El presidente de México, Enrique Peña Nieto, advirtió que "al amparo del sufrimiento de los padres de familia, al amparo de esta consternación social que hay por los hechos de dolor y de horror" se han producido manifestaciones "que a veces no está claro su objetivo".
"Pareciera que respondieran a un interés de generar desestabilización, de generar desorden social y, sobre todo, de atentar contra el proyecto de nación que hemos venido impulsando", declaró Peña Nieto en un acto público en el central Estado de México.
Destacó que su Gobierno ha sido "solidario con el dolor" que ha causado la desaparición de 43 estudiantes de una escuela para maestros el 26 de septiembre en el municipio de Iguala, estado sureño de Guerrero, a manos de policías locales y miembros del grupo criminal Guerreros Unidos, según la investigación oficial.
Asimismo, advirtió que su Gobierno "está firme en la construcción" del proyecto que quieren ejecutar "para el bienestar de todos los mexicanos".
"El Estado está legítimamente facultado para usar la fuerza cuando se ha agotado cualquier otro mecanismo"
Esta no es la primera vez que el presidente da señales de impaciencia con las manifestaciones violentas que se han multiplicado a raíz de la desaparición de los estudiantes.
A su llegada de una gira por China y Australia, el mandatario prometió la noche del sábado "agotar toda instancia de diálogo, acercamiento y apertura para evitar el uso de la fuerza para restablecer el orden".
La fuerza, dijo entonces, "es el último recurso, pero el Estado está legítimamente facultado para hacer uso del mismo cuando se ha agotado cualquier otro mecanismo".
En tanto, unos 500 maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG) tomaron este martes la sede el Tribunal Superior de Justicia del estado, reteniendo a los empleados durante unas cuatro horas en las instalaciones ubicadas en Chilpancingo, la capital estatal.
Exigieron la liberación de "presos políticos" y la revocatoria de las órdenes de arresto que, de acuerdo con la CETEG, existen contra sus integrantes por supuestas acciones violentas en el marco de las protestas por la desaparición de los estudiantes.
Miembros de la CETEG incendiaron la semana pasada el Congreso estatal y atacaron las oficinas del Partido Revolucionario Institucional (PRI, en el poder federal) en Chilpancingo.
En un incidente vinculado, un joven resultó herido el sábado por disparos hechos por un policía de Ciudad de México en el campus principal de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), durante un altercado con estudiantes que realizaban un mitin.
Derivado de esa situación, estudiantes bloquearon hasta este lunes los accesos a la rectoría de la UNAM con letreros con mensajes como "Ayotzinapa vive, fuera (José) Narro", en alusión al nombre de la escuela a la que pertenecen los estudiantes desaparecidos y al rector de la Universidad, respectivamente.
Un sector de los estudiantes se deslindó de los actos violentos que se han registrado durante las protestas por las desapariciones y pidió que los responsables dejen en claro sus motivaciones.
La desaparición de los jóvenes se ha convertido en la mayor crisis política y de imagen para Peña Nieto, en el poder desde diciembre de 2012, y en el principal reto del nuevo titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de México, Luis Raúl González Pérez.
En su primer mensaje público después de su designación por el Senado la semana pasada, González Pérez prometió dar seguimiento a la actuación de las instituciones de seguridad y justicia del Estado para "llegar, junto con ellas, o para reclamar de ellas, el esclarecimiento total y absoluto de esos ominosos hechos".
Afirmó que nadie "puede ser tolerante o indiferente ante este caso", ni resignarse o permanecer pasivo ante el mismo, e insistió en que es necesario llegar a la verdad y "que los criminales, todos, sean sancionados".
Asimismo, celebró que México haya suscrito un acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para recibir asistencia técnica y para dar seguimiento de las medidas cautelares decretadas por el organismo regional el 3 de octubre con relación a este caso.
La CIDH solicitó entonces al Estado mexicano, entre otras cosas, que "adopte las medidas necesarias para determinar la situación y el paradero de los 43 estudiantes desaparecidos".
Representantes de la CIDH y del Gobierno formalizaron el martes dicho acuerdo, cuyo objetivo es incorporar a un grupo interdisciplinario de expertos independientes que llevará a cabo acciones orientadas a la búsqueda de los desaparecidos, a la determinación de responsabilidades penales y a la atención a las víctimas.