Distintos referentes del kirchnerismo salieron en masa a atacar a Claudio Bonadio, el juez federal que investiga irregularidades en una de las empresas de la presidente Cristina Kirchner. Los insultos y críticas comenzaron el jueves, luego que el magistrado ordenara una serie de allanamientos.
Fiel a su costumbre, el dirigente que fue más allá con las críticas fue el piquetero Luis D'Elía. "Simbólicamente" pidió la cabeza de Bonadio "en una pica" en "vereda de Comodoro Py". Bajo el pedido de "destitución ya", el militante ultrakirchnerista realizó su embestida a través de las redes sociales.
Pero D'Elía no fue el único. El viernes fue el propio jefe de Gabinete Jorge Capitanich el que aprovechó su contacto diario con la prensa para descargar toda su ira contra Bonadio. Lo acusó de ser la cara visible de un "golpismo activo" del Poder Judicial contra el Poder Ejecutivo.
"Forma parte de un golpismo activo. Los ejecutores son jueces que hostigan permanentemente a funcionarios del Gobierno", sostuvo el jefe de Ministros. Además habló de una "denuncia falsa" y de una "operación mediática de relevancia". Además leyó un extenso comunicado de la Inspección General de Justicia (IGJ), que también quedó en la mira de la Justicia en este expediente y en otros casos emblemáticos como el de la imprenta de documentos de seguridad ex Ciccone.
La denunciante que activó la investigación contra la empresa Hotesur, controlante de Altos de Calafate, uno de los hoteles en los cuales la Presidente tiene participación accionaria, es la diputada nacional Margarita Stolbizer. "Lo que yo presenté es el análisis de documentación pública. Empecé con la declaración de la Presidente y ahí informa que tiene una participación accionara de $9 millones en Hotesur y una deuda de $4 millones ante la misma empresa. Entonces ella es adeudora y acreedora de sí misma", puntualizó.
Esta circunstancia llevó a Stolbizer a investigar la conformación accionaria de Hotesur. Allí se encontró con una serie de irregularidades: la última conformación de directorio es de 2008 y durante todo este años no se cumplió con trámites básicos como la presentación de balances. Ese directorio presentado en 2008 estaba integrado por la hija de Alicia Kirchner, un abogado de Lázaro Báez y un socio de Máximo Kirchner.
El gobernador de Entre Ríos y precandidato a la Presidencia Sergio Urribarri también fustigó a Bonadio. Dijo que la causa debe leerse "como un apriete liso y llano" a la jefa de Estado. En una línea similar se expresó el presidente de la Cámara de Diputados y ex ministro de Cristina Kirchner, Julián Domínguez. Aseguró que la causa tiene la intención de "dañar la investidura" de la Presidente y bastardear a la opinión pública. El también postulante a la Casa Rosada cuestionó aspectos técnicos del proceso y señaló que los allanamientos como el ordenado por Bonadio proceden sólo "cuando hay ocultamiento o sustracción documental o ante la negativa de aportar al tribunal interviniente la documentación requerida".
La jefa del bloque K en Diputados Juliana Di Tullio, denunció supuestos vínculos entre el juez federal y el Frente Renovador que lidera Sergio Massa. Y Edgardo Depetri habló de "una operación infame y mentirosa para ensuciar la figura de Cristina Kirchner".
Sospecha de lavado
Detrás de las irregularidades detectadas en las declaración jurada de Cristina Kirchner, Stolbizer cree que podrían encubrirse maniobras de lavado de dinero. De hecho, la diputada nacional recordó que está comprobado que el empresario patagónico Lázaro Báez pagó por habitaciones que nunca utilizó en los hoteles de la jefa de Estado. "Todos sabemos que la actividad hotelera se utiliza para estas cosas", analizó.
Si bien la Presidente ya había sido denunciada varias veces por distintos delitos, la decisión de Bonadio de allanar la sede de Hotesur y requerir datos a la AFIP y a la IGJ convirtió este expediente en la primera complicación judicial seria para Cristina Kirchner.
La ex directora del Registro Nacional de Sociedades, Silvana Martínez, declaró el viernes ante la Justicia que el legajo de la firma presidencial registra inconsistencias y faltantes que le habrían permitido al organismo impulsar una acción judicial de cancelación registral por inactividad. Martínez precisó además que la IGJ no reaccionó como lo dispone la ley.
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