La procuradora General de la Nación Alejandra Gils Carbó no hizo lugar a la solicitud del juez federal Claudio Bonadio para iniciar el proceso de remoción del fiscal general a cargo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Carlos Gonella. Además, debido a la "gravedad institucional que acarrea la manifiesta inconstitucionalidad" de la decisión del magistrado de declararlo en rebeldía y ordenar la prohibición de salida del país, remitió las actuaciones al Consejo de la Magistratura "para que allí se tomen las medidas que correspondan a semejante avasallamiento".
Gils Carbó señaló que el pedido formulado por Bonadio se enmarca en una causa penal que pretende criminalizar una actividad propia del Ministerio Público Fiscal, como es la política institucional de rendir cuentas a la sociedad a partir de la difusión de noticias en el sitio www.fiscales.gob.ar. "La persecución penal por la difusión de noticias sobre la actuación de los fiscales involucra el derecho a la libertad de expresión y acceso a la información pública garantizado por la Constitución Nacional y los instrumentos internacionales de derechos humanos", precisó en ese sentido.
Gonella y el fiscal en los Penal Económico Emilio Guerberoff están imputados en una causa en la que se los acusa de violación de secreto al haber difundido datos sobre una investigación de lavado de dinero respecto de gente vinculada a una banda de narcotraficantes.
El fiscal negó haber cometido delitos y recusó a Bonadio por temor de parcialidad, pero el magistrado fue ratificado en la causa. Sin embargo, Gonella presentó la mañana del lunes último un escrito y no fue a la indagatoria porque apeló la decisión de la Cámara Federal ante la Cámara de Casación.
Como el fiscal tiene inmunidad de arresto, Bonadio solicitó que la Procuradora General de la Nación Alejandra Gils Carbó y el Jury del Ministerio Público Fiscal le quiten los fueros y recién entonces ordenar su detención sólo para que sea llevado por la fuerza publica a declarar.