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El consorcio conformado por General Electric, Duro Felguera y Fainse -la primera Pyme de origen nacional que participa en un emprendimiento de esta envergadura- fue el elegido para la construcción de una mega obra destinada a inyectar energía al Sistema Argentino de Interconexión (SADI), comenzando esos trabajos en 2013.
La planta está situada en la localidad santafesina de Timbúes, centro neurálgico del complejo agroexportador sojero más grande del mundo, y lleva por nombre Vuelta de Obligado, considerándose un centro industrial espejo al que ya está en funcionamiento, en un predio paralelo, y que lleva por denominación Termoeléctrica General José de San Martín, inaugurado en 2010.
Desde mediados de diciembre, las tareas comenzaron a lentificarse y a generarse la pérdida de cientos de puestos de empleo. La situación se agravó durante enero y febrero y nada indica que vaya cambiará durante el mes en curso.
Pero la preocupación no solo recae en el gremio, sino también en el empresariado pyme regional, donde más de una docena de firmas prestan sus servicios para el consorcio. Los pequeños y mediados industriales admiten que la demanda de servicios es mínima y que existen numerosos atrasos en el pago de trabajos ya efectuados, remontándose en algunos casos, a varios meses.
"Hasta ahora aguantamos, pero si durante este mes la situación sigue igual, entraremos en un escenario financiero muy grave", admitió uno de los empresarios afectados. Otro fue más contundente: "Ya tengo empeñado hasta mi patrimonio particular, si para estos días no pagan, desaparece mi empresa y pierdo los bienes de toda mi familia". La advertencia no es menor: estas pymes son el motor principal de creación de puestos de trabajo en la región.
Las razones del descalabro
General Electric, Duro Felguera y Fainse intentan renegociar el contrato licitado con el Gobierno solicitando unos mil millones de pesos extras, alegando por ese "error de cálculo" un desfasaje derivado de los vaivenes de la economía nacional durante el transcurso de 2014.
Hasta el momento, la Nación tendría cumplidos todos sus pagos (al menos, es lo que se cree en la región), de acuerdo al avance de la obra y sus correspondientes certificaciones, pero para que el emprendimiento continúe, el consorcio necesitaría ese presupuesto extra. Caso contrario, y en virtud a la realidad que se vivencia en la planta a medio construir, se abona la teoría de una parálisis inmediata.
Medidas de fuerzas
La Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra), delegación San Lorenzo, se muestra más que preocupada. Es que de los alrededor de 1800 puestos de empleo que se crearon durante 2003 y 2004 para llevar a cabo semejante proyecto, reconocido como "orgullo nacional", hoy apenas si hay trabajando una tercera parte. Y si este panorama continúa, serán menos.
"De acuerdo a las previsiones del proyecto, tendría que haber no menos de 1200 trabajadores en actividad, por lo que se perdieron unos 700 puestos de empleo", reconoció Carlos Vergara, delegado normalizador de la seccional local y a su vez secretario general de la Uocra Rosario. Entre ambas jurisdicciones se atiende a todo el sur santafesino.
El sindicalista entiende que la responsabilidad de esta situación se recuesta en el consorcio General Electric, Duro Felguera y Fainse, que aletarga el reinicio de las tareas a las empresas contratistas que no tienen órdenes de trabajo nuevas.
"Este consorcio debe dar la cara y explicar por qué la obra está casi paralizada. Desde esta entidad gremial no permitiremos que por una especulación financiera se ponga en juego el trabajo de los compañeros, y de ser necesario iniciaremos medidas de fuerzas", aseveró el sindicalista.
Y confió que no se descarta paralizar la actividad en las terminales portuarias situadas en la región, esto es, en Timbúes, Puerto General San Martín y San Lorenzo, corazón neurálgico para la exportación de granos y subproductos (aceites, harinas y biodiesel) que generan al fisco nacional la tercera parte de los ingresos aduaneros de las exportaciones totales argentinas.
"Vamos a cortar la actividad en los puertos agroexportadores, esto es lo que el gremio está analizando seriamente si esta situación no se revierte en lo inmediato", amenazó Vergara en un momento crucial para esa actividad que en los próximos días inicia su ciclo máximo de industrialización con la llegada de la cosecha gruesa (comienza a entrar la soja).
De confirmarse esta medida de fuerza, que incluirá piquetes y cortes de ruta, se perjudicarán las actividades que despliegan aceiteros, portuarios y camioneros, por citar solo algunas que confluyen en este complejo industrial agroexportador, y las consecuencias podrían llegar a ser caóticas.
"No vamos a tener otra opción si estos señores siguen con su despreciable actitud especuladora", ratificó Veragra.
Sobre la planta industrial, ubicada a 35 kilómetros al norte de Rosario (Santa Fe), su inversión inicial fue de u$s 850 millones, y una vez concluida se podrá poner a pleno las dos turbinas para generar unos 810 megawatts (Mw). Su hermana gemela, la termoeléctrica General José de San Martín, produce esa misma cantidad de energía.