"A pesar de declaraciones en sentido contrario por parte de funcionarios venezolanos, no estamos promoviendo inestabilidad en Venezuela", subrayó hoy la vocera del Departamento de Estado de los EEUU, Jen Psaki, quien calificó de "falsa" la versión chavista de que la Casa Blanca se propone "socavar" al gobierno de Nicolás Maduro.
La Administración de Barack Obama declaró ayer que la situación en Venezuela suponía una amenaza para la seguridad nacional y decretó un paquete de sanciones contra siete funcionarios del gobierno venezolano, en aplicación de una ley aprobada por el Congreso el año pasado.
Psaki señaló que "el objetivo de las sanciones es persuadir al gobierno de Venezuela de que cambie de comportamiento", ante las numerosas denuncias por parte de la oposición y de organismos internacionales sobre violaciones a los derechos humanos y persecución a dirigentes venezolanos contrarios al régimen de Maduro.
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La vocera de la cancillería estadounidense aseguró que las sanciones anunciadas por la Casa Blanca se restringen a "corruptos y personas que cometieron abusos de derechos humanos", pero no se proponen afectar "la economía de Venezuela". "Hay razones específicas de por qué esas personas fueron sancionadas", remarcó.
"Hay razones específicas de por qué esas personas fueron sancionadas"
El texto de la declaración, firmada por Obama, elevó considerablemente el tono en las tensiones entre Washington y Caracas. En ese texto, Obama definió la situación en Venezuela como "una amenaza extraordinaria e inusual a la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos" y declaró "una emergencia nacional" para enfrentarla.
Psaki aclaró que la cuestión fue anunciada como "emergencia nacional" porque se trata de una denominación requerida por la burocracia. "Es importante que todos entiendan que ésta es la forma en que describimos el proceso para aplicar sanciones", explicó. Con esa declaración, Obama puede tomar medidas sin pasar por el Congreso, de mayoría republicana.
Las sanciones afectan al ex director de operaciones de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) Antonio Benavides; el director del servicio de inteligencia (Sebin), Gustavo González; la fiscal Katherine Haringhton, y el director de la Policía Nacional, Manuel Pérez, entre otros funcionarios chavistas. Los señalados verán bloqueados sus activos en Estados Unidos y no podrán ingresar a ese país.
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La respuesta del régimen venezolano no se hizo esperar. El Gobierno llamó a consultas a su encargado de Negocios en Washington, Maximilien Arveláiz, el máximo representante en ese país desde que se cortaran las relaciones durante la presidencia del fallecido Hugo Chávez. Por su parte, EEUU indicó que no tiene previsto retirar a su diplomático en Caracas.
Maduro, además, se pronunció ayer en cadena nacional y nombró a González nuevo ministro de Interior, a modo de premio ante las sanciones estadounidenses. Pidió también aplausos para el resto de los funcionarios.
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