El Consejo de la Magistratura atraviesa el peor momento de su breve historia. Sin embargo, la asunción de los nuevos consejeros no parece ser auspicioso de los cambios necesarios para sacar al organismo de su parálisis. El panorama que encontrarán los nuevos integrantes del Consejo dista de ser alentador: concursos que no avanzan, proliferación de vacantes, cada vez más subrogancias, denuncias por corrupción, y una inacción palmaria en materia de procesos disciplinarios.
Por ejemplo, la escasa productividad del Consejo en materia de selección de magistrados es alarmante. Desde 2011 en adelante, el promedio de concursos concluidos ha bajado dramáticamente. Mientras que, sólo en 2010, se realizaron 39 concursos, el promedio para el período 2011-2014 fue de 3,5 concursos por año. Esto mismo se refleja en materia de procesos disciplinarios, otra de las funciones clave del Consejo. Según datos de la Asociación por los Derechos Civiles, entre 2010 y 2014 sólo se aplicaron dos sanciones, lo que representa una disminución del 90% respecto del cuatrienio anterior.
En la actualidad, sobre 941 cargos en la justicia nacional y federal, 239 se encuentran vacantes. Por esta razón, el nivel de subrogancias alcanza al 25% del total de los cargos. En otras palabras, uno de cada cuatro jueces no ha sido designado de acuerdo al procedimiento establecido en la Constitución.
Sin embargo, a poco de asumir, las prioridades pasan por el reparto del poder (y cargos) y la formación de las nuevas alianzas. De las alineaciones internas dependerá el futuro del Consejo. Si el kirchnerismo consigue el famoso "séptimo voto" (que aparentemente se lo aseguraría la camarista laboral Gabriela Vázquez), tendrá la mayoría necesaria para nombrar las autoridades, y remover y designar funcionarios administrativos, pero no para proponer las ternas y sancionar jueces que constituye el núcleo de la actividad del Consejo.
Una pelea evidente pasa por el manejo de los fondos del Consejo y del poder judicial. El kirchnerismo viene intentando desde hace tiempo tomar control de la Administración General del Poder Judicial, actualmente a cargo de un funcionario sobre el que pesa una denuncia por no haber tenido los requisitos para ser nombrado en el cargo. Los recursos del poder judicial están siendo objeto cada vez con más frecuencia de denuncias y sospechas. Denuncias sobre desvíos de fondos, contrataciones irregulares, compras de software en condiciones poco claras, desmanejo de los recursos edilicios, y otros, sugieren un manejo de fondos cuanto menos desprolijo. Máxime si se tiene en cuenta que el Consejo de la Magistratura viene evitando ser auditado por la Auditoría General de la Nación. En otras palabras y aunque cueste creerlo el Consejo no tiene control externo, no hay quien audite sus cuentas. Por esa razón su caja se ha vuelto un bien apetecible para muchos.
Una prioridad del Consejo debería ser avanzar con los concursos de algunos juzgados clave. Por ejemplo, se encuentra vacante el Juzgado Federal 1 en lo Criminal y Correccional de La Plata, decisivo por su competencia en materia electoral: es quien organiza las elecciones en provincia de Buenos Aires. Mientras tanto, el kirchnerismo propone la designación en dicho cargo de un secretario como juez subrogante. Esta práctica ha sido declarada inconstitucional dos veces por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Sin embargo, el Consejo insiste.
En consonancia con los referidos problemas de transparencia presupuestaria, el Consejo carece de una normativa que regule el acceso a la información pública en el poder judicial. La ausencia de una ley en la materia no es óbice para que el Consejo -al igual que la Corte Suprema- dicten su propia normativa en la materia y designen una autoridad de aplicación que asegure el acceso efectivo a la información judicial. De esa forma darían una señal clara a la ciudadanía respecto a su compromiso con la transparencia.
En este contexto, además, el nuevo Consejo podría demostrar su compromiso con la lucha contra la corrupción. Recientemente, presenté ante el Consejo una iniciativa para la creación de una Unidad para el Apoyo a los Juicios de Corrupción (ver acá), que permitiría brindarle a los magistrados el apoyo técnico, institucional y administrativo que necesiten para asegurar que dichos procesos avancen y mejoren su eficacia. Dichos juicios hoy demoran en promedio una década, generalmente prescriben y nunca nadie es condenado. Para darle un apropiado seguimiento a dichos casos, propuse también la creación de un Observatorio de Casos Judiciales de Corrupción, accesible al periodismo, las ONG, y el público en general.
?E?l Consejo se encuentra paralizado y su inacción afecta gravemente el sistema de designación y remoción de magistrados. Para salir de esta situación hace falta una estrategia, y ésta presupone consensos políticos y sectoriales amplios. Hasta el momento, nada indica que estén dadas las condiciones para comenzar a revertir la situación.
El autor es Presidente del Laboratorio de Políticas Públicas. PhD en Ciencia Política (University of Oxford)