Hace ya casi dos años que un mismo proyecto renueva los cruces entre políticos y empresarios en la provincia de Buenos Aires. Con media sanción en la Cámara de Senadores de la legislatura bonaerense, la llamada "Ley Posnet" tiene un claro objetivo: exigir a los comercios a instalar terminales electrónicas de pago para que más allá del efectivo, los consumidores elijan si quieren pagar con tarjeta de crédito o débito.
La Cámara Argentina de Comercio (CAC) sostiene la posición más desafiante a este proyecto, que cuenta con el aval del gobernador Daniel Scioli. "Esta ley es inaplicable porque pretende abarcar al universo de comerciantes desde la categoría E de monotributo en adelante. Un ingreso anual de $144.000 al año son unos $500 pesos por día", aseguró Mario Grinman, prosecretario de la entidad, quien planteó un piso de ingresos de al menos un millón de pesos al año para considerar el proyecto.
Oliva explicó que el 52% de los contribuyentes en la provincia son monotributistas, y que sólo uno de cada 10 de ese total estaría alcanzado por el proyecto.
En diálogo con Infobae, Grinman se defendió de las acusaciones y dijo que los comerciantes están "a favor de todo mecanismo que persiga a la informalidad", pero el nivel de ingresos no es el único problema a la hora de rechazar el proyecto. La CAC también señaló otros tres problemas: no todas las localidades de la provincia cuentan con una "conectividad razonable", faltan sucursales bancarias y los cupones de las terminales significarían "una carga administrativa mayor", sobre todo para los comercios unipersonales.
El proyecto tiene el visto bueno de la Agencia Recaudadora de la provincia de Buenos (Aires), pues ayuda a combatir la evasión impositiva. "Reemplazar el dinero por el plástico es un beneficio que alcanza también a los propios comerciantes. Además, el consumidor tiene el derecho de elegir el medio de pago", dijo a Infobae Iván Budassi, director Ejecutivo de Arba. Y Grinman ironizó: "¿Les van a exigir también a los manteros y a los de La Saladita el uso del posnet?".
Otra de las razones que esgrimen los comerciantes para que la normativa excluya a los monotributistas son los costos mensuales de una terminal electrónica. El sistema básico hoy cuesta entre $178 y $224 más IVA, valor al que hay que sumarle la tarifa de una línea telefónica fija. LaPos (Visa) y Posnet (MasterCard) son las empresas más importantes en el mercado. Como el servicio necesita estar enlazado a una cuenta bancaria, un mantenimiento básico mensual puede rondar los $210 en un banco privado, y escalar hasta $260 si incluye otros servicios.
Las empresas suelen entregar la terminal en comodato y el pago mensual incluye tanto los insumos como el mantenimiento, pero los gastos no terminan allí.
Este tipo de transacciones tienen un impuesto del 1,5% para tarjetas de débito y del 3% para tarjetas de crédito que son asumidos por el comercio. Además, los pagos no se efectivizan de manera inmediata: con débito se acreditan en 48 horas hábiles, mientras los efectuados con tarjeta de crédito en 18 días hábiles. "En el interior, los comerciantes pequeños reciben la mercadería y la pagan al pie de camión, o sea que tienen que pagarla y luego financiarla de 25 a 30 días", enfatizó Grinman.
Nuevos actores
Los cuestionamientos de los empresarios son respaldados por partidos políticos opositores como el Frente Renovador, que ya adelantaron que no aprobarían en Diputados el proyecto tal como está redactado. Pero más allá del aval de Scioli y el de ARBA, hace poco la Defensora Ciudadana de La Plata, María Monserrat Lapalma, envió una carta al presidente de Diputados, Horacio González, para solicitar su "tratamiento y sanción en el actual período legislativo".
"No resulta un procedimiento costoso si se compara con todos los elementos que componen la habilitación de cualquier local comercial, máxime que las organizaciones asociativas cuentan con respaldo legal y técnico para todos los emprendimientos de este tipo", enfatizó Lapalma en el escrito.
Más allá de este caso en particular, el reclamo de los empresarios se enmarca en un contexto donde la informalidad laboral afecta al 46% de los trabajadores en el país, según un informe reciente de la Organización Internacional del Trabajo (OIT); y la presión tributaria del país es de casi el 34% del PBI, una de las mayores del mundo. Es por eso que los cruces entre las dos partes van más allá de la aprobación de una ley.