El titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz (PGJE, fiscalía), Luis Ángel Bravo Contreras, indicó en una conferencia de prensa que el cuerpo de Sánchez fue localizado en un paraje gracias al testimonio de su asesino, el ex policía Clemente Noé Rodríguez Martínez.
Según Bravo, Rodríguez fue capturado el sábado y declaró que el asesinato fue cometido por orden del presidente municipal (alcalde) del municipio de Medellín de Bravo, Omar Cruz Reyes, que pertenecía al Partido Acción Nacional y con quien mantenía rencillas políticas.
El fiscal señaló que solicitará al Congreso del Estado un juicio "de procedencia" contra el alcalde, que goza de fuero constitucional y es necesario que los diputados se lo retiren para que pueda ser detenido.
Según la Procuraduría de Veracruz, el asesinato fue cometido por orden del alcalde del municipio de Medellín de Bravo
Sánchez, que además de activista vecinal era taxista, publicaba constantemente en redes sociales quejas y ataques en contra del municipio.
Como resultado de las investigaciones fue posible detener al ex agente, que perteneció a la extinta Policía Intermunicipal de la zona turística de Veracruz-Boca del Río-Medellín.
Rodríguez confesó haber participado junto con otras cinco personas en el secuestro de Sánchez, que fue sacado de su casa, asesinado y su cuerpo ocultado en un paraje de la zona conocida como Jamapa.
En su declaración, el ex policía reveló que el encargo de asesinarlo provino del subdirector de la Policía Municipal de Medellín, Martín López Meneses, chófer y escolta personal del alcalde Cruz.
López no puede abandonar la población por disposición judicial para determinar la responsabilidad que le resulte en el homicidio doloso calificado de Sánchez.
La víctima, de 49 años, era director y editor del semanario comunitario La Unión, en el municipio de Medellín de Bravo.
El pasado 21 de enero, la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) expresó su preocupación por la "falta de coordinación y de resultados" en las investigaciones sobre su desaparición.
RSF recordó que el estado de Veracruz, "uno de los más peligrosos del país para los periodistas", registra una tasa de criminalidad "alarmante" porque en él confluyen diversos grupos del crimen organizado.
Destacó que algunos profesionales de los medios han afirmado que son vigilados, hostigados y amenazados por difundir información sobre la inseguridad, como hacía Sánchez, y recordó que México se halla en el puesto 152 de los 180 países analizados en su última clasificación mundial de la libertad de prensa.