A la profunda crisis económica que vive el país se le sumó, en las últimas horas, el escándalo de narcotráfico comandado por Diosdado Cabello. Pero, como si eso fuera poco, una nueva resolución del Ministerio de Defensa puso a la población en alerta máxima.
Se aprobó el "uso de la fuerza potencialmente mortal, bien con el arma de fuego o con otra arma potencialmente mortal", como último recurso, para "evitar los desórdenes, apoyar la autoridad legítimamente constituida y rechazar toda agresión, enfrentándola de inmediato y con los medios necesarios".
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De acuerdo con lo que consigna El Nacional, las nuevas normas menoscaban las garantías del artículo 68 de la Constitución, el cual señala: "Se prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas. La ley regulará la actuación de los cuerpos policiales y de seguridad en el control del orden público".
La resolución fue firmada por el general en jefe Vladimir Padrino López y no distingue entre manifestaciones pacíficas y violentas, más allá de definir escuetamente la violencia mortal como la "creación de una situación de riesgo mortal".
Con la medida se desconocen los estándares internacionales
Otro de los puntos importantes que señala el periódico es que con la medida se desconocen los estándares internacionales, entre ellos, el establecido en el Informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos elaborado por la Comisión Interamericana sobre Derechos Humanos en 2009.
La resolución 008610 del Ministerio de la Defensa fue publicada en la Gaceta Oficial del 27 de enero de 2015, apenas días antes de cumplirse un año de la fuerte represión que el gobierno de Nicolás Maduro llevó a cabo en febrero pasado.
Esas manifestaciones comenzaron el 4 de febrero de 2014 en San Cristóbal y el 12 de febrero en Caracas, cuando los líderes opositores María Corina Machado, Leopoldo López y Antonio Ledezma encabezaron grandes movilizaciones para protestar contra la escasez de alimentos y la inseguridad.
En dichas movilizaciones, murieron 42 personas y hubo más de 480 heridos. También quedaron detenidas casi 2.000 personas, entre ellas, el propio Leopoldo López, quien aún continúa preso.
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El secretario ejecutivo de la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Jesús Torrealba, anunció un plan de marchas antigubernamentales que inició el sábado pasado en las principales ciudades de Venezuela para protestar "contra el hambre y por el cambio" del modelo político en el país.
"La marcha contra el hambre y por el cambio va a ser mañana (por el sábado pasado) en casi todas las capitales y estados de Venezuela y, por supuesto, en la ciudad capital, una marcha que refleja, que recoge la indignación del venezolano", había señalado Torrealba en un acto político desde el 23 de enero, uno de los barrios populares más grandes del oeste Caracas.
Torrealba se dirigió a decenas de seguidores acompañado por los principales líderes opositores venezolanos, entre ellos el gobernador del céntrico estado Miranda y ex candidato presidencial, Henrique Capriles, la ex diputada María Corina Machado y el alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma.
"Chuo", como se lo conoce a Torrealba en Venezuela, indicó que esta "gran movilización" fue sólo "el inicio de un conjunto de movilizaciones que van a tener diversos formatos" en todo el territorio venezolano.
"Estamos en una crisis política y sería inexacto en este momento llamar al pueblo a la calle, porque el pueblo está en la calle, está descontento. Lo que hay que hacer es desarrollar un conjunto de acciones que permitan que la oposición, la alternativa democrática, contacte su descontento allí donde está", expresó.