Los reclamos argentinos, la presión de sus países aliados y la caída del 40% en los precios internacionales del crudo no desaniman a los habitantes de las Islas Malvinas: pese a que las dos principales petroleras instaladas en la zona (Premier Oil y Noble Energy) ya anunciaron una reducción de sus proyectos, el gobierno isleño todavía estima que podrían recibir en ese sector inversiones por u$s2.000 millones, según los documentos a los que accedió Infobae. Su esperanza es que las multinacionales dejen en la región aunque sea un mínimo porcentaje de sus futuras ganancias. Para eso, la Asamblea Legislativa que gobierna las Islas reglamentó esta semana el llamado "Código de Prácticas para Contrataciones de las empresas de gas y petróleo y sus subcontratistas que operan en las Falklands (Malvinas)", una extensa guía con recomendaciones para la actividad de las multinacionales.
Por el temor a ahuyentar las inversiones o recibir una avalancha de presentaciones judiciales, los nueve legisladores acordaron que por ahora el Código de Prácticas no sea una ley, sino tan sólo una sugerencia: aquellas compañías que no deseen acatarlo, podrán hacerlo sin ninguna consecuencia.
El manager del programa de gas y petróleo de las Islas, Mike Brough, presentó el 28 de noviembre un informe sobre el proyecto, en cuya redacción trabajó desde comienzos de este año. Infobae accedió tanto al Código como a las recomendaciones del ingeniero de origen británico. En este último, el funcionario sugiere que la inclusión de las empresas locales no sea forzada por una ley, ya que sería abordar el problema "sólo con el método del garrote". Eso generaría el "peligro de que requisitos irreales/incumplibles desalienten las inversiones" e incluso daría pie a demandas judiciales, debido a que el Código es "discriminatorio porque propone un proceso de registro para la elegibilidad basado en los orígenes nacionales/sociales".
El Código estará bajo revisión durante 12 meses: en ese tiempo evaluarán incluir sanciones o incluso convertirlo en ley
Su propuesta fue crear un Código de Prácticas voluntario que incluya un registro de empresas locales para que las multinacionales petroleras contraten o se asocien con ellas. La Asamblea Legislativa aprobó la iniciativa y la consideró bajo revisión por un período de 12 meses: en ese plazo será puesta en marcha, recibirán los comentarios tanto de las empresas internacionales como de las locales, evaluarán la posibilidad de establecer sanciones e incluso estudiarán la idea de convertir el Código en ley.
Mientras tanto, el documento se perfila para el desconfiado ojo argentino como un mero catálogo de buenas intenciones. En su informe, el propio Brough reconoció que "la proporción del valor de los contratos puede ser fijado por las empresas de gas y petróleo en cifras tan bajas como el 1% (de participación local) y todavía estarían cumpliendo con el Código".
Infobae intentó contactarse con el manager del programa de gas y petróleo de las Islas, pero no tuvo éxito. Con quien sí pudo hablar fue con Barry Elsby, ex titular y actual integrante de la Asamblea Legislativa. "Creemos que las petroleras desean trabajar en estrecha colaboración con las compañías locales para asegurar que todo el trabajo posible sea llevado a cabo por las empresas de las Islas. El Código de Prácticas que proponemos ha funcionado bien en otros países, pero monitorearemos su implementación", adelantó.
Brough postuló como modelo a seguir el caso de Noruega, donde la participación local en la explotación petrolera "ronda el 50% o el 60% y en algunos casos llega hasta el 80 por ciento". Pero el propio ingeniero inglés reconoció que se trata de "circunstancias muy diferentes" por la cantidad de obstáculos que hoy tiene Malvinas: la falta de infraestructura, un bajo desarrollo de la actividad industrial, la falta de mano de obra disponible por la limitada inmigración y un mercado laboral que ya trabaja casi a su máxima capacidad.
"Funcionó bien en otros países, pero monitorearemos su implementación", indicaron los legisladores isleños
La tensa relación con Argentina no aparece ni en el Código de Prácticas ni en el informe de Brough. Las acciones diplomáticas que el gobierno nacional lleva adelante en buena parte de los foros internacionales, los procedimientos contra las petroleras que operan en Malvinas y el bloqueo parcial de todo el Mercosur a los barcos que se dirigen a las Islas no son ni siquiera nombrados.
Aunque velada, la única alusión al conflicto es tal vez el punto 6.1.7 del Código de Prácticas, que recomienda a las multinacionales no exigir que la documentación de las empresas locales les sea enviada más de una vez por "las limitaciones que hay en las Islas Falkland (Malvinas) para las comunicaciones postales y electrónicas". Debido a su casi nula relación con el continente, el archipiélago recibe sus cartas a través de un avión inglés y utiliza internet satelital por la falta de fibra óptica.
Pero ni las acciones argentinas, ni las dificultades propias de las Islas, ni la pérdida de rentabilidad por la caída del precio del crudo son un freno para quienes sueñan con el "oro negro" malvinense: en 2015, las exploraciones se reanudarán en busca de nuevas regiones para la explotación petrolera.
iEl Código de Prácticas completo y el informe que recomendó que sea optativo:/i