El primer mandatario francés, François Hollande haría este anuncio el próximo 5 de febrero, en una gran conferencia de prensa en la cual se esperan otras novedades.
La idea del gobierno es ampliar esta opción a todos los franceses de entre 16 y 25 años que deseen hacerlo. Para el principal partido de oposición, UMP (centro derecha), y también para buena parte de los propios socialistas, este servicio cívico debería ser obligatorio, única forma de que cumpla con su función integradora y de formación ciudadana de jóvenes de todos los orígenes sociales, en igualdad de condiciones.
"La fórmula apuntaría a facilitar la integración (de la juventud francesa) en la sociedad, enseñarles ciudadanía; en síntesis, volver a soldar el pacto republicano autor de nuestros valores. Misión que muchas familias no asumen y que la escuela no cumple en muchos barrios", escribe Yves Thréard, editorialista del diario Le Figaro.
Enrolarse en este servicio cívico sería un medio para reforzar la cohesión nacional, cuyo resquebrajamiento parece haber sido puesto en evidencia por los brutales atentados del 7, 8 y 9 de enero pasado.
Haya habido o no financiamiento e ingeniería externa en el ataque a la redacción del semanario satírico Charlie Hebdo durante el cual fueron asesinados varios de los más célebres caricaturistas de Francia, lo cierto es que el atentado evidenció la existencia de un ambiente propicio al reclutamiento de jóvenes dispuestos a ejercer la violencia, posiblemente motivados por el resentimiento que deriva de la segregación.
Según un sondeo de Odoxa para Le Parisien, la idea de volver obligatorio el servicio cívico cuenta con un amplísimo consenso: ocho de cada diez franceses consideran que podría mejorar la cohesión nacional y reforzaría el sentimiento de pertenencia a Francia y a la República. Casi 70% de los consultados cree que este servicio despertaría en los jóvenes un deseo de compromiso ciudadano y de participación asociativa o política. Aunque la adhesión a la propuesta es mayor entre los simpatizantes de derecha –entre los que llega al 89%-, también es muy elevada entre los de izquierda: 73 por ciento.
Como es de suponer, el entusiasmo disminuye cuando se trata de los principales involucrados: los jóvenes de entre 18 y 24 años que deberán dedicar parte de su tiempo a cumplir con este deber cívico. Aún así, siguen siendo mayoría los que están a favor de un servicio obligatorio: 62 por ciento.
Es evidente que, tanto en la población como en el gobierno, este entusiasmo por un servicio civil obligatorio –o universal, como al parecer propondría Hollande- es resultado directo del 7 de enero. El actual servicio cívico fue creado en 2010, con la finalidad de cubrir parcialmente el vacío dejado por el servicio militar obligatorio, considerado en Francia, como en muchos otros países, como un instrumento de integración nacional. Cualquier joven francés de entre 16 y 25 años puede postularse, sin necesidad de título alguno, para brindar algún servicio en asociaciones sin fines de lucro durante un período que va de 10 meses a dos años. Las tareas que cumplen estos jóvenes pueden ser de acompañamiento a personas mayores o enfermas, apoyo escolar, campañas de educación para la salud, valorización de la memoria histórica de una región, etcétera. Además de tener cubiertos ciertos gastos, reciben una mensualidad que actualmente es de 573 euros.
La ampliación de este servicio –que hoy sólo recibe a 35.000 jóvenes por año, de los 120.000 que se postulan- para hacerlo realmente universal implica una serie de desafíos cuya organización y financiamiento no están resueltos aún. Más todavía si se decide hacerlo obligatorio.
Aunque aún no se conocen los detalles definitivos de la propuesta de Hollande, ya se ha suscitado un debate: ¿la ciudadanía y el patriotismo pueden imponerse o deben ser estrictamente espontáneos?
Para François Chérèque, ex secretario general de la CFDT (una de las grandes confederaciones sindicales de Francia) y actualmente a cargo de la Agencia que dirige el Servicio Cívico, afirma que implicaría "castigar a la juventud" y que "la ciudadanía es un compromiso".
En cambio, la ex ministra Natalie Kosiuko Morizet, vicepresidente de la UMP, se declara abiertamente "favorable a un servicio obligatorio de varios meses, militar o civil", porque "sería útil tener un tiempo en el cual cada uno devuelva a la República algo de lo mucho que le ha dado". Pero también el diputado socialista Pouria Amirshahi apuesta por la obligatoriedad: "Si no, sería sólo 'verso', hacer de cuenta que se anuncian cosas que ya existen".
El debate no es sólo francés, sino recurrente en países que sufren alguna forma de conmoción social. Argentina no es la excepción; muchos ven en alguna forma de servicio obligatorio una respuesta posible al fenómeno de la drogadicción –que afecta especialmente a los jóvenes- y de la violencia y el delito a ella asociados. De hecho, la supresión del servicio militar obligatorio priva al Estado de una poderosa herramienta de integración e igualación social.