"Los venezolanos tienen buenas razones para temer que la intervención de los militares, que están entrenados para situaciones de guerra y no para controlar el orden público, sólo agrave la situación", dijo el directivo de Human Rights Watch (HRW) José Miguel Vivanco,
La organización recuerda que la resolución fue adoptada el pasado 23 de enero y se produce un año después de la "brutal represión de manifestantes no violentos y transeúntes" en las protestas que comenzaron el 12 de febrero de 2014 y se prolongaron hasta abril.
"Emplear las fuerzas militares para controlar protestas públicas es una muy mala idea, especialmente en un país donde ya hay antecedentes de que miembros de las fuerzas de seguridad han cometido impunemente abusos aberrantes contra manifestantes que no actuaban de manera violenta", agregó Vivanco.
"Hay antecedentes de que las fuerzas de seguridad cometieron impunemente abusos aberrantes contra manifestantes"
La resolución 8610 del Ministerio de Defensa venezolano establece las "normas sobre la actuación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en funciones de control de orden público, la paz social y la convivencia ciudadana en reuniones públicas y manifestaciones".
El escrito ofrece una explicación sobre cómo hacer "uso progresivo y diferenciado de la fuerza" y ubican en último lugar la aplicación "del método del uso de la fuerza potencialmente mortal bien con el arma de fuego o con otra arma potencialmente mortal".
El director ejecutivo para las Américas de HRW añadió que el presidente Nicolás Maduro debería revocar esas atribuciones dadas a los militares y liberar a los detenidos durante las protestas del año pasado, entre ellos el dirigente opositor Leopoldo López.
En un comunicado de la organización, con sede en Nueva York, sostiene que a partir de los "severos" abusos realizados por las fuerzas de seguridad en esas protestas "ha habido una escasa rendición de cuentas".
HRW lamentó que organizaciones regionales como UNASUR y la CELAC evitaran repudiar tanto estos "abusos sistemáticos contra manifestantes" como la "persecución penal de opositores políticos del presidente Maduro".