A un año del inicio de las multitudinarias manifestaciones contra el gobierno de Nicolás Maduro, pocas cosas han cambiado en Venezuela. Al margen de que la situación económica empeoró notablemente en el último tiempo, desde el punto de vista de los derechos humanos, nada se modificó.
En esas protestas de febrero del año pasado, murieron 43 personas, casi 500 civiles terminaron heridos y hubo 1854 detenciones, de las cuales aún quedan 41 personas tras las rejas.
La oposición denunció y divulgó filmaciones en las que se ve la violencia policial ejercida contra los manifestantes. El Gobierno, por su parte, acusó de las muertes a las guarimbas, esto es, a las barricadas en las manifestaciones.
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Ligia Bolívar, directora del Centro de Derechos Humanos de la UCAB, advirtió que desde el propio discurso de la fiscal Luisa Ortega Díaz se desprende lo poco que se ha avanzado en las investigaciones de los asesinatos o de las denuncias de torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes.
De acuerdo con lo que publica El Nacional, Bolívar lamentó que la fiscal admita que murieron 43 personas, pero solo mencione 4 investigaciones de homicidios: las de los casos de Bassil Da Costa, José Alejandro Márquez, Geraldine Moreno y Adriana Urquiola.
La directora del centro de la UCAB pregunta cómo siete personas investigadas por el asesinato de Da Costa estén en libertad, con presentación periódica, o cómo se ha demorado un año la solicitud de emisión de la alerta roja de Interpol para el supuesto asesino de Urquiola.
Sin embargo, la lentitud no se limita a los casos de asesinatos, sino que también arropa las torturas y los tratos crueles, inhumanos o degradantes. Según el mismo diario, Bolívar recordó que en junio de 2014 la Fiscalía dijo que se adelantaban dos investigaciones por torturas y 185 por tratos crueles. En ese momento sólo había cinco acusaciones, dos sobreseimientos y 22 archivos fiscales.
María Corina Machado: "Nuestro llamamiento fue y será siempre pacífico"
La dirigente opositora venezolana María Corina Machado, una de las principales impulsoras junto a Leopoldo López, de las protestas que comenzaron en Venezuela hace un año, aseguró que su llamamiento a las calles fue y es "estrictamente pacífico" para lograr una "transición a la democracia".
En una entrevista con el periodista Javier García para la agencia de noticias EFE, Machado destacó que si hace un año "era necesario lograr un cambio político en paz", hoy lo es mucho más en vista del "tremendo deterioro de la situación del país" y aseguró que más de un 80% de la población "está clamando por un cambio profundo".
"Venezuela está arruinada en lo económico, resquebrajada en lo social y destruida en lo institucional y los valores", afirmó.
Frente a quienes la acusan de haber intentado conseguir con la presión en las calles lo que no se pudo lograr en las urnas, la dirigente opositora asevera que la iniciativa denominada La Salida -que impulsó junto a López y el alcalde mayor de Caracas, Antonio Ledezma- pretendía "una transición pacífica a la democracia".
Las protestas estudiantiles del año pasado
Machado destaca que la democracia se define por la forma de acceso al poder, por el ejercicio del poder y por el fin del poder y estima que esas tres dimensiones "están seriamente vulneradas por parte del régimen" venezolano.
"Incluso si el acceso al poder fuese por una vía democrática y transparente, el pueblo tiene el derecho y el deber cuando deja de ser un comportamiento democrático de buscar recuperar su libertad y su prosperidad", señala.
A su juicio, la presión ciudadana, "ejercida de manera organizada cívica y pacífica puede lograr que incluso un régimen no democrático entienda que por su bien y el de todos debe permitir una transición a la democracia en paz".
"Maduro tiene que entender que el primer paso es que se ponga a un lado", recalcó y aseveró que si el año pasado el presidente tenía más del 50% de apoyo popular, según sus propias encuestas, hoy está por debajo del 20%.
"Maduro tiene que entender que el primer paso es que se ponga a un lado"
Machado rechaza las críticas de quienes desde la oposición consideran que La Salida lo que hizo fue cohesionar al chavismo y resquebrajar la unidad opositora, así como cualquier responsabilidad en la violencia desencadenada por las protestas.
Asegura que las 43 muertes registradas entre febrero y junio de 2014 "son producto de la represión del Estado" y subraya que desde el principio criticaron las guarimbas (barricadas) y las protestas violentas.
"Nada justifica una vida perdida, nada, nuestra llamada fue, es y será siempre estrictamente pacífica", dice antes de afirmar que la violencia "le conviene al régimen porque justifica su represión" y "aterroriza a la gente para salir a manifestarse".
La ex diputada en la Asamblea Nacional entiende que se está produciendo una "confluencia" en las posiciones de la oposición en torno a la idea de que "el cambio es impostergable" y que la protesta y la movilización pacífica es "indispensable".
De hecho, el dirigente opositor y candidato presidencial de la Mesa por la Unidad Democrática (MUD) en las últimas presidenciales, Henrique Capriles, que no apoyó La Salida de Machado y López el pasado año, se sumó recientemente a las llamadas a la movilización popular.
Respecto a su imputación por conspiración el pasado diciembre en relación con un supuesto plan para asesinar a Maduro, la opositora dijo que los correos electrónicos en que se basa esa acusación son "total y absolutamente falsos, como lo ha asegurado la propia empresa Google".
Explicó que la han acusado de "terrorismo, de traición a la patria", que la han expulsado de la Asamblea Nacional y que tiene una prohibición de salida del país desde hace más de diez meses.
"No estoy en prisión porque el régimen ha entendido que la represión tiene un alto costo político"
"No estoy en prisión porque el régimen ha entendido que la represión tiene un alto costo político y ha reflexionado sobre cuánto avanzar. Tienen otros mecanismos de presión que son más sutiles y en algunos casos muy efectivos", añade.
En su opinión, el Gobierno "está consciente de que es necesario e inminente un cambio" y la "vocación democrática" de la oposición les obliga "a ofrecerle al país una ruta constitucional para la transición".
Machado reconoce que quiere ser "la primera mujer presidente" de Venezuela, aunque opina que el país "va a necesitar un gobierno de unidad nacional" al tiempo que "una alianza firme y consolidada de todas las fuerzas democráticas para lograr transitar a la democracia".
Se declara consciente de que Venezuela "jamás podrá ser la misma" de antes y defiende que el primer desafío de un hipotético gobierno opositor sería "superar la pobreza y la exclusión" para lo que debe asumirse "que vamos a un proceso de reconciliación y no de venganza ni de enfrentamiento, aunque sí de justicia, ya que no puede haber impunidad".