Nadie espera ser parte de una guerra cuando tiene los pantalones por los tobillos. En la madrugada del 27 de febrero último, cerca de 40 habitués del Anchorena SW Club, ubicado sobre la calle del mismo nombre en Recoleta, se refregaban los ojos en la vereda, atónitos ante los efectivos de Prefectura que desalojaban el lugar para luego estamparle una faja de clausura por una supuesta infracción a la ley de trata de personas, con la firma de la jueza federal María Romilda Servini de Cubría. El operativo era toda una sorpresa. Anchorena es un lugar célebre, el reducto clave de la movida swinger porteña, un auténtico palacio del sexo casual. Con cinco niveles, un hotel adjunto, varias salas y hasta una pileta, ofrece fiestas con temática gay, travesti, sadomasoquista o nudista. Paradójicamente, entrar en zapatillas está prohibido a pesar de su atmósfera de orgías; vestirse de elegante sport suele ser la norma. El ingreso tampoco es barato: un ticket para hombres solos cuesta 400 pesos. Pero en la madrugada del 27 de febrero, los habitués que eran expulsados a la calle en pleno allanamiento no tenían idea de que eran testigos casuales de un movimiento judicial disparado tanto por la muerte del fiscal Alberto Nisman y por la caída en desgracia de su principal informante, el ex hombre fuerte de la Secretaría de Inteligencia Antonio "Jaime" Stiuso.
Una denuncia realizada por Gustavo Vera, legislador y líder de La Alameda, separada de la causa madre de Martins, fue el motor del allanamiento, en donde se secuestraron computadoras y documentación que todavía están siendo analizadas por el fiscal a cargo de la causa, Federico Delgado. Aún se desconoce si se encontró evidencia de trata de personas, pero el blanco del procedimiento no fue otro que el ex espía Raúl Martins, a más de cuatro años de la causa por proxenetismo en su contra disparada por las denuncias de su hija, Lorena Martins, hoy exiliada en España tras varias amenazas, que aseguró que su padre manejaba una importante red de trata entre Argentina y México. Servini de Cubría la había archivado en 2012 al encontrarse en una encerrona jurídica: por ley, Lorena Martins no podía acusar a su padre, a menos que ella fuese una víctima. Su testimonio era la principal evidencia. En su denuncia, Lorena había indicado a Anchorena como un supuesto punto clave para la administración de los negocios de su padre, una sospecha compartida hoy por la PROTEX, la actual fiscalía anti-trata. El fiscal Delgado apeló el archivo de la causa e instó a que se investiguen "la totalidad de los hechos denunciados por Lorena Martins, con excepción de los imputados a su padre, para que no la damnifiquen personalmente". Finalmente, el 20 de febrero la Sala I de la Cámara Criminal Federal ordenó retomar la denuncia y Servini de Cubría ordenó el allanamiento. "Recién ahora Servini tiene unas puntas para avanzar", admite una fuente cercana al expediente.
Esta vez, a la jueza no le tembló el pulso. Una voz de peso en Tribunales admite: "Esto es un tiro por elevación. Pasa porque Stiuso cayó en picada". Y lo cierto es que, a Delgado, Servini lo notificó tarde del allanamiento: allanó sin avisarle al fiscal y recién se lo comunicó con el hecho consumado. Desde México, Martins le niega una y otra vez a sus abogados que conozca al ex Director de Contrainteligencia. Otros que conocen históricamente a Martins hablan de un vínculo de larga data. Lo cierto es que, en los tribunales de Comodoro Py, la vieja SIDE y sus jefes se quedan sin espacio. Stiuso declaró ante Viviana Fein en la causa que investiga la muerte de Alberto Nisman sin pactos previos ni prebendas, con la única condición de que se preserve su seguridad. El Departamento de Observaciones Judiciales -conocido comúnmente como OJOTA- pasa por ley a la esfera del Ministerio Público Fiscal, una herencia pesada y cargada de planteos. El ocaso se vuelve evidente.
De vuelta en Anchorena, el círculo más inmediato de Martins se volvió el foco de sospecha: la Justicia liga a la disco swinger con Estela Percival, la concubina del ex espía. Natalia Percival, su hermana menor, es quien figura en los papeles: según el Boletín Oficial, es la socia gerente desde el 2011 de Tomás Manuel de Anchorena SRL, la firma que controla el lugar. Estela Percival tiene lazos evidentes con los negocios de su marido. Su domicilio legal todavía es el mismo de Brut, una disco en Recoleta. El nombre del lugar trae recuerdos judiciales: en 2000, fue allanado por los fiscales José Campagnoli y Adrián Peres, bajo sospechas de ejercicio de la prostitución, en una causa en la que Martins fue luego sobreseído. Se desprende de las actas que Estela Percival era la titular del lugar, que organizó y contrató al personal y hasta se hizo cargo de ser la única responsable de su explotación. Percival hasta pidió el levantamiento de clausura y denunció en un escrito ante el Consejo de la Magistratura al juez de la causa, acusándolo de mal desempeño de sus funciones, algo que fue desestimado. Hoy, ante el allanamiento de Anchorena, el estudio Álvarez -que históricamente defendió a Martins- representa ahora a Natalia Percival y la sociedad a cargo de la disco swinger. El abogado Facundo Álvarez asegura: "Raúl Martins nunca tuvo una condena por prostitución o trata. En Anchorena, en principio, no se encontró ningún elemento vinculado al delito de trata, se secuestró la computadora del disc jockey y un libro de habilitaciones. Estela Percival ni está mencionada en la causa". Para la Justicia, queda analizar el contenido de las computadoras y la documentación secuestrada en Anchorena, entre otras medidas.
