Cada vez son más los operativos que buscan frenar la venta ilegal de mercadería en la vía pública, aunque los resultados no son los esperados. Al momento de las inspecciones, personal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires logra despoblar las calles de vendedores, pero en cuestión de horas el problemático panorama vuelve a ser el mismo y la queja de los comerciantes crece.
De acuerdo a cifras desprendidas por el Gobierno porteño, en el último año se imputaron a 151 manteros que se instalaban con puestos movibles y mantas en toda la zona de Once y vendían mercadería variada: bijouterie, ropa, juguetes, calzado, entre otras cosas. Los mismos fueron multados por un total de $775.333. De ese total de vendedores, 52 admitieron ser parte de una red ilegal que evade impuestos y obtiene ganancia neta por comercializar en la vía pública, perjudicando al comerciante de la zona y obstruyendo el libre paso de los peatones para ejercer actividades lucrativas ilegales.
El mayor problema que afronta el Gobierno, inspectores y efectivos policiales al momentos de realizar los operativos radica principalmente en la ambigüedad de la ley que los respalda. El artículo 83 del Código Contravencional es poco claro respecto a la penalización de los infractores y a la hora de detectar quiénes están en infracción y quiénes no.
"No constituye contravención la venta ambulatoria en la vía pública o en transportes públicos de baratijas o artículos similares, artesanías y, en general, la venta que no implique una competencia desleal efectiva para con el comercio establecido, ni la actividad de los artistas callejeros en la medida que no exijan contraprestación pecuniaria", precisa el artículo. No obstante, el problema recae nuevamente en la dificultad que tienen los controladores para poder regular qué tipo de mercadería venden los comerciantes en la calle y si la misma es sustituida cuando llegan los inspectores al lugar.
Las quejas de los comerciantes son permanentes. Denuncian, entre otras cosas, que los vendedores callejeros venden a menor costo la misma mercancía por la que ellos abonan impuestos y altísimos alquileres. Otro inconveniente tiene que ver con el término "ambulatorio", ya que no sería ilegal que por ejemplo un vendedor de bijouterié venda en la calle mientras camina. Pero la realidad es otra. La mayoría de los vendedores ambulantes arman puestos semifijos en las veredas para comercializar los mismos productos que se venden en los negocios lindantes.
Sobre las sanciones por el uso indebido del espacio público, el artículo 83 y 84 del Código Contravencional especifica lo siguiente:
-Quien realiza actividades lucrativas no autorizadas en el espacio público es sancionado/a con multa de quinientos ($ 500) a mil ($ 1.000) pesos.
-Quien organiza actividades lucrativas no autorizadas en el espacio público, en volúmenes y modalidades similares a las del comercio establecido, es sancionado/a con multa de diez mil ($ 10.000) a sesenta mil ($ 60.000) pesos.
En tanto, el artículo 84 dice: "Quien ocupa la vía pública en ejercicio de una actividad lucrativa excediendo las medidas autorizadas o el permiso de uso de las aceras, es sancionado/a con multa de cuatrocientos ($ 400) a dos mil ($ 2.000) pesos".
Además de las multas, el secuestro de la mercadería fue otra de las tantas modalidades que adoptó el Ministerio de Ambiente y Espacio Público a modo que los vendedores se vieran obligados a abonar los apercibimientos. Los continuos operativos sobre la peatonal Florida, Once, Caballito, San Telmo y Retiro no parecen ser suficientes para controlar el problema.
Según informó el diario La Nación, la Justicia comprobó que existen guardianes de plazas y que son quienes cuidan la zona y alertan a los vendedores de la llegada sorpresiva de los inspectores municipales. Se constató que "un heladero de Once sacó créditos por dos millones de pesos y que un vendedor de garrapiñadas estaba habilitado ante la AFIP para realizar actividades petroleras".
Durante 2014, la fiscalía porteña realizó 75 allanamientos en viviendas particulares y locales comerciales que funcionaban como depósitos de mercadería para la venta ambulante en Once, hoy invadida de manteros. La fiscal Verónica Guagnino y personal de la Policía Metropolitana investigan a los cabecillas de una red mafiosa encargada de guardar la mercadería en galpones de la zona y de manejar a los vendedores callejeros. Se estima que obtienen unos 250 millones de pesos por mes en ventas.
