Imágenes de la televisión local mostraban a algunos manifestantes arrojando objetos en llamas y golpeando con palos los escudos de los policías, que se alineaban frente al Palacio Nacional, sede de la Secretaría de Hacienda y de actos oficiales del Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.
Posteriormente los policías se desplegaron para despejar la vasta plaza central de la ciudad, el Zócalo, de los manifestantes, mostraron medios locales. No hubo de inmediato reportes de lesionados.
Las protestas por los 43 estudiantes de magisterio en México, desaparecidos desde septiembre y que podrían haber sido masacrados por narcotraficantes en complicidad con autoridades locales, han escalado en las últimas semanas a medida que el caso se ha vuelto bandera de los mexicanos hartos de la violencia y la impunidad.
La manifestación en el Zócalo ocurrió al final de tres marchas que recorrieron la capital del país y se había desarrollado casi por completo en calma.
A principios de mes, otra protesta por el caso en el Zócalo culminó con un grupo de manifestantes golpeando y prendiendo fuego a las puertas del Palacio Nacional.
"Yo vengo porque no quiero que esto le vaya a pasar a mi hija", dijo Alma Hernández, una trabajadora de 30 años, quien llevaba a su hija de seis años en la manifestación.
Más temprano, un grupo de manifestantes encapuchados lanzó piedras, cohetes y cócteles molotov a policías cerca del aeropuerto de la ciudad, al que los protestantes presuntamente buscaban llegar, sin que se reportaran lesionados.
Mientras las movilizaciones se extienden a otros estados, incluso a otros países, los padres de los estudiantes han expresado su desconfianza por los resultados que les ha entregado la fiscalía federal.
El presidente ha denunciado que grupos que buscan desestabilizar a México y atentar contra su Gobierno podrían estar detrás de la violencia que se ha registrado en algunas protestas.
Pese a las promesas de Peña de combatir la violencia de los cárteles del narcotráfico, el Gobierno de Peña Nieto, quien asumió el poder a finales del 2012, ha presenciado la muerte de unas 30.000 personas, que se suman a las 70.000 que fallecieron por la violencia ligada al narcotráfico durante el mandato de su predecesor, Felipe Calderón.