El gobierno de los que pueden ir presos

- "¿Se puede gobernar pensando todo el tiempo que vas a ir preso?", se pregunta un funcionario de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
- "No sé, dígamelo usted", propone Infobae.
- "No, no se puede. Nadie gobierna hoy en la Argentina. Solo hay decisiones para ganar tiempo. No podemos quedarnos quietos. Tenemos que hacer pie y asegurarnos una salida por la puerta de adelante. Nadie puede terminar preso. Sobre todo la Jefa no puede terminar presa. Estamos obligados a defendernos. Estamos obligados a defenderla".

Frío, pragmático, descarnado, lo que este peronista de trayectoria en la gestión plantea es un asunto que obsesiona al poder y no de ahora, la convicción de que gobernar hoy en la Argentina es terminar entre rejas. Según esta visión, la obsesión por manejar la Justicia, nombrar jueces, controlar sus vidas e intervenir en sus decisiones tienen ese trasfondo, garantizar que el ejercicio del Poder Ejecutivo no sea la escala inevitable a la cárcel.

Esto que a los simples mortales les suena parecido al incumplimiento de sus deberes para garantizarse la impunidad, para el funcionario se trata de "un problema estructural del ejercicio del poder en nuestro país", a saber: "Si los presidentes creen que pueden ir presos cuando abandonen el poder, a) no querrán abandonarlo jamás, b) querrán tener un poder judicial propio, c) cuando su ciclo esté terminado van a tener como prioridad cubrirse las espaldas, no gobernar".

Dicho así, parece razonable la pesadumbre que se vive en Comodoro Py, donde "ya no se discuten expedientes, sino qué esquema de seguridad organizaste con tu familia y con qué armas estás preparado para cuando vengan a atacarte", según lo relata una experta en esos pasillos. En efecto, en los tribunales más calientes, donde se ventilan causas contra los ministros Héctor Timerman, Julio De Vido, Julio Alak, el jefe de las Fuerzas Armadas, César Milani, los dirigentes camporistas Mariano Recalde y Andrés Larroque, más la Presidente, sus dos hijos y el Vicepresidente, entre decenas de investigados, el ánimo está por el piso. Las presiones sobre los jueces, secretarios de juzgado, incluso secretarios de despacho se incrementaron en los últimos días. Después de la muerte del fiscal Alberto Nisman, amenazas por debajo de la puerta, mensajes a través de conocidos, sospechosos robos en hogares de asistentes en causas que generan preocupación en el Gobierno.

Inquietan en Comodoro Py las últimas amenazas y los sospechosos robos a las casas de algunos asistentes

La pregunta, entonces, es si la muerte del fiscal que estaba convencido de que Cristina Fernández de Kirchner era responsable de encubrir a los prófugos iraníes acusados del atentado contra la mutual de la AMIA, además de tener como objetivo poner término a su investigación, tiene como beneficio de inventario su utilización como un instrumento de domesticación del Poder Judicial, luego de que los viejos encargados (Stiuso, Fernández y compañía) fracasaran. "Hay una nueva ofensiva, no lo dudamos, las presiones recrudecieron y en sus declaraciones públicas, desde la Presidente para abajo, nos tiran de todos lados. Nosotros no tenemos mucho para defendernos, ni siquiera hay seguridad para el ingreso a este edificio, donde entra cualquiera", dice la fuente, notoriamente preocupada.

En ese contexto, no sorprendió en Tribunales que el juez Claudio Bonadio no haya convocado todavía a Máximo Kirchner a testimoniar en la causa sobre supuesto lavado de dinero de la empresa Hotesur S.A., propietaria y administradora del hotel Alto Calafate, de la que es dueño por ser parte heredera de la sucesión Néstor Kirchner y también, aparentemente, por ser el poseedor de un 2 por ciento de las acciones originales. Una fuente del gobierno nacional asegura, además, que el hijo de la Presidente está en la mira por haber firmado 1.800 cheques y varios balances como responsable de la compañía.