Además, se identificaron a 33 personas encargadas de provocar incidentes como cortes, incendios y peleas con funcionarios y policías cuando suceden los operativos. De este total, 31 deberán ir a juicio y pagar multas por $159.000 en total. Por último, se comprobó la complicidad de efectivos de la Policía Federal con los cabecillas de algunas de las células mafiosas.
Damián Di Pace, especialista en Comercio Minorista de la Consultora Focus Market, le anticipó a Infobae que la problemática es "compleja" y se quejó de que "los organismos de control y fiscalización en la Ciudad son inexistentes". "No se puede vender en la vía pública, pero la realidad está en los sistemas de control y fiscalización. El avance de la venta ilegal en la calle tiene que ver con muchos factores como los enfrentamientos entre la Policía Federal y la Metropolitana donde una de las dos fuerzas no quiere pagar el costo social de sacar a los vendedores de la calle. Tampoco hay voluntad política para hacerlo porque hay un costo social que son las personas que supuestamente están haciendo eso por supervivencia y que deberían ser desplazadas del espacio que ilegalmente ocupan", explicó.
El especialista insistió –en diálogo con Infobae- en la importancia de empezar a aplicar el Código Contravencional. "El problema es agarrar de donde vienen los productos de origen dudoso. El tema es atacarlo de base, allanando los depósitos, como está haciendo la fiscal Sandra Guagnino. Desarticular y descalzarlos de la economía. Los vendedores son solo víctimas de estas redes mafiosas y les pagan por día de actividad a los cabecillas. A cambio, reciben una bolsa de consorcio con mercadería a la mañana y hay un jefe de cuadra y un jefe regional al cuál responden. Los orígenes dudosos son productos importados que lograr liberar contenedores en Aduana y producción de talleres clandestinos. Otros son el resultado de piratas del asfalto que roban camiones. También otra cuestión es la falsificación de marca y la propiedad intelectual", precisó.
De acuerdo a los últimos datos arrojados por la Federación de Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires (FECOBA), hay 60 mil vendedores callejeros en todo el país con una ganancia anual de $35 mil millones. "Estamos a un 35% de economía ilegal respecto al PBI. Se está violando todo orden de Espacio Público y no tiene que ver con el desempleo cuando la tasa es la más baja registrada en los últimos 20 años. Hay organizaciones económicas especulativas que no quieren formalizar su economía. El año pasado (2014) cerraron un 2.5% de locales por cuadra, según FECOBA", denunció.
Para Di Pace, la venta ilegal callejera genera "un desincentivo hacia la formalidad económica" y un incremento de la comercialización en la vía pública porque no tiene riesgo ni carga impositiva, "de la formalidad hacia la informalidad". "Si no se logra revertir esta situación, la tasa de emprendedurismo va a caer a niveles de economías subdesarrolladas. Ningún Estado puede colocar deuda del Interior si hay una actividad económica informal, ¿quién la va a pagar?", se preguntó. Y acusó: "No se ven operativos. No hay voluntad política. Estos manteros son víctimas, no la raíz de la causa. Se le confisca la mercadería, se le labra un acta y ya está. Los precios de las multas son muy bajos", se quejó.
Por último, subrayó que existe una mutación de la venta ilegal callejera. Según explicó, los manteros pasaron a ser "maceteros", ya que fueron agrandando el espacio que ocupan en las calles. "Con una sola acción no se va a hacer nada, sino con una sinergia de actividades simultáneas que ataquen el problema", sintetizó.
Cifras que alarman (FECOBA-CAME / Febrero de 2015):
-La Ciudad cuenta con un total de 5150 puestos ilegales
-Las dos áreas de la Ciudad con mayor cantidad de puestos ilegales son Once, con 1290; y Avenida Avellaneda, con 1150. Además, existen 7118 puestos ilegales en el formato de ferias ilegales: "saladitas".
-Los puestos en Parque y Plazas de la Ciudad suman 6853 puestos de venta ilegal.