Con enormes fotografías de sus hijos desaparecidos colgando de sus cuellos, los padres de familia marcharon con algunos de sus compañeros de la escuela de Ayotzinapa (Guerrero, sur) y organizaciones campesinas por la emblemática avenida Reforma.
"¡¿Qué quiere Ayotzinapa?!", preguntaba un líder campesino, "¡Justicia! ¡Justicia!", respondía la muchedumbre.
Los manifestantes portaban una gigante bandera mexicana cuyos colores rojo y verde fueron sustituidos por el negro.
"La violencia nos ha desgarrado a tal punto que ha desvanecido nuestras diferencias. Ya todos somos hermanos, todos los estudiantes somos uno", dijo a la agencia AFP Ramón Gutiérrez, estudiante del Instituto Politécnico Nacional.
"Han sido tres meses muy largos para nosotros y no hay nada", dijo a la agencia de noticias AFP Felipe de la Cruz, padre de uno de los estudiantes, al asegurar que para ellos "no habrá cansancio, ni desánimo" en el reclamo de sus hijos.
"Estamos como en el primer día, con toda la energía para seguir buscando a los muchachos", añadió De la Cruz, vocero de los familiares de los estudiantes desaparecidos la noche del 26 de septiembre tras haber sido brutalmente atacados por sicarios y policías corruptos municipales en Iguala, estado de Guerrero.
Este crimen, que ha estremecido a la sociedad mexicana y al mundo, ha detonado multitudinarias protestas, y la peor crisis en dos años del gobierno de Enrique Peña Nieto.
El mandatario envió el 24 de diciembre un mensaje a la nación en el que pidió unión entre los mexicanos.
"Éste es el momento de construir, no para destruir; el momento de unir, no para dividir. El momento de fortalecer nuestras instituciones, no para debilitarlas; el momento de pensar en soluciones y de trabajar por México", dijo.
Según la fiscalía, los estudiantes de la escuela para maestros rurales de Ayotzinapa fueron entregados por los policía municipales de Iguala y la vecina comunidad de Cocula a integrantes del cartel de Guerrero Unidos, que los habrían asesinado e incinerado.
Únicamente los restos de uno de los 43 jóvenes han sido identificados con pruebas de ADN en un prestigioso laboratorio de Austria.
Por otra parte, el secuestro y asesinato de un sacerdote cometidos esta semana también en Guerrero provocó una sentida protesta de la iglesia católica mexicana.
"¡Basta ya! No queremos más sangre. No queremos más muertes. No queremos más desaparecidos", dijo la Conferencia del Episcopado Mexicano en un comunicado, en el que además exigió "el esclarecimiento de éste y de los demás crímenes que ha provocado dolor en tantos hogares" de México, azotado por la violencia generada por el narcotráfico.
El cuerpo del sacerdote Gregorio López Gorostieta fue encontrado el jueves en un paraje del pequeño municipio de Tlapehuala (9.000 habitantes) con un balazo en la cabeza, tres días después de haber sido secuestrado por un comando cuando estaba en un seminario en la localidad de Pungarabato.
El secuestro del prelado provocó que el martes unas 300 personas, entre ellas decenas de sacerdotes, marcharan en calles céntricas de Pungarabato (36.000 habitantes) hasta la catedral local para implorar a los raptores que lo dejaran con vida.
Los sacerdotes se han convertido en un blanco del crimen organizado generado por el narcotráfico.
En la comunidad cercana de Ocotitlán, el sacerdote ugandés John Ssenyondo fue secuestrado en abril y sus restos fueron hallados en noviembre en una fosa clandestina junto con otros 12 cadáveres.
Tan solo en los dos años de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, ocho sacerdotes han sido asesinados y dos se encuentran desaparecidos, según el informe "El riesgo de ser sacerdote en México", publicado a principios de diciembre por el Centro Católico Multimedial.