Alto Calafate fue una compra realizada en el 2008 por Osvaldo Sanfelice que actuó a cuenta y orden de terceros. El propio Néstor Kirchner resultó ser "el tercero" en cuestión, ya que llegó a aceptar que los dos millones de dólares que adquirió en octubre de 2008 en medio del estallido de la crisis financiera internacional fueron a parar a la operación de ese hotel 5 estrellas. Aunque los expertos aseguran que tiene que haber salido bastante más que eso, el jefe de Gabinete Aníbal Fernández se vio obligado a confirmar la adquisición que había denunciado Martín Redrado en el marco de su disputa con el Gobierno por su salida forzada al frente del Banco Central.

Cerca de Bonadio aseguran que "nunca habló de citarlo a Máximo" y que si bien parece que hay operaciones de lavado de dinero de la corrupción, un delito habitual en los Estados Unidos de la década del 60, cuando la mafia usaba hoteles, casinos y lavaderos de auto para hacer ingresar al circuito legal de transacciones financieras grandes volúmenes de dinero nacido del contrabando, las extorsiones y el narcotráfico, "aún no está probado". La fuente explicó que "no sólo hay que probar que empresas de Lázaro Báez hayan contratado habitaciones que nunca usaron para ocultar corrupción, sino también el delito preexistente, lo que obligaría a ese lavado, algo que no parece demasiado sencillo".

Existe en el poder la convicción de que gobernar hoy en la Argentina es terminar entre rejas

Para quienes lo conocen, Bonadio está ganando tiempo y sumando masa crítica. De hecho, ya tiene en su poder las declaraciones juradas de toda la familia Kirchner y también el expediente de la sucesión Néstor Kirchner. Puede analizar esa documentación sin correr y compararla con la información que ya obtuvo de los allanamientos de Hotesur, la IGJ y Alto Calafate, o repentinamente convocar al hijo de la Presidente. A juzgar por algunos comentarios que hizo trascender ("no sé por qué dicen que la citación a Máximo es inminente"), quiere ir despacio. Por las dudas, La Cámpora tiene organizado una acto de desagravio a su jefe, en caso de que sea citado a la Justicia.

Como sea, el dilema de un Ejecutivo "sometido" al desgaste del ejercicio del poder es un asunto que desvela a muchos sectores del partido gobernante, que por estos días insisten en fundamentarlo, para explicarse. Es una teoría que parte del supuesto de que en la guerra interna que caracteriza a la historia argentina, gobernar es también garantizarse una justicia adicta, para evitar que los Tribunales se transformen en una carrera de obstáculos del que gobierna.

Otros kirchneristas van todavía más allá. Cuestionan la existencia misma de que el Estado esté dividido en tres poderes independientes entre sí, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, que funcionan como un sistema de controles y contrapesos para proteger al individuo frente al despotismo, tal como lo definió en el siglo XVIII el Barón de Montesquieu. Lo que existe es el líder carismático, las movilizaciones y los actos masivos para aclamarlo, los medios de comunicación deben reproducir ese estado de éxtasis entre el líder y la masa y los poderes Legislativo y Judicial interpretar fielmente a la cabeza del Poder Ejecutivo. De eso se trata un gobierno popular.

Por supuesto que nunca lo dicen abiertamente, jamás se animan a criticar en cámara el "pluralismo" en las ideas o el "sistema republicano", base de nuestra democracia. No se cuestionan los intentos por imponer un partido único para realizar los deseos de un pueblo al que no dejan hablar, porque suponen que ese líder lo representa cabalmente. Ni critican la moral de sus jefes multimillonarios. Que algunos ex presidentes jamás hubieran sido acosados por la Justicia, como Arturo Illia o Raúl Alfonsín tampoco los interpela. Lo verdaderamente bueno para ellos es controlarlo todo. Como si las sociedades no fueran cada vez más diversas, más abiertas. Como si no fuera posible que más controles, más persecución, generan, naturalmente, más y más rebeldías.