En el cierre del año judicial, el Ministerio Público que comanda Alejandra Gils Carbó sorprendió con numerosos cambios y designaciones de última hora, muchos de los cuales despertaron cuestionamientos. Ayer, nombró a dos integrantes de la agrupación kirchnerista Justicia Legítima en la Unidad Fiscal de Investigaciones de la Seguridad Social (Ufises) y otros dos representantes del mismo colectivo como subrogantes en el fuero federal porteño.
Los movimientos en el organigrama de fiscales se dan en un contexto de fuertes diferencias por parte de las asociaciones que aglutinan a esos funcionarios y a los jueces con la Procuración General. Es que muchos sostienen que se tratan de maniobras de premio y castigo de acuerdo a los lineamientos políticos.
Con ese escenario como telón de fondo, en las últimas horas el fiscal General Carlos Ernst, de extensa trayectoria en el organismo, hizo público su pesar por los "tratos desaprensivos" de los que fue objeto. Lo hizo en una carta a Gils Carbó, en la que prometió cumplir con sus decisiones, pero de las que se permitió disentir y observar lo que a su juicio era errado.
En la misiva, Ernst comentó con cierta amargura el traslado de la Fiscalía General de Capacitación y Formación -"disolvió usted un área de trabajo con 18 años de historia", se quejó- para cumplir nuevas tareas. "Tomé contacto con sus profesionales, lo que puse en su conocimiento y a partir de allí acordó usted mi ingreso a un área distinta de la que ahora se me asigna sin haber mediado explicación alguna", indicó el texto al que accedió Infobae.
"Pareciera una situación ya no de destrato, sino un verdadero atropellamiento"
"Cumpliré a conciencia con mis nuevas responsabilidades, como lo hago hace más de 20 años. Pero también cumplo con mi conciencia observando que el trato recibido se percibe como desaprensivo, porque en una institución republicana las facultades discrecionales ejercidas sin aviso previo, o contra los compromisos dados, deberían servir para mover muebles y no personas", indicó el fiscal.
En un correo electrónico enviado luego a una colaboradora de Gils Carbó -y en el cual la procuradora general figura copiada-, criticó también la decisión de correrlo de su despacho sin que además tenga un destino donde continuar su trabajo, así como la de modificar su permanencia en feria.
"Para decirlo con respeto pareciera una situación ya no de destrato, sino un verdadero atropellamiento", señaló. Y adelantó que pondría en conocimiento de lo ocurrido a la Asociación de Fiscales y a la Asociación de Magistrados, de las cuales es miembro.
u"Preocupación"/u
La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional emitió precisamente ayer un comunicado para manifestar su "preocupación" por las resoluciones que dictó en los últimos días Gils Carbó para "cubrir con fiscales subrogantes los 17 cargos de Fiscal General creados por el Anexo II de la Ley 27.063". La referencia es al organigrama que crea la reciente reforma del Código Procesal Penal, sancionada en medio de fuertes denuncias de la oposición a propósito de la discrecionalidad que tendría el Ministerio Público.
En la nota, la asociación recuerda que tal proyecto de reforma "no fue debatido con la profundidad y amplitud" que una norma de esas características requería.
"Debe recordarse aquí que la ley prevé la creación de una Comisión Bicameral para realizar el proyecto de implementación (art. 7), y que resulta necesario -o al menos eso se ha esgrimido como argumento- reformular la organización del Ministerio Público Fiscal para que pueda desarrollar las nuevas funciones como titular de la acción penal. Recién allí se podrán fijar las necesidades reales en materia de recursos humanos y materiales y la fecha de entrada en vigencia de la reforma procesal", detalló.
La entidad advirtió por eso que "toda puesta en funcionamiento de estas Fiscalías Generales, así como la designación de Fiscales subrogantes que comenzarán a cumplir sus funciones en fecha próxima, más allá del llamado a Concurso que también se formula para cubrirlas, podría
, especialmente las que tienen como sujetos imputados a funcionarios públicos por hechos de corrupción, sin ninguna conexión con la reforma procesal prevista en la ley 27.063, y aun cuando el Código que constituye su núcleo nunca entre en vigencia o su implementación se dilate en el tiempo".