"Bonadío investigaba en aquel tiempo las anomalías cometidas por los funcionarios públicos a cargo de la pesquisa sobre el atentado a la AMIA del 18 de julio de 1994. Afirma Stiuso que aquel utilizó las capacidades de su cargo para realizar diligencias de prueba cuyo horizonte era desligar y, en consecuencia, encubrir las responsabilidades emergentes del comportamiento de su 'amigo personal', el ex comisario de la Policía Federal Jorge Palacios que, a su vez, habría obturado la pista del atentado conocida como Kanoore Edul. Explica Stiuso que Bonadío direccionaba el devenir del expediente con ese objetivo", asegura un documento judicial. Delgado también hizo a lugar y envió a sorteo las denuncias de Gustavo Vera contra el ex espía, por enriquecimiento ilícito y por espiar al papa Francisco mientras era cardenal. Esas denuncias recayeron en manos del fiscal Ramiro González y del juez Santiago Casanello.
Un funcionario veterano en Tribunales asegura: "Acá, el Gobierno pateó un nido de marabuntas". Muchos hablan de una atmósfera de miedo, posibles vendettas. "Unos cuantos bailaron con Stiuso. Ahora, ¿de Stiuso quién te protege? No viene un tipo a decirte: 'Hola, soy José SIDE'. Te mandan mensajes, de una forma u otra, para que no te metas con su gente o con sus causas", admite otra fuente. Muchos respiran con algo de paz ante el fin de su era. Un fiscal recuerda: "Las escuchas no solían ser buenas. O sea, las escuchas tienen que ser punto a punto, las 24 horas. Por eso se piden así, tanto escucha como desgrabación. Eran un 'me dijo tal-me dijo cual', un corta-y-pega sesgado, con un blanco de culpa dirigido a quien los servicios no se bancaran en ese momento, con quien tuviesen una disputa".
Los operadores de los espías encontraron métodos a lo largo de los años para penetrar en ciertos sectores de la Justicia federal y el fuero penal económico. Había formas de asegurarse lealtades. Un rumor histórico en Comodoro Py indica que los operadores les acercaban de antemano a los candidatos a fiscales las preguntas que debían responder en los concursos. Otros métodos eran más despiadados. Dos años atrás, un fiscal federal, en el pico de una investigación contra una alta figura del kirchnerismo, recibió en su domicilio un paquete de cuatro fotos de él caminando con su pareja. No se dejó amedrentar; las hizo pedazos y las tiró a la basura. Ese es un ejemplo light. Un juez, camarista federal, con un matrimonio de larga data, se encontró en Rosario con su novia de la juventud. Le sacaron fotos y se las enviaron, amenazando con contarle a la mujer si no obedecía a un pedido. El juez optó por blanquear la situación con su mujer. Otro juez de la Capital Federal, casado, en idéntica situación y amenaza a comienzos de la era kirchnerista, terminó renunciando.
La carga oficial esta semana contra Stiuso se hizo sentir. El nuevo jefe de Inteligencia, Oscar Parrilli, emitió una alerta para saber cuando el ex espía entre y salga del país. Carlos Gonella, al frente de la Procelac, judicializó esta semana dos reportes de operaciones sospechosas. El Departamento de Observaciones Judiciales, sistema de escuchas, conocido como OJOTA, pasará a la esfera del Ministerio Público Fiscal. Es una herramienta extraña e incómoda para la procuradora Alejandra Gils Carbó. Desde que asumió el cargo que su relación con los servicios de inteligencia fue escasa. La causa BNP-Paribas de 2012 fue una primera brecha. Hoy, partidarios de la Procuración hablan de varios embates judiciales en su contra como el producto de jugadas de espías resentidos, fruto de la intransigencia de Gils Carbó a la hora de negociar y de sus cambios de reglas en los accesos a cargos. Y quién será el que maneje la OJOTA se convierte en una preocupación institucional.
La Procuración no quiere sospechas y sostuvo reuniones con diversas ONGs para establecer protocolos de transparencia. "Democratizar" es el verbo utilizado. Pero la llegada del camporismo a Inteligencia echa dudas: Josefina Kelly, con 29 años y una estrecha relación con Eduardo "Wado" de Pedro será el enlace en el Departamento de Observaciones. "Es honesta", la defiende un partidario. ¿Y qué pasará con el personal de la era Stiuso? Una voz judicial vinculada al Gobierno afirma: "La OJOTA a Procuración llega vacía. No podés confiar en nadie acá. Se habla de una reubicación a otro sector de la nueva AFI, sin laburo no se van a quedar". Por lo pronto, en ciertos sectores de Comodoro Py que no están alineados con el poder, quien herede el poder de los aprietes se vuelve otro punto. Algunos no se preocupan ni por militantes K ni por nuevos espías, sino por figuras judiciales de alto rango fáciles de presionar. Al fin y al cabo, alguien tiene que hacer el trabajo sucio.