participar de un linchamiento comentan que lo hicieron porque, en sus experiencias previas, cuando convocaban a la policía, terminaban dejando en libertad a los presuntos implicados", agrega.
Las diferencias entre unos países y otros tienen mucho que ver con el nivel de confianza en las instituciones y con la vigencia del estado de derecho en ellos.
"En los que hay una mayor victimización por corrupción, donde los policías piden más sobornos, hay un mayor apoyo a la justicia vigilante. En cambio, en las sociedades más apegadas al estado de derecho los niveles de apoyo son menores", dice Zizumbo Colunga.
Pero es un fenómeno que, con diferentes intensidades, afecta a toda la región. El origen hay que buscarlo en las profundas transformaciones sociales que se gestaron entre los ochenta y los noventa, que supusieron una paulatina abdicación del Estado de muchas de las funciones que cumplió durante décadas.
"Hay condiciones estructurales que generan una incertidumbre que afecta a amplios sectores de la población -dice Fuentes Díaz. Hay comunidades donde esta incertidumbre y esa desprotección por parte del Estado han generando como respuesta distintas formas de control vecinal. En algunos lugares eso ha ido aún más lejos y se instauraron sistemas de justicia alternativos".
"Hay una especie de desviación hacia órdenes privados de regulación de la seguridad y la violencia, que están presentes en distintos sectores de la población. La idea es que cada uno tiene que proveerse de servicios de seguridad y justicia. Esto es una forma extrema del neoliberalismo, que deja en la agencia individual cosas que antes estaban centralizadas en el Estado", concluye Fuentes Díaz.
Distintas formas de justicia por mano propia
Una de las particularidades de este fenómeno es que atraviesa toda la sociedad y se puede manifestar de diferentes maneras. El ejemplo más terrible son los linchamientos. Grupos de personas que atrapan in fraganti a un delincuente y que, en vez de entregarlo a las autoridades, lo golpean hasta matarlo.
Casos de este tipo se repiten en distintos países de la región. Principalmente, ocurren en barrios periféricos de las grandes ciudades y en algunas comunidades indígenas.
"Realmente no sabemos cuán difundida está la justicia por mano propia, porque muchos casos no terminan en muertes. Por ejemplo, cuando se trata de cerrar calles y hacer vigilancia comunitaria. Antes se decía que era un tema de los países con grandes poblaciones indígenas, pero últimamente parece que hubo un incremento en toda Latinoamérica", dice Zizumbo Colunga.
Una manifestación menos convencional de la justicia por mano propia, que es en realidad una forma de autoadministración de la seguridad, son los barrios que adoptan medidas de protección vecinal, como instalar alarmas y distintos sistemas de alerta de los que no participa la policía. Estas medidas son más comunes entre los sectores medios y medios altos.