Ante los trascendidos sobre un cortocircuito entre la Justicia y la Policía de Uruguay por el curso de la investigación del crimen de la adolescente argentina Lola Luna Chomnalez, la filial de Rocha del sindicato policial recordó que la magistrada de turno fue la que ordenó las nueve detenciones que tuvo el expediente y que terminaron con todos los arrestados en libertad a las pocas horas.
La jueza de turno de Rocha, Marcela López, presentó el viernes un certificado médico por "lumbalgia" y dejó el caso tras liberar un día antes a un hombre apodado el "Conejo", que era considerado el principal sospechoso por el asesinato perpetrado en el balneario Barra de Valizas. Ayer asumió la nueva magistrada Silvia Urioste.
Ninguna de las líneas que siguió la investigación hasta ahora arrojó indicios firmes. La jueza saliente acusó a la Policía de generar una ola de nueve detenciones que no arrojaron pistas y pidió pruebas concretas. Piensa que hasta ahora no hay nada científico.
De la vereda de enfrente, aseguran que la magistrada "tiene poca experiencia" y la critican por dejar trascender a la prensa información que pudo haber obstruido la investigación. Pero sobre todo, en la policía están molestos porque creen que el crimen fue pasional y que la jueza López debería haber profundizado la pesquisa sobre los familiares. En concreto, la acusan de no presionar a la madrina, su marido y su hijo durante los interrogatorios, y de dejarlos salir del país, algo que implicaría tener que pedir su extradición para que vuelvan a declarar.
Se esperaba que la nueva jueza y el jefe de policía Oscar Miraballes se reúnan hoy en el Ministerio de Interior para reencauzar la investigación y limar posibles asperezas, pero una fuente confirmó a Infobae que el encuentro se suspendió.
En ese marco, este martes la filial de Rocha del Sindicato Único de Policías de Uruguay (SUPU) emitió un comunicado en que recordó que "las detenciones dispuestas en todos los procedimientos en que la Policía ha tenido y tiene que intervenir, siempre ha sido o será, con la autorización expresa del Juez Competente o por orden del mismo".
Una fuente con conocimiento del tema explicó a Infobae el significado de la nota. "La jueza pedía más pruebas, dando a entender que procedían mal. Por eso ahora se están lavando las manos y subrayan que ellos no pueden detener sin la orden de la Justicia, como establece la Constitución".
Desde el sindicato además defendieron la actuación policial. "Apoyamos al abnegado personal que se encuentra trabajando en el caso, a todos sin excepción", escribieron las autoridades del SUPU en la nota.
Por su parte, el presidente del SUPU local, Víctor Fontes, declaró al portal Rocha al Día: "Este homicidio no se va a aclarar de un día para otro, hay que reunir muchas pruebas. Pero se está trabajando bien y el procedimiento permitirá aclarar el tema". También desmintió otra interna, pero dentro de la policía, entre los agentes de Rocha y una unidad científica que viajó desde Montevideo.
Además, el gremio llamó a "no efectuar ningún tipo de declaración, primero por respeto a los familiares de la víctima, segundo, por encontrarse en secreto de pre sumario, y por último, por las disposiciones legales con respecto a la reserva de la información policial".