El Poder Judicial requiere que al menos 400 efectivos de a href="https://www.infobae.com/" rel="noopener noreferrer" seguridad/a protejan a jueces amenazados de muerte. En los últimos meses, varios funcionarios judiciales denunciaron ser objeto de amenazas por el ejercicio de su profesión.
El último caso se registró la semana pasada cuando tres sujetos ingresaron a la vivienda de la jueza Mayra Aguilera.
"Aproximadamente a las 9:30 de la mañana me llamaron de mi casa para informarme que tres tipos armados habían ingresado a mi casa, preguntando por mí y amarraron a mis hijos, los amenazaron con las armas de fuego, le preguntaban a la empleada, de forma reiterativa, dónde estaba yo, que 'ya sabemos' que aquí vive la jueza, con palabras soeces se referían a mí", relató Aguilera en declaraciones recogidas por El Heraldo.
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Tres personas armadas irrumpieron de forma violenta en la vivienda de la magistrada, quien no se encontraba en el lugar, pero sí sus pequeños hijos. Éstos últimos fueron atados por los malvivientes tras recibir amenazas.
Además, cuentan que los sujetos dijeron: "Ya va a ver, le va a salir muy caro lo que hace", agregó la jueza.
De acuerdo con lo que informa el mismo periódico, Mayra Aguilera se desempeñó en la judicatura durante 12 años. "He hecho mi labor de manera correcta, esto es un ataque directamente a mi persona por mi labor jurisdiccional", subrayó.
Por varios años, Aguilera formó parte de la Sala II del Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional, donde se evacuan juicios orales por delitos graves, por lo que conoció casos de criminalidad organizada dictando en muchos casos condenas y enviando a prisión a imputados.
Es por ese motivo que tenía seguridad. Sin embargo, en mayo, el Consejo de la Judicatura la trasladó a otra Sala, por lo que le fue despojada su protección.
"Lo que necesito es que mis superiores me apoyen, porque esta situación no puede ni debe quedar en la impunidad"
Ante ello, Aguilera se siente vulnerable. "Lógicamente, como ser humano, tengo temor, porque no tengo seguridad, espero de mis autoridades superiores que me den el respaldo necesario para que este hecho y este ataque no quede impune", lamentó.
"Lo que necesito es que mis superiores me apoyen, porque esta situación no puede ni debe quedar en la impunidad, porque esto es un ataque frontal de los delincuentes para los que impartimos Justicia", concluyó a jueza.
Por su parte, Francisco Quiroz, del Consejo de la Judicatura, afirmó que es alta la necesidad de brindar protección a funcionarios judiciales que enfrentan amenazas por el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales.
Valoró que los elementos de la Policía y del Ejército atiendan prioridades en el cuidado de la ciudadanía, patrullando calles, barrios, parques y autobuses, entre otros. Al respecto agradeció el apoyo brindado por la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (Fusina) en facilitar elementos adiestrados para proteger a algunos jueces.
Una alternativa que se maneja es la contratación de seguridad privada
Sin embargo, ve difícil poder contar con más agentes del Estado para resguardar la protección del personal y sedes judiciales. Una alternativa que se maneja es la contratación de seguridad privada. "Ocupamos más personal, necesitamos el presupuesto. Por lo menos estamos hablando de 300 a 400 militares o personal de seguridad que ocupamos para dar una media seguridad a nuestros jueces", dijo el consejal en declaraciones recogidas por El Heraldo.
El Consejo de la Judicatura elabora los perfiles de funcionarios judiciales que se encuentran en situación de riesgo y se evalúan los casos dependiendo de la peligrosidad.